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El próximo 24 de agosto podría finiquitarse la primera condena por el carrusel de la contratación, luego de que la Fiscalía firmara un preacuerdo de aceptación de cargos por parte del ex director técnico y jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Inocencio Meléndez.
Inicialmente, el procurador del caso sostuvo que, a su juicio, el ente acusador no había expuesto suficientemente bien la realidad que lo ha llevado a determinar que el indiciado es merecedor a una pena de siete años y medio de cárcel. Sin embargo, al final, conceptuó como viable el preacuerdo.
Según el preacuerdo presentado por el fiscal Ricardo González, Meléndez sería sentenciado como responsable penal de los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos , prevaricato por omisión y prevaricato por acción.
De la misma manera, podría recibir el perdón penal por el cargo de concusión, es decir, lo que en el argot judicial se conoce como el principio de oportunidad, que equivale a la culminación de la actuación penal a cambio de información procedente para esclarecer la investigación.
En pocas palabras, en cuanto atañe a la acusación por este último delito, el ex director técnico y jurídico del IDU dejaría de ser indiciado, para convertirse en testigo estrella.
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