Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
LOS AUTORES DE LA CONSTITUCIÓN de 1991 consideraron necesario reducir las enormes desigualdades en los niveles de desarrollo económico que se observan entre los departamentos colombianos. Para ello aprobaron una significativa descentralización fiscal, a través de los artículos 356 y 357 de la Constitución. Por medio de dichos artículos se les transfería a los departamentos y municipios un porcentaje creciente de los recaudos corrientes del gobierno central.
La misma Constitución de 1991, por lo menos en el caso de las transferencias a los municipios, estableció que éstas se debían asignar en proporción a las necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué sucedió después de 1991 con esas desigualdades? Actualmente estamos en los mismos niveles de desigualdad que había en 1991 (convergencia sigma). Es decir, cero avances en este campo.
En un artículo reciente de Andrés Rodríguez-Pose y Roberto Ezcurra (22 de septiembre de 2010) se analizó la relación entre descentralización y desigualdades regionales, para una muestra de 26 países, 19 desarrollados y 7 en vías de desarrollo. Esos autores encontraron que la descentralización fiscal no tiene ninguna relación con las disparidades regionales en el caso de los países desarrollados. Sin embargo, para los países en vías de desarrollo la descentralización ha contribuido a aumentar esas disparidades. Rodríguez-Pose y Ezcurra argumentan que la razón por la cual sucede ese aumento en las desigualdades regionales en los países en desarrollo es que éstos tienden a tener unos mayores niveles iniciales de disparidad interregional, lo cual se refleja en una menor capacidad administrativa y de gestión de las regiones más atrasadas. Asimismo, las zonas rezagadas tienden a tener menor influencia en el gobierno central y por lo tanto en las inversiones públicas adelantadas con recursos del gobierno central.
Una de las manifestaciones de la menor capacidad administrativa es la mayor corrupción que suele observarse en las regiones con menos ingreso per cápita. Tanto a nivel internacional como entre las regiones de Colombia, muchas veces se encuentra una asociación negativa entre ingreso per cápita y corrupción. Si nos basamos en la teoría del crecimiento económico más influyente en este momento, la de Acemoglu y sus asociados que señala que en el largo plazo es la fortaleza institucional la variable que determina el desarrollo, la causalidad va del ingreso per cápita a la corrupción.
Lo anterior no debe tomarse como un defensa de la recentralización, sino como un llamado a que en los procesos de descentralización se tenga en cuenta la heterogeneidad en las capacidades administrativas de los diferentes municipios y departamentos. Pero sobre todo, quisiera resaltar la importancia de que las reglas de descentralización deben ser sencillas y claras. La falta de esto último, además de que es un esquema poco práctico, es uno de los problemas principales de la propuesta para la creación de un nuevo nivel en la arquitectura territorial del país, que impulsan algunos dirigentes de la periferia colombiana: las regiones como entes territoriales. Ese nuevo nivel, con sus elecciones de gobernadores regionales, asambleas regionales, capital regional, burocracia regional, sería un paso en una dirección contraria a la que queremos ir. Además, está en contravía de la evidencia internacional que documentan estudios como el de Andrés Rodríguez-Pose y Roberto Ezcurra que hemos comentado.