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Desde la presentación del escrito de acusación la justicia tenía 90 días para comenzar el juicio. Hasta el viernes, Liliana Pardo llevaba 105 días con medida de aseguramiento y la audiencia de juzgamiento no había comenzado. Por esto le concedieron la libertad condicional, aunque seguirá vinculada al proceso.
Ricardo González, fiscal delegado ante la Corte Suprema, apeló la decisión y aseguró que había causas razonables para no conceder la libertad, debido a que la complejidad del caso justificaba la demora.
La jueza reconoció la complejidad del caso y su trascendencia para el país, pero aclaró: “No podemos echar al traste los valores propios de nuestro Estado, entre ellos la protección a los derechos fundamentales”.
La decisión a favor de Pardo contrasta con el caso del excontralor Miguel Ángel Moralesrussi, quien el pasado viernes también solicitó su libertad con los mismos argumentos, pero se la negaron. Por esta razón, tras conocer la decisión a favor de su compañera en el banquillo de los acusados, su abogado, Iván Cancino, pidió una nueva audiencia para que la justicia reconsiderara el caso de su defendido. “Sería justo que le concedieran la libertad a Moralesrussi como se la dieron a Pardo”, puntualizó.
La audiencia preparatoria contra Moralesrussi y Pardo continuará el próximo 12 de agosto, ahora, al menos con la exdirectora del IDU en libertad.
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