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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU abrió una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel durante la actual ofensiva militar Margen Protector en la Franja de Gaza, que incluya la creación de un mecanismo para investigar los ataques israelíes contra población civil y la posible violación del derecho de guerra y humanitario.
El anuncio se hizo después de que la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. diera un discurso sobre las posibles violaciones a la ley internacional tanto por parte de Hamás como por Israel, que han causado daños considerables a la población civil en el territorio enemigo. La Alta Comisionada señaló que los principios de distinción y proporcionalidad que dicta la ley internacional no son tenidos en cuenta por ninguno de los dos bandos. En el caso de Israel el impacto de sus ataques es mucho más evidente. De los más de 600 palestinos que han muerto, al menos el 75% son civiles. Entre ellos, 147 son niños. En Israel los muertos son aproximadamente 30, la mayoría militares.
Si bien es “inaceptable” que Hamás ubique su material bélico en áreas civiles, resulta igualmente inaceptable que Israel, conociendo la situación, realice ataques desproporcionados. “La ley internacional es clara: las acciones de un bando no absuelven a su contraparte de la necesidad de respetar sus obligaciones bajo la ley internacional”, dijo la Alta Comisionada. Y agregó: “Las casas de civiles no son blancos legítimos a menos de que estén siendo utilizados para, o contribuyan a alcanzar objetivos militares en el momento en cuestión. En caso de duda, se presume que las casas de civiles no son blancos legítimos. Incluso cuando un hogar se identifica como siendo utilizado para fines militares, cualquier ataque debe ser proporcional, ofrecer una ventaja militar definida en las circunstancias imperantes en el momento, y se deben tomar precauciones”.
Uno de los argumentos israelíes para alegar que sus ataques son legítimos consiste en que antes de realizar los bombardeos en Gaza avisa enviando panfletos, mensajes de texto o incluso arrojando “munición leve” a la población gazatí, para que evacue las áreas que serán atacadas. Frente a esto, Pillay señaló que aún cuando los civiles sean advertidos sobre un bombardeo, esto no exime a Israel de sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario. “Cualquier advertencia debe acogerse a los requerimientos de la ley internacional, incluyendo que sea clara, creíble, y otorgue el suficiente tiempo para que la gente reaccione”.
Además, Pillay utilizó en su discurso un término que es problemático y está en el núcleo del conflicto: la ocupación. Dijo que los enfrentamientos llegan cuando Gaza aún se está recuperando de las repetidas hostilidades con Israel (la última fue en noviembre de 2012, que dejó 177 palestinos y seis israelíes muertos), y que los efectos paralizantes del bloqueo israelí impuesto a Gaza desde 2007 por tierra, mar y aire, así como otras medidas relacionadas con “la ocupación israelí de Gaza, suprimen la capacidad de la gente para seguir con su vida cotidiana y les impiden la reconstrucción de sus vidas y sus comunidades después de las operaciones militares repetidas. Reitero mi llamado a que este bloqueo sea levantado de una vez por todas”.
Según el gobierno Israelí no hay ocupación en Gaza, porque en 2005 se retiraron de allí los asentamientos, bases militares y 9.000 colonos que hacían presencia en la Franja desde la Guerra de los Seis días de 1967. No obstante, Naciones Unidas y un sinnúmero de organizaciones siguen considerando que en Gaza hay ocupación. Y aún cuando la Franja estuviera ‘desocupada’, esta sigue siendo parte de Palestina: tanto Gaza como Cisjordania constituyen suelo del estado palestino, reconocido por una mayoría de los 193 países de la ONU.
En Cisjordania también hay ocupación según la ONU. Aunque la situación en ese lugar ha quedado en segundo plano con la violencia en Gaza, en Cisjordania se ha acelerado la construcción de asentamientos ilegales israelíes, que han sido condenados por múltiples resoluciones de Naciones Unidas, así como por una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El discurso de Pillay sugiere que Israel podría estar violando sus obligaciones como poder ocupante, por las cuales, en general, debería procurar por el bienestar de la población civil en el territorio ocupado.
“Israel tiene obligaciones como potencia ocupante. Para los palestinos en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, la realidad actual no es sólo una de conflictos repetidos pero también una de ocupación prolongada, con inseguridad y con una lucha diaria y constante por los derechos humanos, en particular el derecho a la libre determinación . En Gaza, las áreas restringidas del bloqueo y de acceso siguen socavando los derechos humanos de la población. En Cisjordania, la constante expansión de asentamientos israelíes ilegales; la violencia de los colonos; las demoliciones de hogares palestinos; el muro y su régimen asociado; el uso excesivo de la fuerza; y las detenciones a gran escala de los palestinos son algunos de los abusos, de rutina en curso y violaciones de derechos humanos cometidas contra la población ocupada”, dijo Pillay.
Para el gobierno israelí, según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, la apertura de esta investigación por parte de la ONU es una “farsa, que debe ser rechazada por toda la gente decente». «En lugar de investigar a Hamás, que lleva a cabo un doble crimen de guerra por disparar cohetes contra civiles israelíes mientras se escuda en civiles palestinos, el Consejo insta a una investigación de Israel», dice la nota oficial. Y alega que el Ejército israelí «ha adoptado medidas sin precedentes para no causar ningún daño a los civiles, entre ellas las de lanzar panfletos (de advertencia), hacer llamadas telefónicas (a la población para advertirles), y enviarles SMS».
* @DanielSalgar1