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La Corte Suprema de Justicia volvió a salir en defensa de la decisión a través de la cual declaró ilícitas para el orden jurídico nacional las pruebas recopiladas a través del computador recuperado en el campamento donde cayó el número 2 de las Farc Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’.
El presidente de la Sala Penal, Javier Zapata, indicó que el derecho internacional rescata la fuerza de los tratados bilaterales como el existente entre Colombia y Ecuador en materia judicial, que supeditaba la validez de la actuación jurídica de las autoridades nacionales a la participación de las autoridades del vecino país.
Ratificó que los procedimientos inscritos en ese tipo de acuerdos regían también para la actuación que adelantaban organismos de policía judicial en esta escena, toda vez que su autonomía se limita a las operaciones donde tiene jurisdicción, es decir en el territorio del Estado colombiano, única y exclusivamente.
La existencia del tratado de cooperación judicial existente entre ambos países, no obstante, les habría permitido actuar y recaudar pruebas legítimamente, siempre y cuando el país vecino hubiese sido alertado sobre el particular y hubiera tenido parte también en el operativo.
El alto jurista aclaró que no podría afirmarse, por ejemplo, que autoridades de otros países no puedan hacer uso de ese material e incorporarlo a procesos judiciales que cursen en sus respectivos territorios, pues cada Estado tiene su propia legislación penal y, de manera autónoma, podrían concluir que sí son válidos los elementos que se encuentran en el computador.
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