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“Es importante conocer que en Colombia habitan 115 pueblos indígenas titulares de 842 resguardos. Estamos hablando de una extensión de 48 millones de hectáreas, es decir, el 30% del territorio nacional”, esa explicación la entregó la magistrada de la JEP, Belkis Izquierdo en diálogo con este diario para poner sobre la mesa un balance de lo que es la población étnica en el país.
Según el macrocaso número 9 denominado “victimización contra pueblos y territorios indígenas que abrió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este martes hay alrededor de 1.350.000 indígenas que fueron víctimas del conflicto armado. En esta nueva línea de investigación la justicia transicional indagará hechos cometidos por miembros de las extintas Farc, exintegrantes de las fuerza pública y terceros civiles. En diálogo con El Espectador, la magistrada Belkis, relatora del macrocaso contó la forma en la que abordarán los expedientes.
¿Cómo llegaron a las cifras de las afectaciones a la población étnica?
La Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido 976 informes de organizaciones de víctimas, de derechos humanos, de indígenas e instituciones del Estado, y descubrimos que, aproximadamente, 435 tiene un componente étnico. Es decir, que involucran hechos o crímenes que se cometieron contra estos pueblos.
Se hizo un análisis de casi 200 informes que arrojó cifras preliminares. Hay informes de la Fiscalía, del Centro de Memoria Histórica, entre otras entidades, y esos informes nos permite identificar que entre 1964 y 2016 hubo desplazamientos forzados, desaparición forzada, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado y violencia sexual, entre otros.
¿Cuáles son los patrones que encontró en los informes?
Es importante partir que las hipótesis de patrones para el caso 09 parte de los informes que nos entregan las mismas víctimas. Dentro de sus relatos están los asesinatos de líderes y lideresas, desplazamiento forzado del territorio ancestral y colectivo, la destrucción de sitios sagrados, la destrucción de ecosistemas. Igualmente, describen de manera detallada los daños graves diferenciados y desproporcionados que han sufrido las autoridades en el marco del proceso organizativo y de su autonomía. Muchos de ellos no fueron denunciados en su momento. Ahora, la justicia transicional tiene el deber histórico y ético de investigarlo.
¿Recuerda algún caso en particular?
Hay uno del informe Wiwa. Señalaba cómo los actores armados ilegales irrumpieron en el sistema de conocimiento ancestral. Hacían retenes ilegales donde no permitían la movilidad ni dejaban el libre acceso de las comunidades a distintos sitios sagrados a realizar su ritualidad y buscar el alimento. También podríamos encontrar en otro informe la narración de un ataque de las Farc en Vigía del Fuerte en Bojayá con cilindros bomba. Todos estos informes traen de manera detallada estos relatos.
¿El macrocaso 09 tendrá énfasis de justicia restaurativa?
Una de las ordenes que incluimos en el auto decreta el dialogo intercultural y la coordinación entre la justicia y los pueblos étnicos. Esto indica, por un lado, el reconocimiento de justicia de los pueblos étnicos. La importancia de hacer un dialogo restaurador y significador.
Por eso, estamos comprometidos y estamos convencidos que el proceso judicial debe ser restaurador en cada escenario, con la gran fortuna que la JEP tiene herramientas normativas que permiten generar esos escenarios de construcción dialógica de la verdad donde participan de manera efectiva las víctimas, pero también las autoridades étnicas.
¿Cómo se llevará a cabo ese diálogo?
En el marco del pluralismo jurídico va a ser necesario hacer un dialogo no solo intercultural sino un dialogo interlegal que permita conocer a profundidad cómo los sistemas de justicias propios tienen una valoración frente a la macro criminalidad que se ha tenido en sus territorios y contra los integrantes de los pueblos étnicos. Todo esto es restaurar, sanar y aplicar un enfoque étnico-racial y de género.
Una participación de las víctimas recogiendo sus propuestas, sus necesidades, sus planes de vida pueden ayudar a transformar y aportar a la reconciliación, pero a algo muy importante, a la paz territorial, y a lo que plantea el nuevo Gobierno como una paz total.
¿Cómo consideran ustedes en la JEP que se rompió el vínculo de la ancestralidad y el territorio?
Cuando se habla de medio ambiente desde afuera de pronto es más comprensible para algunos, pero cuando nosotros lo planteamos desde el territorio, allí está la naturaleza, los ríos, las montañas, los páramos, los frailejones, las plantas sagradas de conocimiento que nos ayudan a mantenernos en armonización con la vida, no solo de unos sino de todos.
Entonces, cuando nosotros planteamos la importancia que tiene el territorio con los pueblos étnicos, lo que queremos expresar es que el territorio es fuente de vida, de existencia y de identidad, y que la naturaleza tiene varios enfoques, y nos parece que reducen el territorio, el ambiente y la naturaleza a un mínimo de un recurso al servicio, y no a un bien colectivo, no un bien para la vida de la humanidad. Es comprender esa relación como un sujeto vivo, como una entidad sagrada, dotada de muchas relaciones espirituales, es decir, el pueblo sin el territorio no es pueblo y el territorio sin el pueblo tampoco es territorio.
Cada pueblo tiene su cosmovisión. Esa relación fue fracturada y destruida en el marco de conflicto armado. Es necesario investigarla para efectos de poder comprender por qué los pueblos étnicos están planteando que hay un exterminio físico, cultural y espiritual. Eso no solo lo dicen los pueblos étnicos, sino también los raizales, afros y palenqueros, con la diferencia que todos ellos han sido recogidos por la Corte Constitucional.
¿De qué forma los victimarios pueden reparar a las víctimas en el macrocaso 09?
De acuerdo con el modelo de justicia transicional es importante entender que la reparación inicia por esclarecer la verdad de lo que pasó en los territorios para que las víctimas puedan tener tranquilidad. Cuando se ubican dónde están las fosas comunes, cuando se ubica dónde están los desaparecidos, cuando se relata cuáles fueron las motivaciones y en conciencia reconocen que se cometió un crimen y reconocen que no debió pasar, cuando se limpia el nombre de las víctimas, cuando se limpia el nombre de los pueblos y las familias quedan seres trabajadores y familias dignas. Todo eso ayuda a la sanación.
La JEP ha preparado un complejo restaurativo donde hay varias líneas donde los máximos responsables estarán haciendo procesos de reparación eso se dará de manera articulada con el Estado.
¿Qué decir del pueblo gitano? ¿Cómo fueron afectados?
Ellos mantienen idiomas propios, espiritualidad. Ellos tuvieron un impacto muy fuerte. Ellos de manera especifica no presentaron un informe, sin embargo, en los 435 informes esperamos encontrar información de este pueblo y con base en ello iniciaremos los diálogos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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