Juez envía a la cárcel a esposa del gobernador de Vaupés por delitos electorales

De acuerdo con las investigaciones del caso, Luisa Amelia Barreto presionó a varios contratistas de la gobernación para votar por el representante a la cámara, Jair Arango en los comicios del año pasado.

Luisa Amelia Barreto fue imputada por el delito de constreñimiento al sufragante. Barreto se declaró inocente.  / Archivo.
Luisa Amelia Barreto fue imputada por el delito de constreñimiento al sufragante. Barreto se declaró inocente. / Archivo.

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El Juzgado 21 Penal con función de garantías envió a la cárcel a Luisa Amelia Barreto Castañeda, esposa del actual gobernador de Vaupés, Jesús María Vásquez Caicedo, por supuestamente presionar a varios contratistas de la gobernación a través de amenazas de no renovación de los contratos laborales si no votaban por el candidato a la Cámara de Representantes, Jair Arango, quien se lanzó para las elecciones del 11 de marzo de 2018.

(En contexto: Capturan Luisa Amelia Barrieto esposa del gobernador de Vaupés)

Barreto fue capturada el pasado 2 de enero en el Aeropuerto Internacional El Dorado cuando pretendía salir del país con destino a México. Tras su captura fue puesta a disposición de la Fiscalía y judicializada por el delito de constreñimiento al sufragante. Sin embargo, la mujer se declaró inocente. Actualmente, la mujer se desempeña como primera dama en el Vaupés y ejerce como Gestora Social en la administración departamental.

El año pasado, el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló de investigaciones de presunta corrupción electoral en cinco departamentos, que involucraban a varios congresistas, alcaldes, diputados y funcionarios públicos. El descubrimiento se hizo a pocas semanas de las elecciones presidenciales que daban cuenta de redes de compra de votos y otras formas de delitos electorales como el constreñimiento al sufragante.

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Uno de los casos más conocidos fue el de la exsenadora Aída Merlano, quien al parecer pertenecería a una organización conocida como “Casa Blanca”, dedicada a la compra de votos en el departamento de Atlántico por un valor de $40.000. Su proceso se encuentra en investigación por la Corte Suprema de Justicia y la excongresista está privada de su libertad.

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