Nuevo rumbo en la política antidrogas

Una de las prioridades del gobierno del presidente Juan Manuel Santos es el redireccionamiento y fortalecimiento de la política de lucha contra las drogas. Así se hizo evidente en su intervención en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, realizada en Guatemala, donde planteó la necesidad de que los países afectados por el tráfico de estupefacientes trabajen de forma conjunta, en el combate a los carteles de la droga que se han convertido en organizaciones de delincuencia transnacional.

En el ámbito nacional también se está creando una nueva estrategia interna que además de la lucha contra los grupos ilegales y la erradicación del cultivo, hará especial énfasis en la prevención  del consumo. En ese sentido, una de las medidas que ya tomó el mandatario es la eliminación de la polémica Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad sobre la que recaen serios señalamientos de corrupción durante las administraciones de Carlos Albornoz y Ómar Figueroa.

Bajo el amparo de ley que le otorgó facultades extraordinarias al Presidente para reformar la estructura del Gobierno, se harán las modificaciones que son necesarias para la implementación de la nueva política contra las drogas. Según anunció el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, “el 5 de julio se presentarán los decretos para que la DNE entre en liquidación. Las funciones que hoy cumple van a ser asumidas por el nuevo Ministerio de Justicia, en cabeza de un viceministro y de una infraestructura que haga parte de la misma cartera, que no sea una rueda suelta”.

Esta nueva entidad será la encargada de la monetización de los bienes incautados a los miembros de carteles de la droga con lo cual, señaló el ministro, “nos eliminaríamos todo lo que concierne a la administración de estos bienes y, por supuesto, en el momento que un fallo judicial le resultare adverso al Gobierno, simplemente se reintegraría el valor monetario”.

Además, dentro del nuevo marco normativo, el gobierno presentará ante el Congreso de la República un nuevo Estatuto de Estupefacientes que reemplazará la Ley 30 de 1986 y que reunirá en un solo cuerpo normativo toda la legislación en la materia. La iniciativa se ocupará de aspectos como la producción, tráfico y consumo de drogas sintéticas.

Además, explicó Vargas Lleras, “dota a los operadores jurídicos de herramientas legales eficaces para enfrentar, en el ámbito de su competencia, el problema de las drogas. En este orden de ideas, modifica ciertos artículos del Código Penal a fin de facilitar el trabajo de jueces y fiscales. Consagra, además, las líneas generales y derroteros para combatir cada uno de los eslabones de la cadena. Se trata de un documento construido de manera concertada con 40 instituciones, que incorpora cinco ejes estratégicos: reducción de la oferta, reducción de la demanda, combate a la infraestructura económica del narcotráfico, gestión internacional y fortalecimiento institucional”.

Pese a este giro en el manejo de la política contra las drogas, el gobierno mantendrá la erradicación de los cultivos, hecho por el cual fue reconocido hoy, por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, según Aldo-Lale, representante de la entidad, quien afirmó que “por tercer año consecutivo en Colombia se presenta una significativa reducción en el cultivo de coca y en la producción de cocaína”. Y resaltó la reducción en un 15% del área afectada por cultivos ilícitos en el territorio nacional, en relación con el 2009. Desde el 2000, la tendencia se ha mantenido a la baja, alcanzando el año pasado 62.000 hectáreas afectadas.

“Este balance positivo que hoy entrega Naciones Unidas es el resultado de la acción integral del Estado colombiano en la lucha contra las drogas, que comprende la más completa infraestructura para la reducción de cultivos ilícitos y hogares  asociados a esta actividad, el incremento del control territorial y los niveles de seguridad, el fortalecimiento de la interdicción y la generación de condiciones socioeconómicas favorables para la transición de economías ilícitas a lícitas”, manifestó el ministro Vargas Lleras.