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Ante la polémica desatada contra el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, por las conversaciones en las que el funcionario público habla con miembros de DMG para la entrega de 200 millones de pesos; el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, decidió abrir la investigación para comprobar sus nexos con esta comercializadora.
En las investigaciones que se adelantan se dio a conocer una grabación en la que habla él con dos funcionarios de alto rango de DMG. La llamada fue realizada el 16 de enero de 2008. En la comunicación, el miembro de DMG, con el que sostuvo la conversación Birry, rectifica el sitio a donde tiene que enviar los 200 millones de pesos. La dirección corresponde a la residencia del Personero.
En las indagaciones que se hacen de este tema se comprueba que Rojas Birry tenía, para esa fecha, algunas deudas que pagar como una multa para que no le fuera embargada su casa y unos impuestos que debía cancelar al Distrito.
Así mismo, se evidencia que esas deudas fueron canceladas días después de la comunicación que sostuvo con funcionarios de la comercializadora.
Desde hace varios días, el concejal Carlos Vicente de Roux y el senador Gustavo Petro han pedido la renuncia temporal del Personero.
Tanto el cabildante como el Senador plantean que Birry debe retirarse del cargo mientras se investiga si tuvo vínculos con la firma captadora de dinero de David Murcia Guzmán. Además, sostienen que resulta ilógico que quien debe proteger los intereses de los ciudadanos esté investigado por situaciones que afectan precisamente a los ciudadanos.
El Personero de Bogotá confirmó haber conocido a David Murcia Guzmán en un encuentro de Alcaldes y Gobernadores electos de 2006, convocado por la Presidencia de la República y la Federación Colombiana de Municipios, "como un empresario que gozaba de prestigio y reconocimiento nacional, y mantenía nexos con la clase política, económica y empresarial del país".
Birry dijo que para la época de las grabaciones reveladas por los medios de comunicación, no ostentaba ningún estatus diferente al de ciudadano en ejercicio de su profesión de abogado.
"Desconozco las razones por las cuales las personas, que hablan en las interceptaciones difundidas por los medios, señalan la dirección de mi residencia, en donde actualmente habito, como es de público conocimiento", explicó.
"Mi compromiso con la pasada campaña a la Alcaldía de Bogotá se limitó a ser el responsable del área social, sindical y comunal. Asistí a innumerables reuniones políticas en los barrios de la ciudad, pero nunca estuve relacionado con el trámite o la recepción de recursos económicos para la campaña Samuel Alcalde", agregó.
Así mismo, señaló que desde el pasado 3 de marzo le ha solicitado al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, y al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, la intervención para que se esclarezcan estos hechos en donde se le involucra.