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El próximo miércoles termina, oficialmente, el periodo de Margarita Cabello Blanco como procuradora general de la Nación. Fueron cuatro años en los que la jurista, quien venía de liderar el Ministerio de Justicia del gobierno Duque, planeó, concretó y defendió la más reciente reforma a la Procuraduría y al código disciplinario con el que funciona (2021). Un periodo de liderazgo en el que Cabello también chocó con el presidente Gustavo Petro, quien a su favor tiene una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, se suponía, le prohibía a la Procuraduría sancionar a funcionarios de elección popular como alcaldes o gobernadores. Cabello reformó la entidad para poder hacerlo y contó con el respaldo del Congreso y de la Corte Constitucional, con lo cual puede irse tranquila de haber defendido el poder más fuerte de la entidad.
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“Defendió, dentro de la democracia, su función de sancionar funcionarios de elección popular”. Esa es una de las frases con las que el abogado Iván Cancino califica la administración Cabello. En el informe de gestión más reciente disponible en su página web, solo entre junio de 2023 y junio de 2024 la entidad emitió 185 sanciones a ese tipo de funcionarios, contando 36 destituciones y 106 suspensiones. Para Cancino, “la gente ha confundido que la Convención Americana (que reglamenta a la Corte IDH) está por encima del ordenamiento colombiano y eso no es así. Entra, a veces, a suplirlo. Lo que dijo la Corte Constitucional, que la Procuraduría puede sancionar y que se revise por parte del Consejo de Estado, es perfectamente válido y esa fue la defensa que hizo Margarita Cabello. El caso de Petro es uno y es esporádico”, concluyó.
A su turno, el abogado Alfredo Quesada, especialista en Derecho Disciplinario, aseguró que Cabello cursó una de las mejores gestiones al frente de la Procuraduría y que, prueba de ello, es haber defendido los dientes de la entidad. “El país conoce la trayectoria de la doctora Cabello en la Rama Judicial y esa experiencia fue clave en la dirección de un barco que logró mantener a flote cuando incluso, se llegó hablar de la supresión de este órgano de control”. Para Quesada, Cabello, con su reforma, no desconoció la sentencia de Petro, originada en su destitución como alcalde de Bogotá en la época de Alejandro Ordóñez. En realidad, en su concepto, “armonizó” las normas convencionales del sistema interamericano de derechos humanos con las reglas del derecho disciplinario interno.
No obstante, el abogado Francisco Bernate considera que, justamente, una de las deudas que Cabello le deja al nuevo procurador, Gregorio Eljach, es la necesidad de que la Procuraduría sea respetuosa con la normativa internacional y se abstenga de sancionar a funcionarios públicos. El pasado 3 de diciembre, el Consejo de Estado tomó posición unificada en avalar el poder del órgano de control y se comprometió a revisar, en última instancia, casos como los de Gustavo Petro. Bernate, asimismo, hace un balance positivo sobre la gestión de Cabello. “La Procuraduría mantuvo su labor de manera independiente y, de hecho, se fortaleció. Se fortaleció la planta de personal, se designaron muy buenos funcionarios y la carrera dentro de la entidad mejoró”, dijo.
El balance es igual de positivo para Cancino, quien vio una Procuraduría “sin protagonismos innecesarios, hablando con decisiones y sorteando críticas infundadas con decisiones importantes en los temas disciplinarios”. La entidad sentenció a dos ministros de Estado. Mientras Karen Abudinen (Tecnologías y de la Información) fue declarada no responsable por el escándalo de los centros digitales, Álvaro Leyva (Relaciones Exteriores) quedó inhabilitado por 10 años por el lío de pasaportes. Quesada adhiere a Cancino. “Cabello impulsó una interesante política en la que dio la oportunidad en muchas procuradurías provinciales y regionales para que estas fueran dirigidas por profesionales de carrera administrativa de la entidad, en encargo de funciones, y con lo cual logró desligar el manto político que siempre ha recaído sobre la entidad”.
Entre las voces más críticas está la de William Millán, presidente del sindicato de trabajadores de la entidad y secretario de la Confederación General del Trabajo. En entrevista para RTVC señaló que Cabello “es la peor procuradora general que me ha tocado padecer en más de 40 años al servicio de la entidad. Se destacó por utilizar el cargo en función de perseguir a los contrarios políticos y no para erradicar la corrupción”. Otro de los contradictores es el exalcalde de Cartagena, William Dau, quien ante el Consejo de Estado solicitó no ser juzgado por Cabello, ante una supuesta persecución y enemistad grave. En su contra, en estos cuatro años, se profirieron 134 decisiones desfavorables, entre ellas 48 indagaciones, 46 investigaciones, 13 llamados a juicio, seis fallos de primera instancia y dos fallos de segunda instancia.
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La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, consideró como una “vergüenza” que, además, se haya cancelado un total de seis veces el debate de control político contra Cabello en el Congreso. Según la investigación que iba a enseñar la política, habría prueba documental que soporta sobrecostos por un 102% en la compra de una sede para la entidad en Barranquilla, en la que, aparte, habrían quedado sin ubicar 32 funcionarios. Por otro lado, en agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar a Cabello por una queja infundamentada sobre supuesta politización de la entidad. Así las cosas, sin pendientes encima, la primera mujer en liderar la Procuraduría General se despide, protegiendo las capacidades de más valor de su entidad y laureada por gestión administrativa, pero, a la vez, criticada por cercanos al gobierno de turno por supuesta politización.
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