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La nueva ley de víctimas y restitución de tierras será «muy difícil» de implementar, en parte por el reto que supone garantizar la seguridad de los indemnizados. «Su puesta en marcha va a ser muy difícil», reconoció este jueves la canciller colombiana, María Ángela Holguín, de visita en Bruselas y seis días después de que el presidente Juan Manuel Santos promulgara la ley para indemnizar a las víctimas del conflicto armado. En términos de seguridad es un «reto muy grande», dijo la canciller, precisando que el Ministerio de Defensa prevé proteger a los desplazados que vuelvan a sus tierras acompañándolos durante «un tiempo considerable para que no se queden solos». Holguín explicó además que los desplazados deberán poder contar con «herramientas» para cultivar sus tierras y obtener «beneficios económicos», lo que, – afirmó-, también supone un desafío para el gobierno. Pese a ello, la ley es «un gran paso» para las víctimas del conflicto armado, que «no tenían nada» antes. La ministra destacó también en un comunicado posterior que la ley «es un gran avance» para las víctimas del conflicto armado. «Antes no tenían nada y ahora cuentan con herramientas que las ayudarán a obtener beneficios económicos y contempla el acompañamiento del ministerio de Defensa en el proceso de retorno de quienes fueron desplazados». «El gobierno colombiano tiene toda la voluntad y confianza en que esta ley saldrá adelante», puntualizó la canciller.