Hay que pagar por ellas

En la lista de nuevos gastos no se incluyen todavía los costos de las autopistas, túneles, trenes, viaductos y tantas obras que el país tendrá de emprender después de que avance el exitoso programa de concesiones, denominado 4G, en el que está embarcado el Gobierno. Luego vendrá el 5G, cuyo contenido ya se está bosquejando, y que tendrá un mayor alcance y ambición. Y, además, se tendrán que impulsar grandes inversiones en las ciudades, que hoy están colapsando por la falta de vías, los trancones y el deterioro de las redes (entre tantas cosas, hay que desembotellar las ciudades; entrar o salir de Bogotá, por ejemplo, puede tomar bastante más tiempo que el que se ahorra por la doble calzada a Girardot).

Fedesarrollo, a instancias del Gobierno y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, realizó un estudio preliminar del Plan Maestro de Infraestructura del país, integrado por las principales obras que se deben construir en los próximos 20 años (o sea, el mismo 5G). Los costos de dicho plan superan los $200 billones, una suma equivalente al 25% del PIB. Se estima, además, que el monto mínimo para poner en marcha el nuevo programa de obras alcanzaría más de $10 billones anuales, una suma que hoy no hace parte de las proyecciones fiscales.

Con esta preocupación en mente, el Gobierno contrató a la firma Económica Consultores, a cargo del experto Pablo Roda, para que revisara algunos de los pagos que hacen los colombianos por el uso de las vías: los impuestos a la gasolina, al rodamiento y el tributo a la adquisición de carros nuevos. Roda encontró que en Colombia se cobra por estos conceptos bastante menos que en otros países que ya cuentan con una red de transporte más moderna y completa. Concluye, por lo tanto, que se podrían elevar estos cobros en forma razonable, y así se podría recaudar una suma cercana a los $4 billones anuales, correspondiente al 0,5% del PIB. Aunque insuficientes, estos recursos pueden contribuir a cubrir una parte importante del costo de las nuevas obras en los próximos años.

Los colombianos debemos aceptar que si queremos una infraestructura moderna, tenemos que pagar por ella como sucede en otros países. Y que buena parte de los pagos debe provenir de los vehículos que utilizan, desgastan y congestionan las vías (y también contaminan el aire).

En materia del pago por el uso de las vías, se deben hacer a un lado la demagogia y el populismo. Quienes participan en estas discusiones deben entender, por ejemplo, que no tiene sentido pedir, simultáneamente, que se baje el precio de la gasolina y que se construyan mejores y más modernas carreteras (los camioneros, además, exigen fletes más altos).

Si no se encuentran recursos para financiar las nuevas obras, el país sufrirá la frustración de ver que caen las inversiones y que no se rompe el cuello de botella de su gran atraso en materia de infraestructura.