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Una aguda controversia se abrió este miércoles al interior del Gobierno Nacional por cuenta de los indultos para los miembros de grupos armados ilegales.
Aunque el vicepresidente Angelino Garzón dijo que el Ejecutivo está estudiando un decreto dirigida a encontrar mecanismos de reintegración o indulto para las personas de los grupos armados ilegales, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que ese decreto de indultos “está vigente desde diciembre”.
“No existe ningún decreto porque no se van a indultar personas que provienen de organizaciones criminales amparadas en sedición”, aseguró.
“La política del actual gobierno ha sido indultar aquellas personas que fueron condenadas por delitos políticos siempre y cuando no hayan incurrido en delitos de lesa humanidad o delitos atroces”, explicó.
Según él, en virtud de ese decreto se ha negado indultos a 295 personas que lo solicitaban porque simultáneamente con los delitos estrictamente políticos como rebelión, sedición o asonada, también estaban condenados por delitos atroces.
Por eso, lo que sì ha hecho el Gobierno es conceder indultos «a aquellas personas que exclusivamente estaban purgando penas por delitos comunes”.
Frente al limbo jurídico de 19 mil paramilitares rasos desmovilizados, Vargas señaló que “no son delincuentes políticos porque la Corte señaló que la sedición no les cabe y no se va a contrariar a la Corte Suprema de Justicia”.
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