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La plenaria del Senado de la República aprueba en estos momentos el proyecto de ley que establece un marco jurídico para adelantar actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país. Con la promesa de que “sólo podrán ser objeto de actividades de inteligencia los delincuentes o quienes representen una amenaza para la seguridad de los colombianos”, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, señaló que según el articulado, nadie puede ser objeto de seguimiento en razón de su raza, credo, nacionalidad o filiación política.
El proyecto establece que se creará una Junta de Inteligencia Conjunta compuesta por los altos mandos de la Fuerza Pública, el Ministro de Defensa y el Presidente de la República, quienes determinarán las estrategias de la llamada inteligencia militar. Dicha junta entregará a los parlamentarios que componen la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia un informe anual de actividades. La Comisión se encargará de llevar a cabo el control político a los organismos de inteligencia e incluso tendrá acceso a los gastos reservados, con el ánimo de verificar que el dinero este siendo bien empleado.
A pesar de que el articulado establece que no habrá censura a la prensa, y que no se penalizará a los medios de comunicación que difundan información de defensa nacional, se aumentaron las penas, que podrán ir hasta cuatro años de cárcel, para los funcionarios públicos que filtren información de inteligencia.
Los documentos de defensa que se archiven bajo el rótulo de ‘reservados’ sólo se les levantará la reserva después de 30 años. Dicha reserva podrá ser extendida 15 años más por decisión del Presidente de la República.
A su vez, sostiene que las empresas de servicios telefónicos están obligados a suministrar la información que requieran los organismos de inteligencia y contrainteligencia.
Por otra parte, el proyecto establece que las interceptaciones telefónicas no podrán llevarse a cabo sin previa orden de un juez y sin un proceso judicial previo, por lo cual el senador Juan Manuel Galán, ponente de la iniciativa, ha calificado este proyecto como la iniciativa “antichuzadas”.
El mismo Galán caracterizó de la siguiente manera el proyecto: “Los organismos de inteligencia y contrainteligencia no pueden actuar en una democracia sin dios ni ley. Debe haber un ordenamiento jurídico que les establezca prioridades, tareas, áreas de trabajo, saber a quién les rinden cuentas, saber quién autoriza esas actividades y en el marco de qué política están definidas”.
De ser aprobada, la iniciativa pasará a sanción presidencial.
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