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La Corte Suprema de Justicia confirmó la pena de 30 meses de prisión y la sanción pecuniaria superior a los 200 millones proferida en contra de los conductor mecánico Julián Antonio García y el asistente mecánico Reinaldo Blanco encargados de manejar el equipo que causó la muerte de 21 niños del colegio Agustiniano en 2004.
Sin embargo, exoneró del pago solidario de la sanción a seis de los procesados, como era el caso de Mauricio Córdoba Jaramillo, Luis Fernando Carrillo Caicedo, Édgar Portilla Burbano, Guillermo Ángel Toro, Óscar David Vargas Galindo y Humberto Rojas Méndez.
La Corte reiteró la postura del juez origen, recogida también por el Tribunal Superior de Bogotá, frente a la responsabilidad penal de los primeros, obligados a cancelar solidariamente 20 salarios mínimos mensuales vigentes a favor de los familiares de tres de las víctimas, constituidas en parte civil del proceso.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó el pago de la deuda, pero sostuvo que únicamente los padres de los menores fallecidos podían hacerse a estos dineros.
La Corte, por su parte, mantuvo la determinación, pero excluyó a seis de los condenados pecuniariamente por este hecho de responder por la multa.
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