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Sobre las 4:00 p.m. de este viernes 14 de junio, y a escasos seis días del cierre de la legislatura en el Congreso, la bancada del Pacto Histórico acordó radicar una proposición que salvó la reforma pensional y en la que habían estado trabajando durante los tres días previos a esa sesión de la plenaria de la Cámara. Algunos parlamentarios de los partidos Verde, Liberal, Conservador y la U ya estaban enterados de la jugada, que sería la última opción del Gobierno para aprobar el proyecto en caso de que se acercara el 20 de junio y fueran pocos los avances.
Luego de que la plenaria rechazara con 84 votos una proposición sustitutiva de la representante Catherine Juviano (Alianza Verde) para que la reforma entrara en vigor en 2026 y no en 2025, como se aprobó, los congresistas de Gobierno definieron que ya tenían los votos necesarios para poner a consideración su polémica propuesta. Así, a las 5:21 p.m. y con al menos 25 firmas, llegó a la secretaría de la Cámara el documento con lo siguiente: “Aprobar en cuarto debate el texto definitivo aprobado por el pleno del Senado”.
Una hora duró la discusión sobre la proposición y pese a que varias voces se opusieron, a las 6:30 p.m. fue aprobada con 86 votos a favor. Con eso, el Gobierno se saltó el estudio de 90 artículos y alrededor de 500 modificaciones que faltaban por debatirse en el Salón Elíptico, pero también se salvó de llevar la reforma al proceso de conciliación; es decir, el trámite necesario para acordar un texto que incluyera las modificaciones hechas tanto por el Senado como por la Cámara.
(Lea: “Petro le dará un timonazo al Gobierno para enfrentar la segunda mitad de su mandato”)
“Cuando nos dimos cuenta de que el tiempo ya no iba a alcanzar y nos informaron que el plan del presidente del Senado, Iván Name, era no agendar la conciliación, dijimos ‘hagámoslo ya’”, contó a este diario un congresista del Pacto Histórico. Otro representante de esa bancada, que pidió reservar su nombre, mencionó que habían discutido la idea en días anteriores con las demás bancadas, y que David Racero fue quien logró posicionar la propuesta. “Tomamos la decisión cuando vimos que ya teníamos las mayorías”, añadió.
De hecho, entre las firmas que acompañaron la proposición se encuentran las de Alfredo Ape Cuello, del Partido Conservador, y quien tendría representación en el Gobierno en el Ministerio del Deporte; así como las de Olga Beatriz González, Álvaro Henry Monedero (Liberal), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), Karen López (CITREP), Luis Alberto Albán (Comunes) y otros más. Los votos de los partidos mayoritarios se repartieron de la siguiente manera: 11 de la U, 20 liberales, 5 conservadores y 5 de la Alianza Verde. Además, la proposición tuvo el apoyo de 14 de los 16 miembros del CITREP y de toda la coalición del Pacto Histórico.
Así pues, en medio de la alegría del Gobierno y la indignación de sectores independientes y de oposición, el proyecto fue aprobado tal como salió del Senado el pasado 16 de abril de 2024. “Hoy, las mayorías del Gobierno decidieron que el Congreso sea unicameral y redujeron a la Cámara a una mera notaría. Es una vergüenza. No nos permitieron dar el debate”, fue la reacción del representante Cristian Avendaño, del sector más independiente de los verdes. Mientras que su copartidaria, cercana al Gobierno y ponente del proyecto, la representante Martha Alfonso, aseguró que “nos dejaron contra la pared y sin salida. Era decidir por esta proposición o que se hundiera la reforma muy seguramente. Tuvimos dilaciones tremendas”.
Advierten “lluvia de demandas”
Este diario conoció que durante la redacción de la proposición, que habría estado a cargo del equipo de Racero, se buscó una formula para blindar la proposición y evitar eventuales demandas ante la Corte Constitucional. Por eso, antes de solicitar la aprobación del texto del Senado, se enunció que el debate en la Cámara se hizo de forma “rigurosa, meditada y democrática (…) garantizando el estándar de publicidad exigido por el reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992) y la jurisprudencia de la honorable Corte”. Sin embargo, para los 32 representantes que se opusieron a la proposición, esto no fue así y se anticipan varias demandas.
“Hay antecedentes en la Corte que hablan sobre la elusión material del debate y la debida deliberación. Aquí, eso ocurrió. De los 95 artículos, solo se votaron 5 que no tenían proposición”, dijo a El Espectador el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien advirtió que una vez el proyecto sea ley de la República, su bancada la va a demandar inmediatamente. “Van a llover las demandas, no solo desde la oposición, sino también de universidades, gremios y otros sectores. Será cuestión de tiempo, porque el vicio es flagrante”, explicó.
Pero no es el único que opina lo mismo. Según la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, la estrategia del gobierno de Petro para aprobar la reforma terminaría mal, ya que viciaron el trámite: “Luego no digan que fue un golpe blando”, señaló. Incluso, el liberal Juan Carlos Losada afirmó que con esa proposición “pasaron por encima de la democracia. Claro que esto ha sucedido miles de veces en el Congreso; de hecho, una reforma de Iván Duque se cayó por una votación como esta, donde la Cámara asumió el texto del Senado. Pero esperábamos algo muy diferente del gobierno del cambio”.
Efectivamente, en octubre de 2019, la Corte tumbó toda la “Ley de Financiamiento” del gobierno Duque, una reforma tributaria para sanear las finanzas del Estado. Según explicaron en ese entonces desde el alto tribunal, porque “la Cámara de Representantes se remitió a lo decidido por el Senado sin conocer previamente lo aprobado por este, lo cual constituyó una elusión del debate y del mecanismo de conciliación. Esto afectó el principio de consecutividad, ya que condujo a que no se produjera el último debate requerido para la aprobación de este tipo de leyes”, fueron las palabras exactas de la magistrada Gloria Ortiz en ese momento.
No obstante, según el representante Heráclito Landinez, de la bancada del Gobierno, el oficialismo siente tranquilidad, pues “lo que prima es la consecutividad en los temas tratados y la aprobación por parte de las mayorías. Eso fue lo que hicimos. La discusión se dio durante tres días en la Cámara y la oposición siempre tuvo todas las garantías. Pueden ver los videos. Se presentó, por ejemplo, una primera ponencia de archivo por parte del Centro Democrático y Cambio Radical. Eso se discutió, se votó y se archivó”.
En todo caso, la oposición y otros sectores consideran que tienen las razones suficientes para demandar. Habrá que esperar a la sanción de la ley y a que eventualmente la Corte estudie el tema de fondo. Por otro lado, el debate político gira en torno al diseño institucional colombiano, que prevé la existencia de un Congreso bicameral con orígenes representativos diferentes: el Senado, de representación nacional, y la Cámara de Representantes, elegida en circunscripciones territoriales. Además, el Gobierno habría evitado uno de los cuatro requeridos para una ley de esta naturaleza.
“Se violó, en principio, el requisito de que haya suficiente debate en la Cámara de Representantes. Aquí el problema es que incluso había proposiciones modificatorias de los partidos del gobierno. Puede ser legítimo que la Cámara tome una decisión como esa cuando se ha avanzado en el debate, pero en este caso fue solo para terminar la discusión. De hecho, el texto que salió de la Comisión Séptima de la Cámara era muy diferente al del Senado”, explicó a este diario Sebastián Bitar, investigador de la Universidad de los Andes y analista político.
Por el momento, lo cierto es que la reforma pensional salió con vida antes del término de la legislatura, y el Gobierno celebró la aprobación, a pesar de las varias críticas en torno al camino que tomaron. “Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo. (…) Es un hecho histórico y se logró con el Congreso de la República. La posibilidad de un gran acuerdo nacional revive. Abrazo a los abuelos y abuelas trabajadores de Colombia”, indicó el presidente Petro a través de sus redes sociales, horas antes de finalizar su agenda oficial en Suiza.
De hecho, desde ese país europeo también anunció este 14 de junio que habrá un nuevo remezón ministerial, el tercero desde que en 2022 llegó a la Casa de Nariño. Eso, debido a la baja ejecución de las carteras y que sería responsabilidad de algunos de los miembros de su gabinete: “Llegamos a la mitad de Gobierno y hay que hacer evaluación (…) No hay espacio más que para ejecutar el programa de Gobierno”, dijo.
El jefe de Estado regresará al país el próximo lunes, 17 de junio, cuando comience la última semana de la legislatura de este Congreso. Aún faltan por aprobarse la reforma laboral, que está a solo 7 artículos de superar su primer debate para permanecer con vida, y la reforma a la educación, que iniciaría su última discusión hasta el miércoles en la plenaria del Senado.
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Por Laura Duarte Sandoval
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