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Por la probada asignación a dedo de un contrato de más de 11.900 millones de pesos celebrado por la Cámara de Representantes para la adecuación tecnológica de la entidad, la Procuraduría General de la Nación destituyó al jefe de la División Jurídica de la entidad,Carlos Alberto Flórez Rojas, y al director administrativo, Jairo Jaramillo Matiz.
La inhabilidadc que, por 13 y 14 años respectivamente cobijará a los dos prieros, también se extiende al representante legal de la firma contratista, Orlando patiño Silva, separado de su cargo e inhabilitado por 12 años.
El contrato interadministrativo celebrado por la firma Infotic y la Cámara el 25 de noviembre de 2010, aparentemente, estuvo mediada por un yerro que radica en que no fue el resultado de una licitación pública sino de una contratación directa.
Para el Ministerio Público, pudo haber violaciones al principio de la moralidad pública y la transparencia que debe regir este tipo de procesos, tanto en la parte contratante como en la contratista.
Para el defensor del representante de Infotic, la Procuraduría ni siquiera gozaba de competencia para actuar en contra de este disciplinable, toda vez que no tenía la condición de servidor público, hecho controvertible para el delegado del Ministerio Público, pues, al tratarse de un contratista estatal, debe someterse a los mismos controles que le son propios efectuar al Ministerio Público.
El abogado de Patiño Silva tampoco estaba de acuerdo con que fuera necesario convocar a licitación pública, pues para él, en este caso, era válido recurrir a un proceso de contratación directa.
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