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La inclusión de narcotraficantes como falsos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el proceso de Justicia y Paz, es uno de los episodios más denunciados en el curso de ese procedimiento transicional. La Corte Suprema de Justicia le acaba de meter ‘el diente’ a ese caso para determinar cómo esto fue posible y quiénes servieron de gestores para que narcos pudieran recibir beneficios judiciales.
La nueva línea de investigación de la Corte Suprema busca evaluar posibles responsabilidades de excongresistas. De hecho, la Sala de Instrucción llamó a versión libre a Eleonora Pineda, Rocío Arias y Miguel de la Espriella, quienes fueron condenados por la Sala de Casación Penal de ese alto tribunal por nexos con las Autodefensas. La citación se da por los delitos de concusión y fraude procesal, «como posibles gestores de incluir narcotraficantes en proceso de Justicia y Paz».
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La exrepresentante a la Cámara por Córdoba, Eleonora Pineda fue condenada a 7 años y 6 meses de prisión en el 2008, tras confesar que tenía estrechos vínculos con las Autodefensas y que participó en las reuniones en las que varios dirigentes políticos buscaban firmar el Pacto de Ralito con los paramilitares para «refundar» el Estado. Por su parte, Rocío Arias, exrepresentante por Antioquia, fue condenada en 2010 tras aceptar que varios jefes paramilitares le ayudaron a llegar al Congreso. Y Miguel de la Espriella recibió dos condenas, una en 2008 y otra en 2015.
Este proceso surgió de una compulsa de copias que hiciera la propia Corte Suprema, tras valorar una serie de testimonios que han entregado a ese alto tribunal exparamilitares que fueron extraditados a Estados Unidos. Uno de los casos que se valoran por la Sala es el de Juan Carlos Sierra, mejor conocido como El Tuso, un narcotraficante que se entregó a las autoridades afirmando ser integrante del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas.
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Pero en septiembre de 2014, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá lo excluyó del proceso de Justicia y Paz asegurando que jamás formó parte de alguna estructura de las autodefensas, sino que fue un “narcotraficante puro” que se ‘coló’ en la desmovilización gracias a la ayuda de su jefe en la Oficina de Envigado, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Esa decisión fue ratificada en 2015 por la Corte Suprema de Justicia.
El caso de El Tuso no es el único. La Corte Suprema también excluyó de Justicia y Paz a Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias El Mellizo por considerar que utilizó la facha de paramilitar para acceder a los beneficios que ofrece esta ley, como no ser extraditado a los Estados Unidos donde transportó gran parte de narcóticos. En esa ocasión, el alto tribunal dijo que este narcotraficante adquirió un bloque paramilitar para “ponerlos al servicio de su negocio ilícito”.
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“Ciertamente es dable afirmar que el postulado (Mejía Múnera) adquirió, como si se tratara de una concesión, el referido bloque, que al margen de su efectiva acción contrainsurgente dirigida por Vicente Castaño, usufructuó para potenciar su negocio personal de narcotráfico”, se lee en la sentencia de 72 páginas de la Corte.
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