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El alcalde de un municipio, en el cual esporádicamente se presentan incendios forestales, tiene las siguientes alternativas para controlarlos: ampliar la capacidad de la estación de bomberos adquiriendo máquinas especializadas para controlar estos incendios; o contratar con una empresa privada para que se comprometa a tener equipos adecuados en capacidad de responder a emergencias forestales.
En este caso, el municipio les da un pago anual para compensar los costos de capital y los gastos de mantenimiento. De tiempo en tiempo las autoridades revisan las máquinas y comprueban que pueden controlar un incendio en los extramuros. Un fuerte verano provoca un fuego en el bosque, pero —¡oh sorpresa!— los contratistas se niegan a mover las máquinas, alegando que los emolumentos que recibieron son insuficientes para pagar el combustible. Las autoridades municipales se ven obligadas a negociar, como quien negocia una extorsión, para que se pueda apagar el fuego. Terminada la emergencia, la ciudadanía se pregunta si se justifica continuar este contrato y cuestiona la venta de las instalaciones y maquinaria de los bomberos municipales; idea que contemplaba el secretario de Hacienda para con esos recursos pavimentar calles.
Cualquier similitud de la anterior nota con lo que está ocurriendo con empresas generadoras de energía térmica, que emplean combustibles líquidos, no es coincidencia.
A partir del año 2006 se introdujo el cargo por confiabilidad, que tiene por objeto dar una remuneración pagada diariamente a los agentes generadores y estos se comprometen a tener disponible para el sistema una cantidad de energía (Oferta de Energía Firme) que es exigida cuando el precio de Bolsa supere el umbral del precio de escasez. Esto ocurrió, pero algunas empresas termoeléctricas se negaron a operar las plantas, alegando que el precio de escasez al cual se les compra el kilowatio hora es inferior al costo de operación con diésel, pues el combustible de referencia fuel-oil No. 6, con el cual se calcula el precio de escasez, no está disponible. Esto es cierto, pero no es un hecho inesperado o desconocido para las generadores. Al menos desde abril de 2010, el precio de generación supera el precio de escasez. La pregunta: ¿por qué esperaron a negociar en un momento de crisis en el cual el Gobierno no tenía alternativa viable a corto plazo a acceder a sus pretensiones, sin correr el riesgo de que los embalses bajaran a niveles críticos y aumentar la probabilidad de racionamiento?
Sabiendo, los operadores de las térmicas, que estas no iban a operar sin un nuevo acuerdo de precios, ¿por qué no plantearon una modificación en el cargo por confiabilidad y lo siguieron recibiendo como si todo fuera normal? Apostaron a un juego peligroso, recibir el cargo por confiabilidad y esperar que no se presentara la disminución de las lluvias y así no tener que prender las plantas. No es un juego limpio.
En el corto plazo el ministro de Minas no tiene muchas opciones para evitar el racionamiento. Que los consumidores paguen un tercio del valor del “siniestro”. Los usuarios pagaron la prima del seguro y un alto “deducible” no contemplado en el contrato.
Nota. El autor es miembro independiente de la junta de Isagén, su opinión sólo lo compromete personalmente. Las térmicas de Isagén están operando para reducir los requerimientos de generación hidráulica.