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El superintendente de Salud, Gustavo Morales, entró a tener un papel protagónico en la pelea entre la contralora y el fiscal general. La Procuraduría acaba de abrirle una indagación preliminar, luego de que la contralora Sandra Morelli denunciara que Morales habría incurrido en una falta disciplinaria, por la manera en la que ha intermediado en este pleito.
Gustavo Morales empezó a hacer parte de esta historia cuando salió a advertir que los informes en los que se estaba basando la contralora, para denunciar que Eduardo Montealegre siguió trabajando para Saludcoop luego de ser nombrado fiscal, estaban desactualizados y que Montealegre ya había cedido esos contratos. Sin embargo Morelli siguió adelante con sus denuncias.
Ahora la contralora sostiene que “no deja de sorprenderla negativamente” que el superintendente Morales aceptara que el interventor de Saludcoop (que hoy tiene a cargo la administración de la EPS) justificara en un “error involuntario”, el haberle entregado a ella unos documentos que certificaban que el fiscal seguía teniendo un contrato vigente con Saludcoop. Pero además, Morelli rechaza que posteriormente el interventor haya aportado nuevos documentos, “que contradicen lo que decían inicialmente los textos contables”.
“Ante la revelación de un documento que su agente interventor omitió revelar contablemente, el superintendente debió revisar el estado real de la intervención, su capacidad para ordenar las cuentas y la plausibilidad de las razones del error involuntario reportado; pero no, en este caso la Superintendencia se limitó a pedir la documentación, se ignoró la causa del error y por tanto a nadie se le endilga la responsabilidad”.
Pero sus acusaciones van más allá. En su declaración la contralora sostiene que existen “altos servidores públicos responsables de preservar inalteradamente las bases y soportes de declaraciones que prestan plena credibilidad por su carácter público”. Incluso hizo referencia a unos correos de abril de 2012 (cuando Morales no había llegado todavía a la superintendencia), en los que según ella varios funcionarios de la Supersalud “parecen ponerse de acuerdo para definir” qué información le iban a entregar, luego de que la Contraloría hubiera solicitado unos informes sobre el pago de honorarios a los asesores jurídicos de Saludcoop, entre ellos el fiscal. Además sostiene que de esos correos se infiere “una posible modificación” efectuada a los documentos entregados.
Morelli se mantiene en su versión de que Montealegre sigue vinculado a Saludcoop simultáneamente a su cargo de fiscal. Asegura que la rectificación de la Supersalud “nada dice del contrato celebrado en fecha 24 de septiembre de 2009 por $950 millones, que fueron cancelados ‘libre de impuestos’ en dos cuotas; la primera a la firma del contrato y la otra al mes siguiente”. Además señala que “hubo pago anticipado de honorarios y no existe a la fecha noticia de devolución de algún honorario”.
El fiscal, por su parte, sigue esperando que Morelli se retracte de la “mentira tan grande como una catedral” que, según él, viene sosteniendo.