Seguridad en el posacuerdo

Director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Mejía es una de las personas más competentes para asumir esta responsabilidad. En entrevistas a distintos medios, Mejía ha señalado los problemas del actual arreglo institucional de Bogotá para manejar la seguridad, que no ha respondido a las demandas de una ciudadanía que considera la inseguridad como su principal problema.

El secretario designado también ha propuesto una clara agenda de trabajo que incluye intervenciones en 750 puntos críticos de la ciudad, actuar en el 2% de las cuadras, en donde ocurren el 50% de los delitos, recuperar 100 parques con mayor afectación delincuencial, un plan de choque para desmantelar las diez bandas más grandes de microtráfico que operan cerca de los colegios, y las diez más grandes de robo de celulares. Con los alcaldes de otras ciudades del país, la nueva administración planea también plantear reformas legales para atacar la delincuencia y contar con mayor eficiencia en las judicializaciones. Entre otras medidas, también tiene claro que es necesario reformar aspectos claves de los centros de reclusión.

El Gobierno Nacional, los gobernantes regionales y todos los actores que planean y discuten sobre el posacuerdo de La Habana —mal llamado posconflicto— deberían prestarle atención a la estrategia de Peñalosa. Si una ciudad como Bogotá, que ha reducido la tasa de homicidios a 17 por 100.000 habitantes, muy debajo del promedio nacional, requiere y exige más seguridad, ¿no la deben necesitar y exigir también las zonas periféricas en donde se ha centrado el conflicto armado? Por supuesto que sí. Es muy claro que, sin bienes públicos esenciales, como seguridad y justicia, será imposible que inversiones cuantiosas en servicios sociales o programas de titulación de tierras se traduzcan en desarrollo genuino para los campesinos y comunidades afros e indígenas. Tan pronto se produzca la desmovilización de la guerrilla, esos espacios deberán ser copados por nuestras Fuerzas Armadas, pues, de no hacerse así, viejos o nuevos grupos armados ilegales llenarán dichas áreas.

La idea de una nueva gendarmería rural, propuesta por algunos miembros del Gobierno y por el representante de las Naciones Unidas, es una pésima propuesta, que nos acercaría al fracasado modelo mexicano de seguridad interior.

Además, como lo señalan los estudios de Mauricio García Villegas, todas las regiones alejadas del centro del país, incluyendo la periferia donde se ha centrado el conflicto, requieren también una justicia presta y eficiente. Pero, por razones que son difíciles de comprender, la noción de bienes públicos, como seguridad y justicia para los ciudadanos, parece estar ausente de la discusión del posacuerdo.

La discusión se ha centrado en temas como participación ciudadana, justicia transicional o participación política de los exguerrilleros, sin duda importantes, pero no se puede olvidar que la mayor descomposición social y las peores violaciones a los derechos humanos se producen cuando un Estado no cuenta con el monopolio de la fuerza legítima sobre todo el territorio.