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La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se reunió el pasado jueves 9 de enero con Claudia Cardona, directora de la Corporación Mujeres Libres por un motivo que tiene en alerta a la cartera ministerial y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Hace unos días, la oenegé recibió dos audios de mujeres privadas de la libertad que denunciaron haber sido abusadas sexualmente por dragoneantes en la cárcel El Pedregal en Medellín (Antioquia). Aunque ya habían denunciado los hechos, las autoridades solo prendieron sus alarmas cuando la corporación hizo públicas ambas denuncias y puso a correr al Inpec, que en cuestión de horas organizó una comisión especial para viajar desde Bogotá al sitio de reclusión para verificar los hechos.
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El Espectador habló con Claudia Cardona para entender los casos y la gravedad del asunto. Primero, la defensora de derechos humanos explicó que la primera denuncia se refiere a hechos ocurridos entre agosto y septiembre de 2024 y que, producto de ellos, la mujer quedó en embarazo. Ante esa situación, aseguró, los directivos del centro penitenciario no actuaron hasta que la denuncia se hizo pública, pese a tener pleno conocimiento de que el embarazo era producto de un abuso, pues la interna no recibía visitas conyugales. Aún así, no fue trasladada a Bogotá para estar cerca de su familia. De acuerdo con Cardona, en la capital “le podemos hacer más seguimiento a su caso, porque trasladarla a otra ciudad sería cerrar esa ayuda”.
Esta no es la primera vez que suceden hechos de esta índole, según explicó Cardona. Para ella, son varios los motivos que hacen que en la cárcel de El Pedregal sean constantes las denuncias de abusos sexuales contra internas. “En los pabellones de las cárceles de mujeres no debe haber guardias hombres atendiendo, y si bien entendemos que a veces el apoyo de ellos es necesario, no entendemos por qué en los patios y áreas donde están las mujeres están los hombres ahí”, comentó la defensora. Y agregó que en ese centro penitenciario, si bien hay una subdirectora y dos capitanas, “ninguna realmente siente el tema de las mujeres privadas de la libertad. Se espera que tengan una real atención hacia las mujeres, pero no asumen ese rol de cuidadoras”.
De hecho, según relató Cardona, el pasado 24 de diciembre también recibieron denuncias de otra reclusa que habría sido violada al interior del penal. En su relato, la interna entregó incluso los nombres de los guardias, y ya había puesto en conocimiento de la Policía Judicial la situación sin obtener respuesta alguna. “Aunque la denuncia sí está, la Policía no ha hecho nada porque no conoce rutas, no conoce procedimientos con perspectiva de género, y además Policía Judicial es la misma guardia (…) ellos son compañeros de los que están denunciando y no van a hacer nada. Por eso los casos se pierden, no prosperan, no llegan a Fiscalía y no pasa nada”, precisó la defensora.
Desde la Corporación Mujeres Libres han puesto sobre la mesa varios mecanismos para hacerle frente a este constante flagelo al interior de los centros penitenciarios para mujeres, pues, señalan, las rutas que han tomado tanto la Defensoría como la Policía y el Inpec no son suficientes. Para Cardona, es necesario implementar “un mecanismo de denuncia con enfoque de género que tome medidas no repetitivas y que sea seguro e independiente; que puedan informar al Comité contra la Tortura. (…) Pero la sociedad, e incluso los mismos medios de comunicación creen que porque las mujeres están privadas de la libertad ya no tienen derechos y son revictimizadas”.
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Las preocupaciones de Cardona se hacen más latentes toda vez que, según cifras recolectadas por Mujeres Libres Colombia, los procesos que atiende la Fiscalía por hechos similares han sido tan solo seis en 10 años y asegura que están “estancados”. Para la directora de la oenegé, cuando las instituciones no cumplen con su labor, desde su organización buscan por diferentes medios darle una solución al problema. Por ejemplo, relata, “desde hace casi cuatro años comenzamos a trabajar con los derechos sexuales y reproductivos, y comenzamos a dictar talleres en las cárceles a nivel nacional”. Durante ese ejercicio, desde la Corporación también identificaron otro problema al interior de los penales: la salud menstrual de las reclusas.
De acuerdo con Cardona, los funcionarios del Inpec entregaban en el pasado únicamente un paquete de toallas higiénicas a las internas cada tres meses, “cuando a las mujeres muchas veces un paquete no nos alcanza para un solo periodo. ¿Entonces cómo las mujeres presas pueden vivir así? El Estado pone a las mujeres en la cárcel y tiene que asumir todo lo de ellas”. Con base en esa premisa, tanto la defensora como toda la organización ayudaron a estructurar la ley 2261 la cual garantiza la gratuita, oportuna y suficiente entrega de artículos de higiene menstrual a las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad. Este proyecto fue aprobado en 2022, pero, según la defensora, no se ha echado a andar correctamente.
Sin embargo, hay temas que también elevan la preocupación de defensoras como Cardona y hasta de las propias reclusas, que en muchas ocasiones tienen que enfrentarse a abortos forzados. “Cuando les hablábamos a las mujeres sobre aborto e interrupción voluntaria como derecho, la concepción religiosa que hay dentro del Inpec llevaba a las mujeres a negarse, incluso algunas decían que si abortaban su condena se iba a subir. Por eso hay muchos abortos clandestinos al interior de los patios, porque aunque algunas mencionaban las tres causales para abortar, ninguna conocía la más reciente sentencia de 2022 (de la Corte Constitucional) que lo despenaliza. Entonces es falta de conocimiento sobre el tema y pues también de la guardia que no conoce”, agregó.
La respuesta del Inpec
Fuentes cercanas a la dirección general del Inpec le dijeron a este diario que las denuncias hasta el momento son materia de investigación. “Es un tema grave. Frente al caso el Inpec envió una comisión grande ante la gravedad de los hechos para recopilar pruebas. Ellos duraron allá hasta la mañana del pasado sábado”. El Espectador también conoció que se trata de una comisión interna disciplinaria liderada desde la oficina principal, en Bogotá. En los adelantos de la investigación por parte de la entidad carcelaria se conoció que se realizaron las entrevistas pertinentes y traslado de las víctimas. “Con esto inicia una investigación meticulosa para determinar los hechos, los cuales ya están también en conocimiento de la Fiscalía”, señaló una persona conocedora del expediente, pero prefiere no ser citada.
Expedientes como el de El Pedregal son el vivo ejemplo de las formas en las que el sistema penitenciario permite graves vulneraciones de derechos humanos, que golpean particularmente a las mujeres. Una población cuyas denuncias son expuestas al público por activistas como Cardona, quien tiene cómo probar que los casos abundan, así como la impunidad. Colombia está obligada a aplicar las reglas internacionales Bangkok, las cuales se centran en las necesidad específicas de las mujeres privadas de la libertad, pero “el Inpec no cumple esto”, recalca la directora de Mujeres Libres Colombia. La oenegé insiste en que harán un acompañamiento a estos dos casos que esperan sean investigados con celeridad, y los responsables sean llevados a la justicia, pero, también Cardona manifiesta una preocupación por las represalias que estas mujeres, y otras al interior de las cárceles puedan vivir al denunciar sus casos. Claudia Cardona insiste en un cambio en el sistema judicial, porque “mientras el Inpec siga siendo victimario y receptor de las denuncias, esto no va a cambiar”, puntualizó.
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