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El Gobierno quiere que en este 2025 se pueda llegar a un punto irreversible en la reforma agraria que se proyectó desde la pasada campaña presidencial y que tiene al presidente Gustavo Petro exigiéndoles acciones concretas a varias entidades para que el objetivo se cumpla. Tal es el interés en esta estrategia que para ejecutarla se desplegaron dos frentes de operación y se dedicaron al menos cuatro horas de la primera jornada del cónclave ministerial que lideró el jefe de Estado durante los dos últimos días en Bogotá.
Es por eso que el mandatario impartió instrucciones precisas para que el 2025 sea declarado –vía resolución– como el “año nacional de la reforma agraria y de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria”, y que en paralelo se ejecute un millonario convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para –entre otras cosas– movilizar comunidades hacia todo este proceso.
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El Espectador accedió a los documentos con los que la administración del presidente Petro busca enrutar estos 12 meses en la profundización de su reforma, con la cual –según estadísticas de las ANT– ha logrado, en dos años y medio de administración, formalizar 1,2 millones de hectáreas de tierras focalizadas en comunidades rurales y víctimas de la guerra.
Una parte de esos folios fueron elaborados por el Ministerio de Agricultura, en cabeza de Martha Carvajalino, con el respaldo del director de la ANT, Felipe Harman. Y allí quedó constancia de hacia dónde se quiere transitar.
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“Actualmente, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural está comprometida a fortalecer los sistemas de producción agroecológicos a través de la redistribución de la tierra fértil, con el objetivo de avanzar con la ‘Revolución por la Vida’ que orienta la Política Nacional de Agroecología como una política para la protección de la vida, de los ecosistemas y del medio ambiente”, se plasmó en la memoria justificativa de un borrador de resolución con la que se declara el 2025 como el año de la reforma rural.
No obstante, aún hay sectores –en especial de la oposición– que sienten resistencia con lo que pueda significar “redistribución de la tierra fértil”, pues cada vez que se tocan este tipo de temas vuelve a rondar el fantasma de una supuesta expropiación que, pese a las polémicas, el Gobierno ha negado tener entre sus planes; pero las alarmas se mantienen activas.
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Más allá del debate que se agita cada vez que se habla de reforma agraria en el país, lo cierto es que el Ejecutivo busca proyectar al menos cuatro ejes a través de la resolución que se construyó para darle base jurídica al programa de aceleración de los ajustes rurales.
En efecto, de acuerdo con los documentos conocidos por este diario, los ejes son: la reforma agraria; el desarrollo de sistemas agroalimentarios y abastecimiento; el financiamiento y gestión del riesgo agropecuario; y la innovación y transición energética para la reforma agraria.
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“Avanzar en la toma de decisiones, coordinación y articulación desde el Estado colombiano con el objetivo de promover el desarrollo de actividades encaminadas a garantizar la protección, el respeto y la efectividad de los derechos de quienes desarrollan la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria (ACFEC)”, son parte de las apuestas concretas.
Además, el Ejecutivo quiere “generar actividades de diálogo y concertación con las comunidades étnicas para el ajuste y/o validación de acciones y/o proyectos”, al igual que “establecer parámetros encaminados a la ejecución de acciones dirigidas a la rehabilitación y mejora de la calidad de los suelos destinados a la producción agropecuaria”.
Y aunque la firma del pacto de La Habana con las extintas FARC marcó un derrotero sobre los procesos agrarios, y así lo citan estos documentos de la administración Petro, lo que quiere el Ejecutivo más allá de implementar el punto agrario del Acuerdo de Paz es, según su relato, promover –entre otras cosas– formas diversas de producción de alimentos y de otros productos del campo.
Según los despachos agrarios del Gobierno, hay estudios sectoriales que evidencian que alrededor del 70 % del abastecimiento alimentario del país se deriva de los sistemas agroalimentarios llamados “agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria (ACFEC)”.
Además, citando al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la administración dijo que esta entidad “informó en julio de 2024 que, conforme los resultados la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) en 2023, un total de 10.640.000 personas mayores de 15 años se identificaron como parte de la población campesina en Colombia; se identificaron 5.519.000 hogares campesinos, donde el 40% de ellos están liderados por mujeres”.
El nuevo giro y la polémica
Y ahí, según el borrador de la resolución –que también toca asuntos, entre otros, sobre cómo fomentar los diálogos con las comunidades–, se deja claro que el Gobierno no se echará para atrás en la fomentación de Áreas de Especial Protección para la Producción de Alimentos. El tema es clave porque ya se expidió una decisión que le da vida jurídica a uno de estos espacios en Antioquia, región con la que Petro tiene fuertes controversias.
En efecto, en la resolución 377 del 26 de diciembre pasado, quedó establecido que el suroeste antioqueño es prioritario para empezar con dichas áreas y que, por eso, la decisión cobijará a unas 250.000 hectáreas de los 23 municipios de la zona, lo que equivale a un 39 % de su territorio. Lo que quiere la Casa de Nariño es que se delimite el uso del suelo para la producción alimentaria, lo que equivale a modificar la vocación económica de los terrenos cobijados.
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Y ahí está la polémica que llevó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a anunciar demandas administrativas contra dicha resolución por considerarlo una invasión a las decisiones autónomas que puede tomar cualquier departamento; en esto lo apoyan el Centro Democrático, su partido, y también férreo opositor del presidente Petro, y el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, otro contradictor del Gobierno Nacional. El jefe de Estado quiere, como lo prometió en campaña, cerrarle la puerta a la minería en esa zona, lo que las administraciones locales exigen sea “analizado con más fondo y menos ideología”.
Al tiempo que se desarrollan estas discusiones y con el fin de apoyar de forma paralela esta aceleración de la reforma, el Dapre y la ANT firmaron un nuevo convenio para darles vida a proyectos que promuevan la participación de organizaciones y “pequeños productores y otras formas asociativas campesinas” para implementar la reforma rural. Según cálculos oficiales, la intención es promover al menos 57 de estos procesos productivos en varias regiones.
El Dapre, liderado por Laura Sarabia –una de las funcionarias que se moverá en el cuarto remezón que alista Petro y a quienes algunas fuentes ubican en la Cancillería y otras en el sector privado–, y la ANT establecieron que el monto para ejecutar en estos objetivos es de $200.000 millones y que deben ser usados hasta el 27 de diciembre de 2026.
No obstante, estas entidades han sacado adelante otros procesos contractuales con un sentido similar y están en ciernes varias licitaciones con propósitos parecidos.
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Todo esto también hace parte de la instrucción del presidente Petro a su gabinete en torno a que este 2025 sea el año de “hacer”, lo cual conecta con la necesidad de mostrar resultados en varios frentes, incluyendo el agrario, para reforzar su visión sobre que el progresismo que comanda tiene méritos para reelegirse en el poder más allá de 2026. Ya hay expectativa por lo que surja de estos movimientos y por la vigilancia que harán organismos de control al involucrar recursos del erario.
Vea el borrador de resolución que alista el gobierno Petro:
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