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A sabiendas de que el Congreso de la República todavía tramita iniciativas tan importantes para el Gobierno Nacional como la ley de víctimas, la desconstitucionalización de la Comisión Nacional de Televisión, la reforma a las regalías, el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de seguridad y convivencia ciudadana, el estatuto anticorrupción, entre otros, el presidente Juan Manuel Santos presentó el lunes 11 nuevos proyectos de ley que espera sean debatidos con celeridad por los legisladores.
Como no eran pocos, el presidente de la República comenzó por agradecer el trabajo “excepcional” de los congresistas hasta ahora y les dijo que no hay que dormirse sobre los laureles y por eso se requiere seguir trabajando más y mejor.
“El Congreso de la República se ha comportado como una sexta locomotora, que nos ha permitido el avance de las otras que impulsamos en el Gobierno y estoy seguro de que seguirá marchando a todo vapor”, aseguró Santos.
No obstante, ya comenzaron a exponerse los primeros reparos. El senador de la U Roy Barreras criticó que el Gobierno siga en un afán más reformista que social en la agenda, además de manifestar su preocupación por una eventual congestión legislativa.
Incluso el ponente de la ley de inteligencia, el senador liberal Juan Manuel Galán sostuvo que la congestión legislativa es más grave si se tiene en cuenta que el país está en un año de elecciones regionales; sin embargo, anunció su compromiso con el Gobierno hasta el punto de que ayer mismo radicó este proyecto.
Entre las iniciativas también está la de jueces de paz, a quienes se acude para resolver conflictos por cuantías inferiores a 100 salarios mínimos, susceptibles de transacción y conciliación, y prevé que los jueces de paz sean elegidos por concurso de méritos, para eliminar el sistema de elección popular, que ha sido “nocivo e inoperante”.
El proyecto de registro de instrumentos públicos busca que en tres años Supernotariado y Registro sistematice los folios de matrícula inmobiliaria para ponerles “control y tatequieto a quienes ocupan terrenos baldíos, en algunos casos teniendo como cómplices a autoridades de registro”, dijo Santos.
La iniciativa de derechos de autor busca ampliar la tipificación a la violación a obras no digitales como en redes informáticas, y a las empresas de internet les será exigido bloquear contenidos que atenten contra derechos de autor.
Las reformas a los regímenes departamental y municipal buscan dotar a los departamentos de un régimen político y administrativo que sea útil para su gestión, “que los gobernadores tengan las herramientas necesarias para que sean los mejores gerentes de sus regiones”.
La reforma del régimen municipal busca endurecer los requisitos para crear nuevos municipios, de manera que se tenga en cuenta su viabilidad fiscal e impacto político en la gobernabilidad territorial.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, llamó a los congresistas a aceptar el reto para hacer un Estado más ágil, más dinámico y más capaz.
Derechos de autor
Actualmente, quien viole los derechos de autor puede ser sancionado con penas de 4 a 8 años de prisión, pero sólo aplica en casos de piratería física, como películas y libros.
La idea es que en adelante se pueda sancionar por obras no digitales, es decir, a quienes comercialicen este tipo de material a través de las redes informáticas.
La ley buscará regular que las empresas de internet bloqueen los contenidos que atenten contra los derechos de autor.
Descongestión judicial
Con la presentación del Código General del Proceso y el Estatuto Arbitral Nacional e Internacional, el Ministerio del Interior y Justicia busca avanzar en su meta de descongestionar los tribunales. El primero tiene como fin hacer más ágil el trámite de los procesos judiciales con la implementación de la oralidad, el manejo adecuado de las nuevas tecnologías y la utilización racional del aparato judicial, El proyecto contempla que sólo sea escrita la etapa inicial de la demanda y la contestación, el resto será oral. En cuanto al estatuto arbitral, se busca que quienes ejerzan esta función sean escogidos por concurso y cuenten con el conocimiento suficiente para que se priorice este mecanismo de resolución de conflictos.
Inteligencia y contrainteligencia
La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, en palabras de Santos, busca “limpiar” las bases de datos de inteligencia para excluir a cualquier ciudadano que esté allí por la simple razón de su pertenencia a un sindicato, a una organización de derechos humanos o a un partido político.
“No tenemos un marco que oriente y regule estos problemas de chuzadas. Si algo me quedó claro en Mindefensa es que la base de la seguridad es la inteligencia”, dijo Santos.
El presidente aseguró que el ciudadano debe entender que la inteligencia lo protege en su derecho a la vida, a la libertad y de los abusos de la propia inteligencia, así como a los funcionarios que realizan estas actividades.
Código Penitenciario y Carcelario
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha decidido realizar un revolcón en el funcionamiento penitenciario y carcelario. Por eso, sumado a la reestructuración que se le hará al Inpec, con el amparo de las facultades extraordinarias, se presentará un nuevo Código Penitenciario y Carcelario. Esta iniciativa contempla los temas relacionados con la vigilancia interna, la administración de los centros penitenciarios, la implementación de mecanismos para evitar las comunicaciones ilegales vía celular y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia electrónica para evitar el hacinamiento, pero con normas estrictas para evitar irregularidades.
Atención de emergencias
La catástrofe que aún enfrenta el país por cuenta del invierno fue un campanazo de alerta para que el Gobierno tome medidas para enfrentar estas crisis. Por eso, será discutido el sistema de voluntariado para articular esfuerzos entre la Defensa Civil, la Cruz Roja y los Bomberos. Quienes se presenten como voluntarios recibirán beneficios en vivienda, salud y educación. Además, se dará una reforma al Sistema Nacional de Bomberos, la cual busca apropiar recursos suficientes obligando a los municipios a establecer un rubro fijo para esta entidad y se aumentarán los recursos del Fondo Nacional de Bomberos.