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A plena luz del día, hacia la una de la tarde, que es cuando no se realizan clases, un grupo de 25 personas ataviadas con uniformes verdes, pasamontañas y pañoletas formó escuadras, repartió volantes y desplegó desde lo alto del Auditorio León de Greiff la emblemática bandera —mitad roja, mitad negra— de la guerrilla del Eln. En las imágenes, que le han dado la vuelta al país, se puede ver a algunos de los participantes del evento portando armas. Uno de ellos exhibe, incluso, una subametralladora.
Pese a que el Gobierno y las directivas de la universidad repudiaron los hechos con rapidez y firmeza, lo hicieron desde orillas divergentes. Mientras el presidente Uribe censuró el que “estudiantes de la Universidad Nacional hubieran estado en disturbios, luciendo insignias del grupo terrorista Eln”, el rector Moisés Wasserman sostuvo que se trató de un grupo organizado desde afuera del claustro, vinculado con organizaciones al margen de la ley. Para el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, tampoco es claro que se tratase de estudiantes. “Es un grupo muy reducido de delincuentes que están afectando las tareas académicas”, dijo.
Resultan más responsables las versiones que definen a estos grupos de manifestantes armados como externos a la universidad. Bien hace el director de la Policía en diferenciar las actividades de un grupo presuntamente guerrillero de las actividades académicas del grueso de la población universitaria que, durante décadas, ha sido estigmatizada. Declaraciones sin pruebas que equiparan a los alumnos con la subversión y a la protesta estudiantil con la sedición le restan complejidad al fenómeno y contribuyen a alimentar el nocivo imaginario de un estudiantado sin demandas concretas, desinteresado del proceso democrático y discípulo de la causa guerrillera.
Por tanto, quizá sea hora de reconocer que la indiferencia del estudiantado permite que sucedan hechos como el del pasado jueves. La ausencia de acciones colectivas de rechazo a estas expresiones de violencia nutre los estereotipos, facilita la labor de los grupos armados que entran a las instalaciones con la tranquilidad de que no serán denunciados, resistidos ni censurados por la comunidad universitaria, y les brinda justificaciones a quienes están convencidos de que es preciso militarizar las universidades públicas.
El Gobierno y la rectoría pueden emprender acciones pragmáticas y momentáneas. Ahí están el ya tradicional cierre de la universidad durante los días previos a los comicios presidenciales y el aumento de las disposiciones de seguridad en las diferentes vías de acceso a las instalaciones. Pero las medidas policivas y de control sobre quién entra y quién sale del campus no darán frutos si antes no hay un compromiso serio con un rechazo masivo a la intromisión de los grupos armados en la vida académica.
La Universidad Nacional, además, no obedece a lógicas de encierro. Por el contrario, está integrada a la ciudad y abierta a visitantes y todo tipo de curiosos. Es más, la Nacional es epicentro del arte, escenario del deporte, punto de encuentro de amigos y sitio de recreación de niños y mascotas.
Una posible solución, entonces, provendría de la propia universidad, de sus pasillos, salones y cafeterías. El rechazo sin matices de todas las expresiones de apología a la lucha armada ilegal puede incentivar el fin de estos aburridores episodios de amedrentamiento. La imposición de logos revolucionarios y arengas anacrónicas no es digna de un espacio cuya vocación es la discusión y el debate, no las armas.
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