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El juicio internacional más costoso en la historia de Colombia está en manos de la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en Países Bajos, la cual, desde 2023, conoce la mega demanda con la que la cazatesoros estadounidense Sea Search Armada le exige al país una indemnización de US$ 10.000 millones. En pesos colombianos, son un total de $40 billones, lo suficiente para construir dos veces la primera línea del Metro de Bogotá. El inversionista sostiene que en 1982, previa autorización del gobierno de la época, encontró el histórico galeón San José en punto cercano a las Islas del Rosario, por lo cual le corresponde hasta un 50% del contenido, lo que incluye jarrones, monedas, cañones, lingotes de oro y valijas chinas. Sin embargo, Colombia no está dispuesta a perder una sola moneda y así lo demostró en el escrito de defensa enviado a la Corte hace solo unos días.
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El Espectador conoció detalles del escrito de defensa presentado para el juicio por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), acompañada de la firma GBS Disputes y Xtrategy LLP. Aunque las particularidades del escrito no pueden ser mencionadas, dada la reserva que exige el proceso y por verse involucrado el patrimonio cultural sumergido, el director de defensa internacional de la Andje, Yebrail Haddad, le respondió a este diario cuáles serán los pilares de Colombia en el juicio. Para empezar, el país cuenta con el peritaje independiente del instituto oceanográfico norteamericano Woods Hole. Su conclusión, dice el gobierno, es que quedará indiscutiblemente descartado que Sea Search Armada encontró el Galeón San José en 1982 y que son inexactas las coordenadas alertadas a las autoridades nacionales en su momento.
“Ellos (la cazatesoros) pueden tener derechos, pero sobre el lugar donde dicen que está el galeón. Y si en esas coordenadas que tienen no hay nada, entonces no se encuentra un 50% de algo que puedan reclamar. Quizás de la arena del fondo del mar”, puntualizó Haddad. Según el director, tras diversos peritajes, incluidos en casi 600 páginas de anexos probatorios, las mediciones de Sea Search Armada no cuadran. Para empezar, porque habría una diferencia de 400 metros de profundidad entre el punto alertado por el inversionista y el verdadero punto, el cual fue descubierto en 2015 por las autoridades nacionales. Asimismo, que entre ambas coordenadas hay más de seis millas y media de distancia. Es decir, más de 10 kilómetros. Los peritajes también concluyeron que el terreno marítimo de la zona hace imposible un desplazamiento con tanta diferencia.
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En la oficina del director permanece una pintura del artista inglés Samuel Scott, quien ilustró la presencia en altamar del galeón forjado para la corona española. Su historia dice que en 1708, el galeón zarpó desde la actual Panamá a Europa, pero que fue interceptado y al parecer derribado por cuatro embarcaciones inglesas. La manera en la que, justamente, se hundió el San José es uno de los principales puntos de controversia del juicio. Mientras el inversionista sostiene que la embarcación explotó por ataque de los ingleses y que, por tanto, tienen derechos por tesoros esparcidos en cierta área, Colombia tendría cómo probar que no fue así. Una investigación del gobierno de Gustavo Petro, publicada en octubre pasado, sostiene que el San José se hundió por “causas distintas a una explosión masiva”, como una mala reparación. En juicio se sostendrá esa posición.
Además de los aspectos técnicos e históricos, Colombia se comprometió a probar desde el ámbito legal que el Galeón San José no contiene tesoros, sino “patrimonio cultural sumergido”, por lo cual cada pieza dentro de la embarcación está protegida y no se puede comercializar. Para defender ello, Colombia presentará como expertos al expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, y al exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Solarte. Colombia, además, llevó al juicio a 14 testigos y 11 expertos independientes, incluidos arqueólogos subacuáticos, una profesional en magnetómetría e historiadores. También se contrató a una empresa especializada en cuantificación de daños, para desvirtuar la petición de $40 billones pretendida por Sea Search Armada, hasta ahora la demanda contra Colombia más potente en la historia del arbitraje de inversión.
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El contrato de peritaje con el instituto oceanográfico Woods Hole le costó al país US $1 millón 400 mil dólares y se ejecutó con un submarino no tripulado, de nombre Remus 6.000, que durante 14 días pudo conocer los detalles del hundimiento del galeón. Entre ellos, que, según la Andje, no hubo esparcimiento del contenido a causa de una supuesta explosión y que todo el patrimonio sigue compacto en la superficie y hasta cinco metros debajo de ella. Woods Hole fue el mismo instituto que en 2023 reveló las imágenes inéditas del reconocido Titatic, que fueron grabadas en 1986 y dadas a conocer al mundo a propósito de los 25 años de la película dirigida por James Cameron. Asimismo, el instituto es reconocido por presentar al mudo hallazgos científicos como el descubrimiento de nuevas especies.
“Acá se trata de un tema de respeto a la soberanía nacional. Tenemos una responsabilidad muy grande y debemos hacer respetar y valer el honor y lo que nosotros somos, lo que incluye la defensa del patrimonio nacional sumergido”, concluye Haddad. Sea Search Armada presentará una respuesta al memorial y, luego de ello, el juicio se desarrollará en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje, entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre. Las audiencias prometen ser históricas, pues allí se mostrarán imágenes nunca vistas del San José y las pruebas con las que ambas partes se disputan su valioso contenido. Los inversionistas son defendidos por Gibson Dunn, firma estadounidense que ha defendido a empresas como Chevron, CNN y Apple, así como al expresidente Al Gore. No solo están en juicio los intereses de las partes, sino el primer expediente de inversión relacionado con las embarcaciones hundidas en las tierras del caribe, que, así como el San José, cayeron al fondo del mar con una mina de oro.
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