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Este semestre, varias universidades públicas del país se vieron en aprietos para garantizar los cupos de práctica en los hospitales para sus estudiantes de pregrado de medicina y residencia, como llaman a las especialidades médicas. Este panorama, cree Pablo Javier Patiño, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (UdeA), podría repetirse el próximo año, pues los “hospitales públicos han reducido su capacidad instalada o cerrado algunos servicios; eso disminuye la oferta de cupos disponibles”. Si la situación no mejora, una de las soluciones que las instituciones han considerado es la de reducir el número de alumnos que pueden recibir por carrera o posgrado.
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Aunque no es un tema nuevo, en las últimas semanas cobró relevancia por la difícil situación del sistema de salud. A los ojos de Patiño, por este contexto, si bien en la UdeA siguen vigentes los convenios con distintas instituciones, han evidenciado una disminución progresiva en la capacidad de recepción de estudiantes, especialmente en medicina interna, pediatría y ginecología y obstetricia. “Necesitamos más pediatras, más ginecólogos, más internistas. Pero no hay posibilidad de formar más porque no tenemos sitios de práctica suficientes para hacerlo”, advierte, por su parte, Carlos Alberto Villegas, decano de medicina de la Universidad de Caldas.
Un panorama similar se vivió en la Universidad Nacional, donde se han presentado dificultades en los programas de pregrado, principalmente en sexto semestre, y en las especialidades de medicina interna y cirugía. Cristian Rey, jefe de residentes de medicina interna de la Universidad Nacional, fue uno de los afectados. Señala que él, junto con nueve residentes de su posgrado, tuvieron que ser reubicados, lo que implica una “pérdida de la calidad de su formación”. Entre las razones de esas reubicaciones está el tamaño de su programa, porque “es uno de los más grandes de la universidad. Por eso, hemos sido los primeros afectados por la falta de cupos en Bogotá”.
En medicina interna de la Universidad Nacional se ilustra lo que sucede: cada semestre se presentan cerca de 500 aspirantes, pero solo ingresan diez, a los que se les puede asegurar un espacio durante los tres años que dura la residencia. En total, suelen ser 60 estudiantes que requieren práctica constante en hospitales.
Una queja de las universidades públicas
Cuando se reduce el número de cupos habilitados en un hospital, las universidades pueden optar por dos caminos: buscar un nuevo convenio, ya sea con una entidad privada o pública, o apoyarse en sus hospitales universitarios. El de la Nacional, no obstante, ya alcanzó su límite. En la normativa de Colombia hay un apartado que hace referencia a los lineamientos máximos de capacidad instalada, que determina cuántos estudiantes puede recibir un hospital por cama disponible. El hospital universitario de la Nacional tiene 230 camas y no puede admitir más alumnos.
Para José Fernando Galván, decano de medicina de esta institución, ese número es insuficiente para cubrir la demanda. “El hospital recibe cerca del 35 al 40 % de nuestros estudiantes, y debemos ubicar el otro 60 % mediante convenios con hospitales de la ciudad”, agrega. “Grupos que antes eran de tres o cuatro estudiantes ahora pueden ser de seis, siete o más. Eso nos quita oportunidades con pacientes o procedimientos que debemos realizar”, insiste Rey.
En el caso de las residencias, indica Villegas, decano de Medicina de la U. de Caldas —donde hay tres cupos habilitados por cada especialización—, la relación entre el docente y alumno es uno a uno, “porque se requiere un conocimiento más especializado. Un profesor no puede tener tres, cuatro o cinco estudiantes al mismo tiempo si queremos ofrecer programas con calidad”. Ese modelo, continúa, limita naturalmente los cupos disponibles, porque “no hay tantas plazas en las especialidades. No hay suficientes sitios de práctica para recibirlos”.
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Sobre la mesa de varias universidades públicas hay una posible medida que haría aún más complejo estudiar medicina o alguna residencia médica: la de reducir el número de plazas disponibles por semestre. “Si no logramos en este semestre tener una adecuada evolución, seguramente el próximo año tendremos que vernos en la obligación de reducir los cupos que ofrecemos”, señala Galván, quien considera que parte de la crisis se debe al aumento de programas de medicina ofrecidos por universidades privadas. De 63 programas de medicina que hay en Colombia, 18 son públicos; los otros 45 son privados.
Las raíces de una sobreoferta
La génesis de esta situación se remonta a la Ley 30 de 1992, conocida como la ley de educación superior. Con ella se permitió un crecimiento acelerado de las facultades de medicina, ampliando la oferta académica, sostiene Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), que agrupa a 57 instituciones del país. El problema, a su juicio, fue la falta de coordinación con los hospitales, lo que generó una expansión académica sin respaldo práctico. En otras palabras, crecieron los programas, pero no los espacios para las prácticas en los hospitales.
“Un aspecto esencial para la educación de los profesionales de la salud son los cupos para las rotaciones de prácticas, no solo en medicina, sino en otras áreas de la salud, como enfermería, odontología, microbiología”, asegura Ortiz y dice que en la actualidad este tema es mucho más organizado, vigilado y supervisado por el Ministerio de Salud y el de Educación. Por ejemplo, las condiciones de calidad de los programas del área de la salud deben cumplir unas condiciones establecidas, entre ellas están los convenios para garantizar los escenarios de prácticas, añade Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior.
“Acceder a esos escenarios de práctica implica, en la mayoría de los casos, una contraprestación”, detalla Moreno. Es una figura que consiste en unos acuerdos o pactos a los que llegan las universidades con los hospitales y que se basan en convenios de docencia o servicio. Es decir, las universidades retribuyen a los hospitales por la formación de los estudiantes y lo pueden hacer con cupos en educación continuada, simposios, congresos, diplomados, asesorías, descuentos en sus matrículas de posgrado o económicamente.
Esa modalidad, sin embargo, ha puesto “contra las cuerdas” a las universidades públicas, de acuerdo con Galván, pues precisa que, en muchos casos, las instituciones destinan parte del dinero de las matrículas a pagar los cupos hospitalarios. Pone un ejemplo para dimensionar la magnitud de la situación: un plantel puede cobrar entre COP 30 millones y COP 40 millones por semestre y transferir al hospital el 40 o 50 % de ese valor.
La dificultad, en opinión de Moreno, radica en que algunas instituciones pueden cumplir con las condiciones para entregar esa contraprestación, pero otras no consiguen hacerlo con dinero, sino con servicios. Por eso, anota Villegas, de la U. de Caldas, “las universidades públicas esperarían que los hospitales, los centros de atención o las clínicas públicas tengan más facilidad en el tema de los convenios con nosotros. Pero, al final, no es así”.
Desde la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), su presidente, Santiago Moreno, comenta un punto más: debido a ese escenario, han detectado casos de discriminación. Asegura que han recibido denuncias de estudiantes de universidades públicas a quienes se les ha negado la entrada a hospitales o se les ha pedido retirarse durante la atención de pacientes “porque no pagan”.
El ministerio de Educación reconoce que sí ha recibido manifestaciones, solicitudes y preocupaciones por parte de algunos estudiantes y facultades de medicina de instituciones de educación superior públicas. “Consideran que aquí existe un desequilibrio entre las capacidades que tiene alguna universidad pública frente a una privada de acceder a esos escenarios de práctica”, puntualiza el viceministro, pero aclara que, hasta el momento, no hay una sola denuncia formal.
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Otro elemento clave en esta discusión son las finanzas del sistema de salud. Las EPS les deben unas sumas muy grandes de dinero a varias instituciones prestadoras de salud, lo que ha hecho que se vean obligadas a cerrar servicios como pediatría, ginecología u obstetricia. Esos cierres, subraya Patiño, de la UdeA, han reducido la capacidad instalada de la red asistencial, “afectando también a las instituciones que forman talento humano en salud”.
Y aunque en 2021 el Ministerio de Salud publicó los Lineamientos de Referencia para la Asignación de Cupos en Escenarios Clínicos, estos solo sirven como guía técnica y no fijan el número de plazas que deben tener las universidades públicas. En la práctica, los hospitales y clínicas deciden cuántos estudiantes pueden recibir, según su capacidad de atención.
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Por eso, desde distintas universidades piden que se priorice el acceso de estudiantes de instituciones públicas a hospitales públicos y que se creen cupos clínicos garantizados por ley, ya sea mediante la reforma a la salud (que sigue estancada en el Congreso) o a través de una actualización de la ley 1164 de 2007, sobre talento humano en salud.
Lo cierto, afirma Ortiz, de Ascofame, es que el país necesita garantizar que tanto las facultades públicas como las privadas cuenten con escenarios de práctica suficientes y de calidad. De no hacerlo, “la formación médica seguirá enfrentando la misma paradoja, se necesitarán más especialistas, pero no habrá dónde formarlos”.
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