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Una nueva diferencia entre el anterior gobierno y el actual se abrió este viernes por cuenta de las presuntas irregularidades en la entrega de algunos títulos de propiedad de tierras.
El Superintendente de Notariado y Registró del gobierno Uribe, Orlando García-Herreros, rectificó varias de las declaraciones hechas por el actual superintendente, Jorge Enrique Vélez.
Al conocer la versión de que el actual gobierno evidenció los casos de corrupción en los mecanismos de registro y titulación de tierras en cerca de 150 mil hectáreas entregadas de forma irregular porque los registradores de títulos han hecho esto en complicidad “por plomo o por plata”, García-Herreros dijo que esa investigación se inició en el anterior Gobierno.
Según él, la declaración de Vélez sobre las 15 mil hectáreas que se encontraron en Mapiripán, 30 mil en Chocó, 34 mil en los Montes de María y 20 mil en el Oriente Antioqueño, obedecen a preocupaciones que se dieron en el anterior Ejecutivo.
“Los eventos denunciados por el hoy Superintendente, corresponden a hechos que fueron objeto de cuidadosa atención por el Gobierno y la Superintendencia anterior”, aseguró.
Además, aclaró que la ocurrencia de estos, “como lo reconoció el propio Superintendente”, es anterior al gobierno de Uribe.
La polémica todo indica que seguirá, luego de que el Gobierno anunciará un completo revolcón al mecanismo con el cual se eligen los registradores de títulos de tierras. Ahora, serán designados por concurso, según un proyecto de ley.
COMUNICADO
1.- Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos no confieren títulos de propiedad rural ni urbana. Como su nombre lo indica, su función es la de “registrar” los que constan en escrituras públicas o en providencias judiciales o administrativas.
2.- La adjudicación de baldíos no corresponde a los Registradores de Instrumentos Públicos sino al INCODER. El papel de las Oficinas de Registro, en éste caso, se limita a la apertura del folio respectivo con base en la Resolución de adjudicación.
3.- Los Registradores de Instrumentos Públicos no tienen capacidad legal para actuar de “oficio”, su función es siempre “rogada”, es decir, sólo proceden a solicitud de alguien, alguien que solicita un registro o alguien que lo impugna.
Por consiguiente, salvo que exista una complicidad dolosa, la responsabilidad por el despojo de tierras de que puedan ser víctima de terceros, hay que ubicarla en otras esferas.
En cuanto a los eventos mencionados en forma concreta en sus declaraciones, por el señor Superintendente de Notariado y Registro, es bueno precisar:
a) En el caso de Mapiripán: La investigación se inició en el gobierno anterior mediante orden de visita número 38 del 23 de noviembre de 2009 a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta).
b) En el caso del Chocó (Curvarandóy Jiguamiandó) las actuaciones de la Superintendencia datan del año 2007 (Resoluciones 6524 y 6625 del 26 de septiembre de ese año) y culminaron con las Resoluciones 1456 de 4 de marzo y 3746 de 4 de junio ambas de 2008, reconociendo el derecho de las comunidades negras organizadas en los Consejos Comunitarios respectivos.
c) En el caso de los Montes de María, mediante la Resolución 6819 del 25 de septiembre de 2008 se ordenó la intervención de la Oficina de Registro del Carmen de Bolívar y la consecuente investigación administrativa, la que finalmente dio origen a la destitución de la Registradora en noviembre de 2010.
En lo que se refiere a los Registradores destituidos las intervenciones e investigaciones respectivas se iniciaron en Girardota, el 18 de febrero de 2010 (Resolución 1486), en Acacías el 3 de mayo de 2010 (Resolución 3893) y en Carmen de Bolívar el 25 de septiembre de 2008 (Resolución 6819).
Como puede observarse, los eventos denunciados por el hoy Superintendente, corresponden a hechos que fueron objeto de cuidadosa atención por el Gobierno y la Superintendencia anterior y cuya ocurrencia, como lo reconoció el propio Superintendente, es anterior al Gobierno del Presidente Uribe.
Hago estas precisiones porque en la opinión pública puede haberse generado dos ideas, igualmente erróneas: Que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país son un inmenso foco de corrupción y que la Superintendencia anterior fue permisiva frente a conductas censurables cuando, por el contrario, actuó oportunamente en los correctivos pertinentes.
ORLANDO GARCÍA-HERREROS SALCEDO
Ex Superintendente de Notariado y Registro.
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