Ley de víctimas radicada por fin en Senado

Aunque esta última colectividad presentó nueve proposiciones modificatorias al texto que radicó el liberalismo, el punto de honor será la atención de los afectados por el conflicto armado. En la ponencia se plantea la creación de la Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pero la U se niega a acompañar este punto y ratifica su intención de que siga siendo Acción Social, de la Presidencia de la República, la entidad que preste dicha labor.

Para algunos se trata de un debate de menor importancia, pero lo cierto es que existe un trasfondo político que augura una fuerte polémica. Para nadie es un secreto que para el Partido Liberal todo lo que tenga que ver con el expresidente Álvaro Uribe le huele mal. No en vano formaron parte de la oposición durante sus ocho años de mandato y saben que los ciudadanos —en especial los más de cuatro millones de colombianos que podrían verse beneficiados con la aprobación de la ley de víctimas— relacionan a Acción Social con el exmandatario.

Además, la iniciativa concluiría su trámite unos cinco meses antes de las elecciones de autoridades locales y regionales de octubre, y los rojos no están dispuestos a que, como se denunció en los comicios presidenciales y en el Congreso, parlamentarios de la U utilicen este programa como ‘caballo de batalla’ electoral en favor de sus candidatos.

“No sé si la intención del Partido Liberal sea eliminar Acción Social para atacar al Partido de la U y al expresidente Uribe. No me sorprendería que esa fuera su motivación detrás del montaje de ese costoso aparato burocrático que propusieron, pero las víctimas no pueden pagar los platos rotos de esa venganza política (…) las víctimas necesitan un aparato institucional que empiece a atenderlos al otro día de promulgada la ley. Ya existe una entidad que lo hace muy bien y por eso vamos a mantener el apoyo a Acción Social”, advirtió el senador Roy Barreras, de la U y ponente del proyecto.

Para Barreras, la idea de crear la Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se podría convertir en una “burla” para los beneficiarios, porque sólo retrasaría la implementación de la norma. “La propuesta liberal implicaría crear un nuevo aparato que aplazaría la aplicación de la ley por lo menos un año”, agregó. Según el congresista, las proposiciones modificatorias tienen como fin “mejorar la ley, que sea más seria, fiscalmente responsable y que garantice una reparación ágil”.

En respuesta, el senador liberal Juan Fernando Cristo, coordinador de ponentes, aseguró que más allá de la controversia política está la posibilidad de que más de cuatro millones de víctimas del conflicto tengan acceso a una reparación eficaz y oportuna. “Por eso tomamos la decisión de radicar la ponencia, hablando y llegando a consenso con los demás partidos. Las diferencias que tengamos serán solucionadas en el transcurso de los dos debates que le restan en el Senado. La U puede dar su pelea y que la voten”.

Cristo negó que se quiera frenar por parte del liberalismo la tarea de Acción Social: “Lo que hace el articulado de la ley es reubicar y armar en una sola entidad a los funcionarios de Acción Social, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y del Ministerio del Interior y Justicia que tienen que ver con el tema”. Reconociendo, eso sí, que se tendrá que crear nueva burocracia para atender a las víctimas: “Esa es la realidad. No se puede decir que no”.

La agencia de la discordia

El siguiente es el artículo de la iniciativa que ha dividido a liberales y miembros de la U:

“Artículo 47. Ayuda humanitaria. En desarrollo del principio de solidaridad social, las víctimas de que trata la presente ley recibirán ayuda humanitaria con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en el que las alcaldías municipales o distritales correspondientes tengan conocimiento de la misma.

Esta ayuda humanitaria será prestada por la Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro del marco de sus competencias de acuerdo con lo establecido en la Ley 418.

Parágrafo 1°. La ayuda humanitaria seguirá siendo entregada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, hasta tanto se le garanticen los recursos a la Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que ésta empiece a otorgarla.

La Agencia Presidencial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas deberá entregar la ayuda humanitaria a través de mecanismos eficaces y eficientes, asegurando la gratuidad en el trámite y que los beneficiarios la reciban en su totalidad y de manera oportuna”.