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Algunos acusan a la izquierda de todos los males de Bogotá y evocan la época dorada de Peñalosa como el paraíso al que debemos volver.
Pero no todo lo que hizo la izquierda fue tan desastroso ni todo lo que hizo Peñalosa debe repetirse. Los gobiernos de izquierda, en coalición con otros partidos, establecieron medidas sin precedentes para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) en Bogotá y este es un patrimonio común que debemos preservar.
La historia comienza en la campaña presidencial de Luis Eduardo Garzón en el año 2002. El entonces candidato por el Frente Social y Político suscribió un acuerdo con organizaciones del movimiento LGBT para apoyar los derechos de este grupo si llegaba a ser presidente. Lucho perdió la presidencia, pero dos años después ganó la Alcaldía de Bogotá e inició el proceso de incorporar estas políticas. Recuerdo que Lucho estaba obsesionado con que debía territorializarse la política para las personas LGBT. Él quería que Chapinero fuera el centro de estas acciones y encargó a Angélica Lozano, como alcaldesa local, de llevarlas a cabo.
Así inició el primer centro comunitario LGBT de Bogotá: con la voluntad política de Lucho, unos pequeños fondos de la alcaldía local y el apoyo de tres organizaciones: Colombia Diversa, Theatron y Profamilia. Esta invención del activismo con el apoyo del gobierno distrital generó muchas más políticas públicas para garantizar los derechos LGBT en Bogotá. De hecho, el Concejo de Bogotá apoyó estas acciones con el Acuerdo 371 del 2009 que institucionalizó esta política. Esta iniciativa tuvo apoyos de concejales desde distintas orillas políticas: Carlos Vicente de Roux, Gilma Jiménez, Carlos Fernando Galán, María Isabel Nieto, Lariza Pizano, entre otros.
Estas acciones permitieron a la ciudad tener un marco normativo para llevar adelante las políticas, funcionarios y recursos públicos. También hay que reconocer que en la administración de Gustavo Petro se ha fortalecido aún más esta política por su compromiso político con el tema. De hecho, Bogotá cuenta con dos centros comunitarios LGBT (Teusaquillo y Mártires) y una casa refugio para víctimas de la violencia. Tiene además muchas acciones que han impactado sectores estratégicos como la educación y algunos temas de convivencia.
Las políticas públicas a favor de las personas LGBT en Bogotá deben continuar sin importar quien sea electo el próximo domingo. Los tres candidatos punteros en la campaña (López, Pardo y Peñalosa) tienen buenas credenciales para continuar con estas políticas y se esperaría que construyeran sobre lo construido. Peñalosa tuvo un grave error en la campaña pasada cuando hizo un acuerdo con la Misión Carismática Internacional, pero hoy ese grupo está con Pacho Santos. Por el contrario, López y Pardo han sido consistentes defensores de la diversidad sexual desde sus distintos cargos. Aunque el interés y prioridad sobre este tema varía según el candidato, los tres (incluyendo a Peñalosa con su descache) me parecen progresistas en este asunto y tienen equipos de trabajo que no permitirán el retroceso.
La siguiente administración debería fortalecer aún más los centros comunitarios y la casa refugio como ejes de la política pública LGBT, pero también debería priorizar algunos asuntos que son necesarios para la ciudad. En primer lugar, establecer un plan de violencia policial cero, para que ningún policía de Bogotá agreda física ni verbalmente a las personas LGBT, no se comentan detenciones arbitrarias, ni expulsión del espacio público y por el contrario sean aliados permanentes cuando sufran hechos de violencia y discriminación. En segundo lugar, la nueva administración debería implementar un plan masivo y bien financiado para hacer de los colegios de Bogotá un ejemplo de convivencia y reconocimiento de la diversidad sexual. En este aspecto la Secretaría de Educación ha iniciado un gran trabajo que debe continuar. En tercer lugar, nuestras calles deberían ser lugares para vivir sin miedo a la violencia y la discriminación. Como comenté en mi columna anterior la ciudad es fundamental para las comunidades LGBT y es precisamente Bogotá es una de esas ciudades dónde las personas LGBT no habitan el espacio público con tranquilidad y libertad. Finalmente, la nueva administración podría estimular políticas contra la discriminación en el trabajo – tanto en las instituciones distritales y en las empresas privadas – y crear una alianza propositiva con la Cámara de Comercio de Bogotá para comprometer al sector privado contra la discriminación.
Bogotá podría ser la capital suramericana de la diversidad sexual y para ello la próxima administración debe preservar la política LGBT de Bogotá, un legado del cual la izquierda colombiana puede estar orgullosa.
*Investigador de Dejusticia. malbarracin@dejusticia.org – @malbarracin
Para tener información sobre los programas de los candidatos de su ciudad sobre los derechos LGBT puede consultar la campaña Voto por la Igualdad (una iniciativa de Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación y Sentiido).
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