Reelección de alcaldes y gobernadores, una vez más

Aprobada la reelección inmediata del presidente, se dice que es de sentido común, acaso un tema de igualdad, suscribir la de alcaldes y gobernadores. Argumento bastante falaz por cuanto, como bien lo explicó hace un tiempo el historiador Eduardo Posada Carbó, “en cualquier orden constitucional pueden coexistir sistemas de elecciones diversos”. Agréguese a ello que una reelección presidencial es diferente, y bastante más sencilla, que la de alcaldes y gobernadores. Sobre un presidente, cualquiera sea su popularidad, puede hacerse un control ciudadano que es riguroso. Incluso implacable. No pasa lo mismo con los gobernadores y alcaldes, cuyos mandatos no siempre son objeto de una veeduría ciudadana.

Igual ocurre con el otro gran lugar común que se utiliza para defender la propuesta y que, con cada nueva legislatura, asume diferentes formas, todas retóricas: la democracia requiere de una profundización; donde mejor se expresa la democracia es en las regiones; el pueblo tiene el derecho a elegir si castiga o premia a sus gobernantes, etc. Se omite acá, deliberadamente, la lucha violenta por los poderes locales. Y no es sólo la seguridad, también preocupa la corrupción.

Difícilmente podría explicársele, entonces, a un observador desprevenido las razones por las que, desde el propio Gobierno, se impulsa obstinadamente una propuesta que no tiene en cuenta los alarmantes resultados —todavía inciertos— de las pasadas elecciones legislativas. A las denuncias por fraude, que ya fueron confirmadas, en Valle, Atlántico y Bolívar, se suma ahora Córdoba, Magdalena, Chocó, Sucre, Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Santander. En materia de gobernadores, pese a que los hay muy sobresalientes y que con seguridad ameritarían una reelección, la misma semana en que el Gobierno radicó su propuesta y las autoridades electorales adviertieron de innumerables inconsistencias en la pasada contienda electoral, la Procuraduría anunció nuevas destituciones por malos manejos de los dineros públicos, las licitaciones y los contratos públicos. Los gobernadores de Putumayo, Casanare, Cauca, Bolívar y Chocó ya han sido retirados de sus cargos.

Con todo, hay quienes insisten en que en los Estados Unidos y Europa la figura es funcional, luego no hay razones de fondo para que aquí, en Colombia, no se la pueda adoptar. Como si realmente existiesen características políticas similares entre los países comparados. Olvidan que fenómenos como el de los caudillos locales entronizados en el poder y  la difundida compra de votos, además de la presión que ejerce el dinero del narcotráfico, no están presentes en las realidades políticas de otros países.

Con la misma decisión política con que se defiende la voluntad del pueblo y el derecho que tiene a tomar sus decisiones de manera soberana, debería también incentivarse una ley que facilite la revocatoria del mandato de quienes ostentan el poder. Este es un mecanismo consagrado en la Constitución del 91 que no ha sido estrenado, y sin embargo ya estamos pensando en eternizar a quienes nos gobiernan.