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Que se investigue penalmente la presunta responsabilidad del alcalde de Bogotá Samuel Moreno y del exministro de Transporte Andrés Uriel Gallego en el carrusel de la contratación, solicitó la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación.
Para la Sala Penal, se debe indagar la veracidad de las denuncias de los contratistas, que aseguran que el burgomaestre recibiría una participación del 2 % en el valor del contrato de la Fase Tres de Transmilenio, por parte del Grupo Nule.
Así mismo, solicitó que se efectúan los averiguatorios que sean del caso, respecto a la presunta responsabilidad de Gallego en las irregularidades que se habrían dado en el marco de la concesión de la Ruta al Sol.
Para este fin, la Sala compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, que deberá ordenar la práctica de pruebas que considera conveniente, a fin de establecer si hay lugar a investigar a los dos funcionarios.