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La diligencia, prevista para ayer y a la que no asistieron los indiciados, fue reprogramada para estudiar la petición que hizo su abogado de celebrarla en Santa Marta.
El argumento del defensor de los Vives consistió en que existe un conflicto de jurisdicción, pues según el Código de Procedimiento Penal, la audiencia de garantía se debe llevar a cabo en la localidad donde se cometió el presunto delito. En este caso, según el abogado, los hechos que investiga la Fiscalía ocurrieron en la capital del Magdalena y no en Bogotá.
La instalación de la audiencia, en la que el abogado hizo la solicitud, fue a puerta cerrada, ya que el juez, Javier García Prieto, negó el acceso a la prensa. García Prieto protagonizó un enfrentamiento con los periodistas, momentos antes de la diligencia, al lanzar su toga a un camarógrafo que lo estaba filmando.
A los 10 miembros de la familia Vives Lacouture se suman cinco de la familia Dávila, que estarán en audiencia de imputación el próximo viernes a las 7:30 a.m., en el complejo judicial de Paloquemao. A ellos también los investigan por la presunta forma irregular como accedieron a los beneficiarios del programa.
Por su parte, la exseñorita Colombia Valerie Domínguez Tarud, también vinculada al proceso, estará hoy en interrogatorio ante el fiscal que adelanta la investigación.
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