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El gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, pidió 30 días más para estudiar y decidir si se le otorga o no inmunidad al expresidente Álvaro Uribe, llamado a declarar como testigo dentro del proceso judicial que se le sigue a la multinacional del carbón Drummond por su presunta alianza con grupos de autodefensa y la muerte de varios sindicalistas colombianos.
El pasado viernes se venció el plazo para que se decidiera sobre dicha inmunidad, tal y como lo solicitó el embajador de Colombia en Washington, Gabriel Silva. Y efectivamente, ese día —en horas de la tarde— el Departamento de Estado le pidió al juez del proceso, John Bates, la prórroga de 30 días para dar una respuesta.
El abogado de Uribe en Estados Unidos, Gregory B. Craig, ha dicho que las leyes de inmunidad amparan a su cliente como exmandatario y que someterlo al interrogatorio perjudicaría las relaciones de Washington con el actual presidente Juan Manuel Santos.
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia le pidió en diciembre al Departamento de Estado no extender la inmunidad a Uribe, alegando que ello “crearía un lamentable precedente en contra de la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de la víctimas”.
En 2009, familiares de sindicalistas asesinados por paramilitares demandaron a la Drummond, acusándola de haber financiado dichos crímenes. En caso de que la inmunidad sea negada, el expresidente Uribe tendría que participar como testigo.
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