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Muchas de las entradas a las favelas de Río de Janeiro tienen dos señales particulares y complementarias: en las vías principales que comienzan a empinarse están los centros de despacho de los mototaxis, que son casi el único transporte público hacia las lomas. Decenas de hombres en moto, con sus chalecos respectivos, y un gran tablero con los precios a todos los barrios marcan las puertas principales. Para todo el mundo es claro que las mafias controlan el negocio que sirve a la vez como estrategia de vigilancia y control. En agosto pasado, la policía de Río desmontó una aplicación pirata llamada Rotax Mobili que atendía el transporte en Vila Kennedy, una favela al oeste de la ciudad. La innovación era manejada por el Comando Vermelho, el grupo ilegal más poderoso de la ciudad. La policía calcula que en esos tres meses los dueños obtuvieron ingresos mensuales por un millón de reales, unos 740 millones de pesos.
El otro elemento distintivo en las calles bajas de las favelas son las barricadas, “puertas” de hierro listas para ser cerradas cuando comienzan las operaciones militares y policiales. Grandes barras de hierro horizontales, con sus goznes pesados y su estética de fortaleza militar medieval, también las hay en verticales, barras de hierro que se introducen en orificios profundos en la calle. Todas están rodeadas de llantas viejas que serán el combustible de esas puertas de hierro y fuego.
La violencia policial en las barriadas de Río se registra desde hace treinta años. En octubre de 1994 y mayo de 1995, dos operativos policiales en Nova Brasilia, uno de los barrios que componen el Complexo do Alemão, dejaron 28 muertos y tres mujeres violadas. En 2017, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por los hechos. Era apenas el comienzo, en 2010, el gobernador del estado de Río, Sergio Cabral, inspirado en las Operaciones Orión y Mariscal en Medellín, dirigió el más grande operativo hasta el momento. Se coparon más de 48 entradas a los barrios, la toma incluyó tanques blindados y seis helicópteros artillados para apoyar la ocupación. La operación dejó 37 civiles muertos, 118 detenidos, 518 armas incautadas.
Era el inicio de una estrategia que buscaba quitar el poder social y económico a las mafias organizadas y meter la policía en tierras ajenas. Nacían las Unidades de la Policía de Pacificación (UPP). Pero no llegó la paz sino la guerra declarada entre mafias y Estado, y una violencia oficial indiscriminada y racista contra los favelados, que estalla varias veces al año con operativos sangrientos. El Estado no recuperó nada, pero ganó en miedo, desconfianza y odio.
Hoy muchas de las estructuras de las UPP están abandonadas o son simples miradores donde los policías miran sin ver. El Estado es cada vez más recelado en los cerros de Río, los barrios son cada vez más cerrados, la sensación de brutalidad y racismo por parte de la policía ha hecho de las favelas territorios hostiles a todo lo institucional. Por su lado, los grupos armados, Comando Vermelho y Amigos dos Amigos tienen cada vez más poder. La policía de Río es una máquina de matar. El año pasado mató a 699 ciudadanos y, en 2019, llegó a la escandalosa cifra de 1.814 bajas. Cerca del 80 % de los muertos son negros. En abril de este año, un fallo del Tribunal Supremo exigió reducir la letalidad de los operativos. La respuesta fue la Operación Contención que dejó más de 120 muertos en el Complexo do Alemão y el Complexo da Penha.
Hace seis meses estuve doce días en Río en un trabajo periodístico por seis favelas de la ciudad. Queda la sensación de que esas fortalezas solo tienen contacto con el Estado, y con una buena parte de la sociedad, cuando viene el momento de las chispas, el plomo y la sangre. Luego queda la desconfianza, el resentimiento, el dolor y la preparación para el próximo choque.
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