Ojo por ojo, caos seguro

Los gritos despertaron el domingo en la noche a los pocos vecinos del barrio La Florida que no estaban ya en la calle. Como en las películas, como en el Medioevo, la turba iracunda se movilizó en masa hasta el CAI del sector. Adentro, además de unos cuantos policías armados de valor, se encontraba un presunto violador de niños. Los vecinos clamaban justicia y estaban decididos a conseguirla. En el ambiente había una nube de ira, un descontento lo suficientemente grande como para que la gente de todo un barrio saliera de sus casas en medio del frío de la noche, a hacer valer la justicia del pueblo.

Los policías, ampliamente superados en número por los enardecidos ciudadanos, salieron a defender al presunto violador: culpable o no, era su deber. En esos casos, cuando la ira colectiva impide un proceder racional, cuando unos pocos hombres armados defienden algo ampliamente impopular, las cosas pueden salirse de las manos, o más bien, pasar a ellas. Para fortuna de todos, en especial para el hombre custodiado por los uniformados, los ánimos se calmaron cuando éste fue trasladado del CAI por las autoridades. La suerte estuvo de su lado esta vez. No siempre es así.

En la madrugada del 25 de agosto, un grupo de taxistas coordinó sus acciones a través de los radioteléfonos para aprehender a unos ladrones que, momentos antes, habían asaltado a otro conductor. Mediante llamadas por los radios, y con movimientos ágiles por las calles de la ciudad, los taxistas encontraron rápidamente a los asaltantes. La búsqueda fue veloz y certera; la venganza, implacable. Minutos después el cadáver de uno de los ladrones yacía en el pavimento.

Esa fatídica madrugada, una vez más, la gente, llena de violencia y fastidio, encarnó la justicia; esa vez la dama con la venda en los ojos cambió la balanza y la espada por los puños, los bates, las crucetas, lo que fuera. Al rato, alertada por los mismos taxistas, o la gente de los alrededores, llegó la policía. A la fuerza, de nuevo, arrancaron de las manos de los verdugos a otro de los ladrones; un tercer implicado logró huir.

En los últimos meses son más frecuentes los casos en los que una comunidad, exacerbada por varios factores, emprende la búsqueda de justicia, de compensación, de resarcimiento de un daño público por sus propios medios. Los linchamientos son figuras que, día a día, salen a relucir, no sólo por su aparente eficacia, sino por su alarmante frecuencia. En un país donde el 70% de los colombianos no accede a la justicia, bien sea porque no creen en ella, no es eficiente o porque no saben cómo, según cifras de varias ONG, el tema de la justicia de propia mano puede ser algo, además de preocupante, peligroso.

¿Qué pasa cuando una sociedad decide administrar justicia por su propia cuenta? ¿Qué la impulsa a saltarse los canales regulares para restaurar el orden? Ambas son preguntas que filósofos como Rousseau o Hobbes intentaron responder mediante la postulación de figuras como el Contrato Social o el Leviatán. En últimas, los dos pensadores, de alguna u otra forma, delegaron la obligación de administrar justicia, de resarcir los daños, imponer un orden, usar la fuerza para beneficio de una mayoría, en el Estado, esa figura abstracta y amorfa que en muchas ocasiones brilla por su ausencia. O al menos así lo han percibido aquellos ciudadanos que querían linchar al violador o los taxistas que decidieron saldar las cuentas de forma inmediata.

“Salvo en los casos de legítima defensa, que están establecidos muy claramente en el Código Penal, la justicia de propia mano significa volver a un estado natural de las cosas del cual tanto el Contrato Social, como lo dicho por Hobbes, pretenden

sacarnos. Cuando una persona acude a lo que podríamos denominar como la autotutela, es porque siente que hay fallas en la seguridad, piensa que la protección del Estado no es suficiente. Ninguna comunidad puede tomarse la justicia en sus manos; tan sólo en casos excepcionales, contemplados dentro de la misma ley”, afirmó el ex magistrado de la Corte Constitucional, y actual presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria.

Por su parte, el también ex magistrado de la Corte José Gregorio Hernández explicó: “Estos son síntomas preocupantes acerca de la efectividad que pueda tener en la práctica nuestro sistema de administración de justicia. Diríase que en la medida en que la administración de la misma no opera, que hay impunidad y falta de resultados, la gente tiende a buscar justicia por propia mano. Es como lo hemos visto en tantas películas, en donde el individuo vengador quiere sancionar al delincuente que lo ofendió porque no encontró respuesta entre los jueces. Estos hechos son un campanazo de alerta. Sin duda lo que ha venido ocurriendo tiene que ver con si, en la realidad, la administración de justicia no está funcionando, o cuando menos no en todos los casos”.

Una sociedad que ejecuta una justicia inmediata, sin mediación de terceros idóneos para ello, como un juez o un jurado, se convierte en un lugar invivible, en donde no se busca darle a cada cual lo que le pertenece, sino en donde el castigo y la represión son la norma, más allá de que sean justificados o no. Ser juez y parte es, a todas luces, una postura poco defendible, moral y prácticamente cuestionable.

La administración de justicia, así como el monopolio de las armas y la fuerza, está en manos de un todo llamado Estado por una razón: el mismo principio de inocencia y de debido proceso que protege al culpable, puede salvar al inocente. En últimas, el establecimiento de unos principios generales de protección, de unos protocolos sociales de comportamiento, es lo que protege a todos los ciudadanos. Delegar las funciones de juez y verdugo en las manos de los afectados puede abocar al caos absoluto, a la ley del más fuerte.

Casi linchan al “Diablo”

El supuesto asesino de Evelyn Rivas, una empresaria de conciertos colaboradora de la revista ‘Shock’, estuvo a punto de ser linchado por la comunidad del barrio Girardot, cuando las autoridades lo arrestaron. También en ese caso la intervención de la policía fue lo que salvó a “El Diablo”, como se apodaba Cristian Alejandro Muñoz González, que según los uniformados fue quien acabó con la vida de Rivas.

Los vecinos del sector, al ver que uno de los maleantes más conocidos de la zona era por fin aprehendido por las autoridades, intentaron devolver a punta de golpes un poco del mal que  habría llevado al barrio.