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Millones de estadounidenses continúan aprendiendo a la fuerza que, de una u otra manera, necesitan al gobierno federal para desarrollar la gran mayoría de sus actividades. Isaac Carp y su prometida, Stephanie Bartner, por ejemplo, tenían planeado casarse el pasado sábado en Washington D. C. Todo estaba listo.
Las invitaciones estaban enviadas, la decoración estaba preparada … Si buscan sus nombres en internet, pueden acceder a su lista de regalos en la tienda Bloomingsdale’s. Pero ahora que el Tribunal Superior de la capital no puede expedir licencias de matrimonio, por el cierre del gobierno y la falta de personal, los planes de Carp y Bartner tuvieron que cambiar.
“Nos acercamos al juzgado y vimos que a las 8:30 de la mañana les negaban la entrada a parejas”, dijo Carp.
Otro caso similar se presentó en Tennessee, donde Heather Mullins pretendía casarse con su esposo en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Sin embargo, nadie en el lugar le contestaba sus llamadas para ultimar los detalles de la ceremonia. Al igual que otros parques nacionales, este se quedó sin personal suficiente que atienda comunicaciones o que limpie los montones de basura que se han acumulado, abra los caminos y les haga mantenimiento a los baños.
Incluso morirse está siendo difícil en la actualidad. En los cementerios de Michigan, administrados por la Administración Nacional de Cementerios del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, no se pueden poner lápidas nuevas o limpiar las antiguas.
El cierre también acabó con el deseo de los veteranos que esperaban con ansias las conmemoraciones del Día de los Veteranos, que ocurren el segundo martes de noviembre. A una semana del feriado, el Cementerio Nacional de Dallas-Fort Worth, en Texas, canceló las ceremonias porque los mástiles y las banderas guardadas para esta están en un cuarto con llave, el cual solo puede ser abierto por un empleado del gobierno. Y no hay.
No hay una sola actividad de la vida cotidiana de los estadounidenses que no se haya visto trastocada por el cierre del gobierno hasta ahora. Desde los aeropuertos hasta los comedores infantiles, pasando por los laboratorios de salud pública, hasta las ventanillas de préstamos, todo el país ha sentido el efecto dominó de un sistema paralizado por la falta de acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto nacional.
En las grandes ciudades la crisis es silenciosa, pero palpable. En Nueva York, por ejemplo, los museos y proyectos culturales financiados con fondos federales ajustaron sus horarios para lidiar con la falta de personal. Pero en pueblos rurales, donde el gobierno federal es el principal empleador, los efectos del cierre han sido más pronunciados, congelando economías locales enteras.
“He notado un impacto mayor en mi camión de comida que en mi restaurante físico… la gente no está yendo a tantas ferias, festivales o eventos familiares porque no tiene dinero. Los eventos en los que he participado los últimos dos años ahora tienen un 50 % menos de asistentes. La falta de beneficios, cupones de alimentos, está golpeando fuerte este mes, así que estoy seguro de que veré una diferencia en las ventas en los próximos meses”, contó Julianne Donahue, dueña de Greer’s chicken en Bristol, Connecticut.
Solo en este estado, al menos el 10,6 % de la población total, o unas 391.200 personas, es decir, uno de cada nueve habitantes, según el año fiscal de 2024, dependen de los cupones alimentarios que ofrece el gobierno federal para sobrevivir. Ahora, sin saber qué hacer por el cierre, han sido organizaciones como la Iglesia las que mantienen a flote a la comunidad.
“El arzobispo donó USD 500.000 para ayudar un poco más a los bancos de alimentos, pero la gente no sabe qué hacer”, declaró Israel Rivera, párroco de St. Joachim Parish en New Britain.
El ritmo de un país que confiaba en la burocracia del Estado hoy se volvió impredecible. Pero aunque los efectos hasta ahora han sido amplios y cada vez más notorios, la historia nos indica que lo peor podría no haberse sentido aún. No solo porque a medida que el cierre se extiende, las condiciones son más visibles: el Departamento de Transporte informó el martes que podría cerrar ciertas partes del espacio aéreo debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo, justo cuando se inaugura la temporada de fiestas, elevando la alerta de la industria del turismo; pero, por otro lado, las consecuencias reales llegarán cuando el gobierno se reactive.
En 2019, cuando el gobierno federal se mantuvo cerrado durante 35 días (el más largo en la historia del país hasta el de 2025), la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó pérdidas de USD 11.000 millones, de los cuales casi USD 3.000 millones nunca se recuperaron.
El turismo cayó, las contrataciones se paralizaron y miles de trabajadores federales tardaron meses en reequilibrar sus finanzas personales. Los contratistas que limpian oficinas gubernamentales, los guardias de seguridad o los técnicos de mantenimiento tampoco cobran y, a diferencia de los empleados federales, no tienen garantizado el pago retroactivo. Muchos habían recurrido a préstamos o tarjetas de crédito para sobrevivir, igual que ahora.
El cierre es la prueba más tangible de cómo una decisión en el Congreso puede interrumpir el pulso diario de un país entero. ¿Hay forma de evitar que esto vuelva a ocurrir? Varios expertos y legisladores lo han intentado. En el Congreso, algunos han propuesto leyes para automatizar la financiación federal en caso de bloqueo político, de manera que las agencias sigan operando mientras los legisladores negocian. Pero la propuesta, como tantas otras, se hundió en la misma parálisis que pretende resolver. Por ahora las negociaciones siguen.
El martes, el Senado rechazó por decimocuarta vez la medida provisional impulsada por los republicanos para terminar con el cierre.
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