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Al bajar la estación Caribe del Metro se llega a una montaña que antes era el jardín más grande de Medellín. Es el morro de Moravia, que además ha pasado por varias transformaciones, cuatro para ser exactas: cuando era laguna en los años cincuenta, basurero de la ciudad entre los setenta y ochenta, luego jardín comunitario en 2013, y sitio de reasentamientos informales hoy. Eso quiere decir que queda poco, por no decir nada, de lo que alguna vez fue uno de los procesos de restauración ambiental más reconocidos del mundo. Javier*, uno de los integrantes de la comunidad, camina hasta la entrada del morro, que ahora parece escondida: al atravesar unos paneles de colores se ve una hilera de escaleras. A los lados, maleza y basura. “Esto es lo que queda de los Jardines Comunitarios” (Lea también: ¿Podría vivir un mes sin agua? A la mitad de la población mundial ya le toca hacerlo).
El morro no es una montaña natural. Queda en el nororiente de Medellín y fue levantándose hasta tener más de 30 metros con los desechos que allí depositaban por ser el basurero de la ciudad. Eso hizo que acumulara 1.500.000 toneladas de residuos, con la gran diferencia de que en el morro también habitaban 1.700 familias en casas que ellas mismas construyeron. En 2013, durante la alcaldía de Aníbal Gaviria, las desalojaron a todas, demolieron sus casas y construyeron los Jardines Comunitarios. En la cara de la montaña que da hacia la estación Caribe y el río Medellín, se sembraron hileras de bromelias, palmas y bifloras, junto a tanques para tratar residuos sólidos que hacían parte de la restauración vegetal de la montaña. También se construyeron caminos y se levantaron paneles en los que se grabaron algunas palabras que la comunidad de Moravia escogió: resistencia, hogar, resiliencia y amor fueron algunas.
Pero, casi 10 años después, la situación en el morro volvió a ser la misma: mucho antes de la pandemia en 2020, personas llegaron para asentarse de manera informal y Javier recuerda que “nadie dijo nada, nadie hizo nada. Simplemente, llegaron aquí gracias a los grupos armados ilegales que tienen presencia en el territorio” (No se pierda: Por primera vez en 100 años el Herbario Nacional será dirigido por una mujer).
Alejandro Echeverri, arquitecto y uno de los creadores del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad Eafit (Urbam), dijo que eso sucedió, en parte, porque durante las últimas alcaldías se abandonó el proceso de los Jardines Comunitarios. “Cuando llegó la pandemia, que de por sí generó un proceso de desplazamiento interno en la ciudad, volvieron a aparecer una gran cantidad de grupos ilegales que negocian con el suelo y venden zonas a migrantes. Empezaron a vender los Jardines Comunitarios y, aunque los habitantes lo denunciaron muchas veces a la Alcaldía de Medellín, hoy están ocupados igual o peor que hace 30 años. Esta es una zona de alto riesgo para las comunidades”.
Según las cuentas que hizo la Alcaldía en 2021, se estimaba que más de 40 familias se tomaron el lugar. Pero, al caminar por el morro, alcanza a verse que son muchas más. “Yo calculo unas 400 casas”, dice Javier. Algunas están terminadas y otras apenas están en proceso. Por eso es que suben y bajan hombres constantemente con costales de arena en los hombros, otros martillan las bases de una estructura que todavía no ha cobrado forma y unos pocos se aíslan para estucar los muros de habitaciones en obra gris.
Hay zapatos tirados por todas partes y mucha basura. Envases de botellas, servilletas, envolturas de comida y colillas de cigarrillos. Al caminar, se escucha el chocar de los rieles del metro mientras les pasa por encima un tren. De resto, todo es silencio y sonrisas de mujeres y niños hasta que más allá, en uno de los corredores por donde se estrechan las casas a medio construir, se escucha el eco de una guaracha. “Ojo con tomar fotos acá, porque están los de la vuelta”, dice Javier.
Cuando Javier habla de “la vuelta” se refiere a los hombres que pertenecen a las bandas delincuenciales que comenzaron el reasentamiento. Aunque no se han censado de manera oficial las personas que ahora viven allí, Javier* cuenta que, en su mayoría, fueron migrantes. “Los grupos al margen de la ley les arrendaban pedazos de tierra en el morro e incluso también les ofrecían construir las mismas viviendas, así hacían negocio” explica él.
Echeverri recuerda que, cuando se empezó a invadir el cerro, personas asociadas a los procesos sociales de Moravia, como el Centro de Desarrollo Cultural, abierto en 2008, sufrieron mucho. “Los líderes no podían enfrentarse a personas del crimen organizado”, explica Echeverri.
Una de las pocas cosas que permanece de los Jardines Comunitarios es el vivero que está en la cima del morro: tiene una cubierta blanca y mesas con diferentes plantas, como suculentas, bromelias, bifloras, orquídeas y fanelopsis. El vivero permanece con vigilancia de la empresa Buho, pagada por la Alcaldía de Medellín, durante las 24 horas. “Todavía somos muchas personas las que cuidamos del territorio”, dice Javier.
Eso puede verse en las mujeres que conforman el colectivo Jarum, que ha permanecido en la montaña desde 2013. Sus principales labores hoy en día son la siembra y la reforestación de hectáreas del morro. También hacen talleres y actividades educativas con los niños del sector. “Eso lo hacemos para que ellos tengan otros entornos y actividades para desarrollarse. Además, es importante que aprendan a separar los residuos”, dice Juliana*, una de las integrantes de Jarum.
El jardín del colectivo está compuesto por un camino de piedras bordeado con llantas de colores. Hay canecas con tierra donde están sembradas algunas plantas y una pancarta con una silueta de abeja en la entrada principal. En el centro están los restos de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Ese fue uno de los esfuerzos que se utilizaron para restaurar la montaña luego de que dejara de ser basurero municipal en 1984. “Se instalaron tres PTAR para fitorremediar y así recuperar el suelo contaminado para permitir el crecimiento de vegetación”, dice Javier. Ese crecimiento fue efectivo y es evidente: se vio con la creación de los Jardines Comunitarios, y se ve hoy todavía, con los nuevos asentamientos construidos entre la maleza que ahora brota naturalmente de la tierra.
Sin embargo, al lado de la sede de Jarum hay una casa casi terminada de construir. Javier la señala, “eso no estaba así hace un mes. Sin contar que ese pedazo de tierra era parte de Jarum. Nos contactamos en ese momento con las autoridades responsables de la Alcaldía de Medellín, pero no obtuvimos respuesta”.
La Alcaldía tampoco respondió las preguntas que enviamos desde El Espectador sobre el estado actual del morro de Moravia, las estrategias futuras para hacerle frente a la invasión y planes alternos para recuperar -o imitar- el proceso de los Jardines Comunitarios, que, como cuenta Echeverri, fueron una conquista comunitaria. “La cosa es que a todo el mundo se le olvidó lo que pasó en el morro. Denunciaron las invasiones cuando pasaron, sí, ¿pero hoy? Ya nadie habla de eso, nos sentimos solos”, dice Javier.
¿Cómo se crearon los jardines comunitarios?
Santiago* tenía su casa en el morro, pero, para la construcción de los Jardines Comunitarios, la Alcaldía de Medellín le pidió desalojarla. Antes de despedirse, convocó a todos sus vecinos, colgó una bandera de Colombia de 3 metros desde el balcón del tercer piso, y puso la canción “La vamos a tumbar”, del Grupo Saboreo. Días después fue demolida.
Hoy, sentado en el que es el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Santiago cuenta que al morro lo han habitado familias desde hace más de 40 años. Comenzó cuando, en 1977, la Alcaldía ubicó allí el “botadero municipal”, que generó que miles de personas desplazadas por el conflicto armado o atraídas por el auge económico de Medellín se instalaran en el sector. Varias hicieron del reciclaje su medio de subsistencia económica, y cuando en 1984 se cerró el botadero, ya eran alrededor de 2.224 familias alojadas en una montaña de 10 hectáreas y 35 metros de altura, según el censo de 2004 “Proyecto de Intervención Integral de Moravia y su área de influencia”. Además, el morro es vecino de dos quebradas: la Bermejala y el Molino. Según Echeverri, ambas se pueden comunicar subterráneamente a través de fluidos, escorrentía y residuos sólidos (Lea también: Ya hay más de 4.700 vías ilegales en la Amazonía. ¿Cómo las frenamos?).
Ese censo terminó en la realización de 12 acuerdos para la recuperación ambiental de la montaña que, en últimas, concluyó que para la construcción de los Jardines Comunitarios era necesario “reasentar” a las familias que allí vivían, como la de Santiago.
La construcción de los Jardines Comunitarios inició en 2005, y tuvo como propósito la transformación paisajística y ambiental del morro, una zona en la que los habitantes estaban constantemente expuestos a altos niveles de contaminación por la gestión inadecuada de los residuos urbanos y la precaria red de gestión de agua.
Luego, en 2006, ese lugar se declaró sitio de calamidad pública. La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Laura Duarte, dijo que esto sucedió luego de que un estudio de la Alcaldía de Medellín y universidades de la ciudad encontraran que los niveles permitidos para gases tóxicos y lixiviados estaban por encima de parámetros normales. “Encontramos gases como cianuro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno, altamente tóxicos, por lo que declaramos una zona de alto riesgo sanitario, ambiental y geológico”.
Los estudios técnicos del DAGRD también determinaron que en este sitio hay amenazas de deslizamientos, movimientos en masa de los residuos sólidos, incendios subterráneos y presencia de grietas que generan inestabilidad y permiten la entrada de oxígeno a la masa de residuos. Eso, en últimas, aumenta la probabilidad de que ocurran incendios o explosiones.
Además, el Acuerdo 48 de 2014 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) afirmó a ese territorio como Zona de Alto Riesgo No Mitigable. Eso significa que allí no se permiten “actuaciones urbanísticas, otorgamiento de licencias de urbanización, construcción, reconocimiento de edificaciones, adecuaciones de espacio público o equipamientos, la prestación de servicios públicos normatizados, ni el desarrollo de escombreras”.
Luego de que comenzó el reasentamiento, en noviembre de 2021, la Alcaldía de Medellín intentó demoler 100 casas y reubicar a sus ocupantes en un plazo de ocho días. Pero el proceso fue resistido por la comunidad, quienes radicaron una tutela contra el desalojo y lograron suspender el procedimiento. En enero de 2022, el juzgado falló a favor de los habitantes y le dijo a la Alcaldía de Medellín que debía censar a quienes habitaban el morro. Se pidió también que quienes fueran desalojados se incluyeran en los diversos planes de vivienda de la Alcaldía de Medellín, “pero ellos por aquí no han vuelto. Nosotros sentimos mucho abandono”, cuenta Javier.
¿La situación actual es más crítica?
Uno de los mayores miedos que tiene Echeverri es que, con el reasentamiento y la construcción irregular, se destapen los componentes químicos que el morro posee. “Cuando se construyó el jardín se midió la estabilidad del suelo, porque no se puede olvidar que estamos hablando de una montaña de basura, activa, que genera gases tóxicos. Esa basura se ha ido descomponiendo y, por ejemplo, cuando llueve el riesgo es diferente. Si se consolida una ocupación en el cerro, podría ser inestable”, dice Echeverri (No se pierda: El 48 % de la deserción escolar en Colombia se da por conflictos y violencia).
Además, el punto más crítico de contaminación antes de 2013 era la cima, y aunque ahora la situación tal vez no sea igual, Echeverri afirma que no se tienen estudios o medidas que afirmen que exista seguridad.
El arquitecto también cuenta que el problema actual con los desechos es crítico. Eso mismo que él dice puede verse en los caminos del morro: latas, botellas, envolturas y otros residuos, abundan en el suelo. Javier cuenta que parte de la comunidad está organizada para hacer la recolección y separación de las basuras, pero que a otros les tiene sin cuidado. Además, según Echeverri, “el tratamiento de los vertimientos continúa siendo un problema de salud pública”.
Por ahora, quienes se encargan de cuidar el territorio, de protegerlo como si fuera su casa, son habitantes como Javier y Juliana, que continúan haciendo presencia en el morro y siguen sembrando vegetación en lugares como Jarum. De hecho, a medida que Javier camina, recolecta tapas y botellas de gaseosa vacías para después reciclarlas. “Este barrio es nuestro y nadie nos lo quita. Y si a nadie más le importa, a nosotros como comunidad sí. Aquí seguimos”, dice él.
*Nombres reservados por petición de las fuentes.
Por Luisa Fernanda Orozco
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