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Algunos prisioneros del país se resisten a salir de la cárcel. No quieren quedar libres porque creen que afuera, por sus antecedentes criminales, no les darán trabajo y les será más difícil estudiar y conseguir un sustento para ellos y sus familias.
Así lo afirmó el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), durante su visita a Medellín, donde asistió a la décima reunión de la Asociación Internacional de Jefes de Policía, en la que estuvieron funcionarios de 27 países. “Les damos las tres comidas, tienen luz y agua, (…) y les pagamos por trabajar. No se quieren ir, y debemos dejarlos en libertad”.
El general Ricaurte agregó que muchos de los 132 mil internos del país se benefician de los 504 proyectos desarrollados por medio de convenios con empresas, de las 125 carreras técnicas, tecnológicas y profesionales que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y que más de 1.500 tienen una formación académica profesional. “Esos internos que trabajan (…) tienen un salario mínimo legal vigente y otros tienen hasta dos salarios (y) muchos mantienen a sus familias”, dijo.
Por ello, el Inpec ha enviado unas 30 mil solicitudes para que jueces dejen salir a internos que ya cumplieron su pena o las tres cuartas partes de la condena, que han sido redimidos o que tienen derecho a la casa por cárcel.
Del total de solicitudes, unas cinco mil corresponden a la región del Viejo Caldas y unas 12 mil a Antioquia. “Hemos encontrado un eco muy importante en los jueces”, dijo Ricaurte.
La negativa de algunos presos a quedar en libertad complica la situación en las cárceles, según Ricaurte, porque allí la población crece un 2,2% cada año. Es decir, 2.200 nuevos internos cada año.
La declaración molestó a organizaciones de familiares de internos de Antioquia. Carlos Contreras, director de la Corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, dice que lo expresado por el general “es una bofetada” a la realidad carcelaria del departamento. “Son unas afirmaciones que no reflejan la caótica situación en salud”.
Según el último informe de derechos humanos de la Personería de Medellín, las cárceles Bellavista y Pedregal carecen de programas, material, “personal e infraestructura necesarios, para ofrecer pleno acceso a los beneficios administrativos a todas las personas privadas de libertad que lo soliciten”. En 2011 murieron en Bellavista 10 presos por causas naturales, pese a que internos y familiares solicitaron el servicio médico.
Para la entidad, las pésimas condiciones de la cárcel —celdas pequeñas y servicios sanitarios en mal estado— “son una afrenta a la dignidad de la persona y, con frecuencia, equivalen a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. “Las condiciones de los internos no han cambiado”, dijo Rodrigo Ardila , personero de Medellín.
Debido a este panorama, el general Ricaurte, después de reunirse con funcionarios de la Alcaldía de Medellín y con el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, anunció la construcción de una cárcel en granjas y la destinación de $3 mil millones para mantenimiento de las cárceles y $500 millones para Bellavista, la cual tiene capacidad para 2.424 internos pero alberga, según cifras de 2011, más de 7 mil.