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Durante la Cumbre de las Américas, realizada recientemente en Cartagena, varios dirigentes sindicales intentaron desviar las miradas de los mandatarios asistentes, sobre todo de los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama, hacia una situación que —según ellos— están padeciendo los más de 4 mil trabajadores que desarrollan el proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena por medio de la empresa CB&I (Chicago Bridge & Iron).
Desde entonces, los trabajadores del proyecto de infraestructura empresarial más ambicioso que se lleva a cabo en la región Caribe —con una inversión de más de US$4 mil millones— han insistido en hacer visible lo que califican como “constantes violaciones a sus derechos humanos” y han llegado, incluso, a suspender por varias semanas sus actividades laborales.
El retraso al parecer injustificado en el proceso de reparación de la planta de cracking, sin embargo, ha sido lo que más ha llamado la atención de varios congresistas bolivarenses, sobre todo porque, a pesar del impacto económico que tiene la tardanza, las directivas de Reficar, la empresa encargada, no se han pronunciado al respecto, y porque, de acuerdo con el representante a la Cámara William García Tirado, esos trabajos, que antes eran realizados directamente por personal de Ecopetrol, “ahora son contratados por personal externo a un costo superior a los $12 mil millones”.
De acuerdo con el político, al margen de ser cuestionable que durante el último semestre la empresa haya tenido cinco gerentes encargados y ninguno en propiedad, “la tercerización realizada denota una total falta de planeación técnica, organizacional y de personal”.
Pero García tiene —al parecer— otras inquietudes más gruesas que quiere exponer en el Congreso, para lo cual la Comisión Quinta de la Cámara, a la cual pertenece, citó al ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas; al ministro del Trabajo, Rafael Pardo; al presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, y al presidente de Reficar, Orlando Cabrales.
Según el congresista, los socios de la empresa son todos entes estatales y, no obstante, funciona bajo el régimen del derecho privado.