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Continua la incertidumbre por la violencia en Landázuri, Santander. Una semana después de la masacre en la que perdieron la vida el profesor Álvaro Díaz Pineda, su esposa y sus dos hijos, algunos defensores de los derechos humanos del municipio denunciaron que han recibido amenazas. Por eso, nueve de ellos decidieron renunciar a sus cargos en las Juntas de Acción Comunal.
Así se dio a conocer a la opinión pública tras un comunicado que Asojuntas publicó, en el que hacen énfasis en situaciones de riesgo que viven los habitantes del municipio y que siguen poniendo en peligro a la comunidad.
“En una comunicación que hicimos con las autoridades en Landázuri conocimos estas denuncias y se realizará un trabajo de acompañamiento con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Hemos convocado a la Acnur y a la Unidad de Víctimas para hacer el respectivo acompañamiento en el territorio”, dijo el defensor del Pueblo del Magdalena Medio, Didier Rodríguez.
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Las autoridades del Magdalena Medio afirmaron recibir las denuncias por parte de algunos presidentes de las Juntas de Acción Comunal, mientras que ellos, a través de su comunicado, solicitaron la presencia del presidente Gustavo Petro en Landázuri, “al igual que las instituciones defensoras de los derechos humanos a nivel nacional e internacional para atender de manera colectiva la problemática de la región y evitar que hechos macabros se sigan registrando, como la doble masacre que involucra al profesor Álvaro Díaz, su familia y los cuatro presuntos homicidas”, señala el documento de Asojuntas.
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Por ahora, se dio a conocer que uno de los sospechosos de la masacre fue capturado. Se trató de Wuilian Alfonso Trejos, alias “Mi Negro”, quien aceptó cargos por homicidio agravado, hurto calificado, incendio, daño en bien ajeno, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.