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Todos los grupos armados ilegales siguieron sembrando violencia en 2010 en Colombia, dijo el lunes la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial anual, aunque destacó el lenguaje más severo del nuevo gobierno al respecto, que aún debe traducirse en hechos.
"El conflicto armado colombiano ha seguido generando graves violaciones por parte de los grupos armados ilegales, incluyendo la guerrilla y los grupos herederos de (las milicias) paramilitares", declaró esta ONG internacional de defensa de los derechos humanos.
Según HRW, decenas de miles de civiles han sido una vez más desplazados por la violencia, mientras "defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios, sindicalistas, indígenas y afrocolombianos" han sido blanco de "ataques y amenazas".
El gobierno de Alvaro Uribe, que terminó en agosto de 2010, "ha sido marcado por escándalos de ejecuciones extrajudiciales por el ejército, un proceso de desmovilización de paramilitares muy controvertido y el espionaje de defensores de derechos humanos, periodistas, oponentes y jueces de la Corte Suprema", indicó el informe.
El sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, promovió normas para reparar a los desplazados y a la víctimas de agentes del Estado, y denunció las amenazas contra los defensores, "pero aún queda por ver si su posición se traduce en hechos concretos, dada la permanencia de graves abusos", dijo HRW.
Según esta ONG, las guerrillas, "especialmente las FARC" (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, marxistas) han seguido matando, amenazando, desplazando por la fuerza a civiles y reclutando a menores.
De su lado, los herederos de las milicias paramilitares, oficialmente desmovilizadas entre 2003 y 2006, han cometido "extensas violaciones" de los derechos humanos.
Además, el proceso Justicia y Paz, que buscaba la verdad sobre estas milicias a cambio de amnistías parciales, solo ha resultado, hasta noviembre, en dos condenas, frente a las 2.300 víctimas según cifras oficiales.
HRW indicó que las amenazas contra sindicalistas "han aumentado desde 2007", y solo 14% de los crímenes cometidos en su contra desde 1986 resultaron en condenas.
Además, consideró que "el Departamento de Estado (norteamericano) no ha hecho respetar de manera consistente" la exigencia de cumplimiento de reglas de derechos humanos a las que está sujeta el 30% de la ayuda militar estadounidense a Colombia.
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