Justicia, punto por cumplir

El pasado 13 de septiembre, cuando se instaló la Comisión Interinstitucional de Reforma a la Justicia —integrada por los presidentes de las altas cortes, del Congreso de la República y miembros del Ejecutivo—, el presidente Juan Manuel Santos tenía el firme propósito, como lo prometió en campaña, de que al fin se consensuara una buena reforma que ayudara a corregir las dificultades que se presentan en la administración de la misma, hacerla más pronta, oportuna, cumplida y eficaz. En medio de su optimismo, era consciente también de que se trataba de un asunto tan sensible que su presentación podría posponerse hasta el segundo período de la legislatura.

Las cuentas del mandatario se quedaron cortas. El propio ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, le reconoció a El Espectador que por la difícil concertación ni siquiera marzo será la fecha, como se había anunciado, y todo indica que el esperado proyecto de reforma integral a la rama se aplazará hasta julio. En lo corrido de su gobierno, Santos ha logrado el restablecimiento de las relaciones con los vecinos, el trámite de una ambiciosa agenda legislativa y mantener la coalición de la llamada Unidad Nacional.

Pero la justicia, que se había perfilado como una de las prioridades de su mandato, amenaza ahora convertirse en promesa incumplida. Los analistas son claros en que tradicionalmente el primer año de gobierno es el mejor momento para que los presidentes logren sacar adelante sus propósitos, porque de ahí en adelante todo es más complejo.

Para el ex vicefiscal Francisco José Sintura, la razón para el atraso en el proyecto de la reforma a la justicia es que no existe un acuerdo entre el Gobierno y las cortes acerca de cuáles son los temas fundamentales: “Cada uno tiene sus prioridades. Mientras unos están pensando en la reforma del sistema de elección del fiscal, otros en presupuesto. Se requiere que las altas cortes y el Ministerio del Interior y de Justicia se reúnan con una agenda, pero un problema adicional es que muchos magistrados se la pasan de viaje y eso contribuye a que no se pueda revisar el tema con detenimiento y agilidad. El hecho de no tener una agenda o cronograma para concertar es lo que hace que ni haya proyecto ni haya reforma”.

Además de que cada protagonista tenga sus propios puntos de vista, el problema —según la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria Borrero— es que las prioridades generales del país también han cambiado: “Lamentablemente no ha salido ni siquiera el Ministerio de Justicia y el que tenemos hoy es uno dedicado a la emergencia invernal y la agenda legislativa. En cuanto a la justicia, por la vacancia judicial acaban de entrar los magistrados y ya cambian a sus presidentes, entonces sí creo que no se alcance a tener el proyecto de aquí a marzo, qué tristeza”.

Tras defender a ultranza la necesidad de una reforma al sector, el ex magistrado y ex miembro de la Comisión de Notables del gobierno Uribe para adelantar también dicha reforma, José Alejandro Bonivento, también lamentó que el proyecto no esté en marzo, porque considera que hay mucho documento de trabajo hecho. Sin embargo, aclaró que no se trata de una tarea fácil: “No sólo es redactar la reforma por expertos, sino que el Congreso lo acoja y haya concertación. Hay mucho tema por cambiar, como el de la tutela, que hay que mantenerla pero se deben hacer ajustes para que los funcionarios judiciales de inferior rango observen la decisión de los superiores y haya coherencia en las decisiones”.

De otro lado, están los que no creen que sea necesaria una reforma constitucional a la justicia. Por ejemplo, el ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra cree que en este momento no tiene relevancia trascendental y que primero se debe poner en funcionamiento el Ministerio de Justicia para implementar la actuación pronta y cumplida de los juzgados.

Según Beltrán, “el Congreso podría aprobar mayor presupuesto a la rama y el Consejo de la Judicatura podría pensar en un mayor presupuesto para crear más instituciones de justicia. La reforma administrativa que prevé la Fiscalía es de mucha utilidad para que el ciudadano del común sienta la presencia del Estado y que efectivamente se combate la impunidad. La reforma podría ser implementada sin perjuicio de que posteriormente se piense en una adecuación constitucional”.

Y el mismo presidente del Colegio de Abogados, Jaime Horta, confesó que no cree mucho en las reformas a la justicia y sentenció: “Todos los gobiernos la han hecho. Lo que necesitamos es una justicia operativa”.