‘Reforma a la justicia iría en julio’

El Gobierno arrancó el año hundiéndole el acelerador a la agenda legislativa y el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, tendrá otra vez la misión de impulsarla. El Congreso fue citado a sesiones extraordinarias a partir del 7 de febrero con una apuesta ambiciosa: sacar adelante ocho proyectos claves y algunos, incluso, controversiales. Paradójicamente, este escenario significa una piedra en la rueda para el avance de la reforma integral a la justicia que había anunciado el mismo Gobierno, debe ser presentada en marzo y sobre la cual pesa también la dificultad de llegar a consensos con las altas cortes.

En diálogo con El Espectador y saliéndose de la atención a la emergencia invernal —en lo que ha estado concentrado todo el gabinete en las últimas semanas—, Vargas Lleras habla de los problemas que afronta dicha reforma y del tema electoral de cara a los comicios locales y regionales de octubre, advirtiendo sobre la necesidad de una nueva reforma política de fondo que, de una vez por todas, acabe con los problemas que son recurrentes siempre que hay cita en las urnas.

¿Qué expectativa tiene frente al panorama en el Congreso en este 2011?

Una agenda numerosa y variada de iniciativas debe iniciar su trámite y otras que ya fueron aprobadas en una o en otra cámara deben culminarlo. Aprovechando que este año es forzoso citar a sesiones extras para discutir el Plan de Desarrollo, se incluyeron varios proyectos para que sean estudiados en este período con el propósito de avanzar y descongestionar las comisiones primeras.

¿Al fin qué proyectos van a las extras?

El Plan de Desarrollo; las iniciativas de seguridad ciudadana, de pequeñas causas o delitos menores, el Código de Policía o de convivencia —que tuvo mensaje de urgencia en diciembre—, el estatuto anticorrupción y la ley de ordenamiento territorial. La ley de víctimas y restitución de tierras, aprobada ya en Cámara, se incluyó también en la convocatoria, así como los macroproyectos de vivienda.

¿Y qué queda para las sesiones ordinarias que se inician en marzo?

Estamos preparando el estatuto arbitral; el proyecto que crea la unidad técnica de defensa judicial de la Nación; una reglamentación al tema de consultas previas y el código único de procedimiento civil, comercial y laboral. Le menciono sólo algunos de los temas de este ministerio, pero el conjunto de propuestos es bastante más amplio. En marzo también inician su trámite en segunda vuelta cuatro actos legislativos: la reforma a las regalías, la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, la iniciativa que acaba con las inhabilidades de los congresistas para votar reformas constitucionales y la de sostenibilidad fiscal.

Con una agenda tan congestionada, no se le ve espacio para la reforma a la justicia, ¿qué va a pasar con ella?

Estamos evaluando si se presenta en marzo o no. Hay razones que nos asisten: son cuatro actos legislativos que deben terminar su segunda vuelta. Todas las iniciativas que he señalado, a excepción del Plan de Desarrollo, deben tramitarse en comisiones primeras y el tercer argumento es que está en trámite el acto legislativo que elimina los impedimentos para votar reformas constitucionales. Si hoy presentáramos la reforma a la justicia, más de 100 congresistas se declararían impedidos, lo cual hace casi imposible su discusión. No obstante, la Comisión Interinstitucional designada se está reuniendo lunes y jueves, y si el presidente Santos toma la decisión de adelantar su trámite, el acto legislativo estará listo el 15 de marzo.

Y si no, ¿cuál es la opción?

Presentarla en julio. No olvide que este período de sesiones es bien corto —tres meses no más— y como ya le mencioné, las comisiones constitucionales están atiborradas de trabajo. Pero además, en un asunto tan complejo y polémico el Gobierno no quiere atropellar al Congreso ni a la Rama Judicial. Lo que sí es conveniente y razonable es avanzar en los temas de acceso a la justicia y descongestión, que no requieren de reformas constitucionales.

¿Y mientras tanto cómo afrontar lo de la congestión?

Para eso llevaremos al Congreso el estatuto arbitral; el código único de procedimiento civil, comercial y laboral; probablemente la creación de la jurisdicción ejecutiva y todos aquellos asuntos que no requieren de reforma a la Constitución. En igual forma se están evaluando acciones administrativas que se pueden poner en marcha sin reformas legales.

¿Pero hay presupuesto para respaldar estas nuevas iniciativas?

Sí, pero no desconozco que en los años siguientes hay que replantear totalmente los montos de asignación presupuestal al sector justicia. Los requerimientos del Consejo Superior de la Judicatura, más el faltante que reportan la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, superaban el billón 800 mil millones de pesos adicionales al presupuesto asignado. En el Congreso yo respaldé estas solicitudes cuando se discutió el presupuesto, pero también reconozco que el marco fiscal del momento y la grave ola invernal impidieron por este año avanzar de manera importante como todos hubiéramos querido.

Mucho se ha rumorado que cuando se cree de nuevo el Ministerio de Justicia usted se irá para allá, ¿es cierto?

En las sesiones extras también se incluyó el proyecto mediante el cual se autoriza al Gobierno para la creación de los ministerios de Justicia, de Vivienda y de Trabajo. A esta iniciativa no le resta sino un debate en plenaria de Senado, de manera que muy probablemente en marzo se tendrán ya esas facultades aprobadas. A partir de ahí el Gobierno dispondrá de seis meses para articular los nuevos ministerios y ponerlos en marcha. En su momento el presidente Santos tomará una decisión sobre la persona que ocupará ese ministerio.

¿Pero a usted, en lo personal, le gustaría ir al Minjusticia?

Gran honor ser designado en ese cargo. Profesionalmente sin duda, pero yo estoy muy contento en mi actual responsabilidad. No olvide que actualmente soy también Ministro de Justicia. Por eso no me anticipe la salida y tampoco me enemiste con varios candidatos que veo anhelan esa posición.

Dicen que quiere pasar a la historia como el que sacó adelante la reforma a la justicia…

No lo ponga en esos términos. El propósito es acertar, dotar al país de instrumentos que faciliten el acceso a la justicia, garantizar que los procesos sean ágiles, que los conflictos se resuelvan en tiempos razonables. Y, con estos propósitos, en compañía de muy destacados juristas venimos trabajando desde hace mucho tiempo. El Presidente, que ha participado de estas deliberaciones, comparte en términos generales su espíritu. Pero no ha sido fácil concertar con las cortes el contenido de la reforma, aún hay mucha disparidad de criterios en aspectos como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la reglamentación del tema de la tutela y otros asuntos.

¿El Gobierno insiste en acabar el Consejo de la Judicatura?

Así es, pero como le digo, no hay consenso con las cortes.

Hablemos de lo electoral. Es claro que las elecciones regionales presentan riesgos por una posible mayor injerencia de factores ilegales. ¿Cómo blindarlas ante esa amenaza?

Para eso se expidió la reforma política, para minimizar esos factores de riesgo. Con ella se instauró un régimen sancionatorio estricto para los partidos y sus directivas en cualquier relación que comprometa actividades de tipo ilegal o de vínculos con organizaciones ilegales. Adicionalmente se tomaron previsiones en materia de transparencia electoral.

¿El Gobierno tiene detectadas las zonas de mayor riesgo?

Desde el año pasado se adelanta por parte de la Corporación Nuevo Arco Iris la exploración de campo para determinar el mapa de riesgos de aquellos municipios donde aún puedan subsistir circunstancias que comprometan factores de ilegalidad en el proceso electoral.

¿Cuándo se va a conocer ese mapa?

Alrededor de julio y nos va a permitir concentrar la atención en aquellos puntos que aún presenten vulnerabilidad.

Hoy hay en el país ocho gobernadores sancionados, ¿cómo hacer para que después de cada elección no se presente esa lluvia de demandas y de investigaciones?

Hay que reformar la legislación para superar todas esas controversias que surgen sobre el período, sobre la sustitución de aquellas personas suspendidas o destituidas y sobre la convocatoria a nuevas elecciones. Tenemos que ser más prácticos y claros. Un buen ejemplo son los casos del departamento del Valle o lo que ocurrió en Guaviare o lo que está sucediendo en el Magdalena.

¿Una reforma en qué sentido?

Me refiero a hechos de diferente naturaleza. Por ejemplo, en mi criterio no debería proceder que una decisión en firme del Procurador sea entutelada por un juez de menores en Yopal, y me refiero al caso del Casanare. O lo que sucedió en el Magdalena, que estando pendiente de resolver una tutela en el Tribunal Superior del departamento, un juez municipal se anticipe a fallar.

¿Sería acaso a través de una nueva reforma política?

Soy partidario de ir a una reforma política más de fondo y de hecho eso fue lo que acordamos en la mesa de unidad nacional. Para ese propósito, a partir del 7 de febrero nos reuniremos nuevamente a fin de evaluar los criterios con que se avanzaría en la misma, buscando que no sólo involucre estos aspectos, sino también el tema de listas sin voto preferente y otros aspectos. Quiero además anunciar que en marzo se llevará al Congreso el estatuto de la oposición, haya o no concertación en torno a él.

¿Se cansó el Gobierno de dialogar con la oposición?

Avanzamos, particularmente con el Polo Democrático, pero aún nos separa un punto de discrepancia: la financiación de los partidos que se declaran en oposición. Pero ya sea que logremos acordarlo o no, el Gobierno presentará el proyecto.

¿Es cierto que usted le ofreció total fidelidad al presidente Santos y que si él buscaba una reelección lo apoyaría?

Yo soy su ministro del Interior y no tengo sino buenas relaciones y motivos de agradecimiento con el Presidente, y como miembro de este gobierno le debo lealtad y compromiso con el éxito de su gestión. Pero usted ya me está metiendo en la hondura de la política, que para mí está prohibida en el desempeño de estas funciones. Me encantaría hablarle de este y de muchos otros temas, veo a diario que la política agitadamente se mueve, pero estoy vedado para hacerlo.

Ley de víctimas, conservadores y estupefacientes

¿Cómo hacer para que las diferencias en proyectos como la ley de víctimas no frenen la agenda, como se vio el semestre pasado?

Tuvo sus trabas, es normal. Estamos frente a un Congreso beligerante, donde muchos sectores tienen opiniones propias. Pero para eso es la mesa de la unidad y el debate congresional, para concertar posiciones sin perder los principios orientadores de los proyectos. En el caso de víctimas se ha logrado ya un consenso que lideró el propio presidente Santos.

¿Cómo quedaron sus relaciones con los conservadores?

Nunca he tenido diferencias con el Partido Conservador. Se presentaron en particular con un senador, pero esa circunstancia —que ya se superó— no es extensiva al Partido.

¿En qué va el escándalo de corrupción en Estupefacientes?

Nosotros solicitamos que las autoridades de control y vigilancia asumieran la competencia de la investigación, precisamente para que el debate no se politice. Estamos a la espera de que la Fiscalía, la Dijín, la Procuraduría y la Contraloría entreguen los informes a fin de judicializar los hechos a que haya lugar y tomar las medidas disciplinarias cuando sea del caso.