Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Desde que un mensaje amenazante llega a las manos de un líder social, comienza un espectro de caminos bifurcados sin una aparente salida concreta. Al menos para quienes intentan salvar su vida. Un largo sendero burocrático, repleto de bucles, remisiones infinitas, y soluciones a medias, parecen ser las únicas opciones de un líder en riesgo de ser asesinado. Al final, la mayoría de las veces, el final del sendero se traduce en la materialización de las amenazas. La última de ellas, tiene a una líder social de la localidad de Ciudad Bolívar entre la vida y la muerte, luego de recibir dos impactos de bala el domingo pasado.
Mientras el fatídico día llega, los líderes se dedican a tocar puertas institucionales que, usualmente, derivan en una orden de la Fiscalía a la Unidad Nacional de Protección, para que se les asigne un esquema de seguridad. Sin embargo, este último peldaño es en donde la ruta para salvar vidas se enquista.
Dadas sus intrínsecas limitaciones presupuestales, la UPN alcanza a cobijar tan solo a 9.000 personas que tienen asignado un dispositivo de seguridad que consiste en vehículos blindados y escoltas. Para cubrir a los restantes, los cuales se traducen en cerca de 145.000 peticiones, la entidad suele adoptar medidas, como la repartición de botones de pánico, chalecos antibalas, y otro tipo de acciones preventivas, de acuerdo con el perfil de riesgo de cada solicitante. Aun cuando todos los casos puedan requerir de una protección con escolta y vehículo, para la UNP sería imposible asignar esquemas de seguridad elevados a todos. Según el director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, Ricardo Arias, en el país hay cerca de 5 millones de personas que podrían ser sujetas de protección.
Al estrellarse con el muro de limitaciones en las entidades que deberían protegerlos, a los líderes de Bogotá no les queda otro remedio que regresar a sus casas y confiar en que la medida de protección asignada, sea cual sea, resulte eficaz para proteger sus vidas. O, por lo menos, para disuadir a sus persecutores.
El celular de Germán Murillo Vargas, presidente de la Red de Líderes Sociales de Bogotá, casi nunca está inactivo. A diario, Murillo recibe alrededor de 30 llamadas de sus compañeros, a través de las cuales se entera de un nuevo panfleto, mensaje de texto, o gesto intimidatorio. Como puede, Murillo intenta estar pendiente de todos y brindarles el mayor soporte posible, gracias a la información y a la red de líderes y lideresas que tejió por medio de las redes sociales y a otros medios de comunicación masiva. El problema, dice él, es que las autoridades que deben protegerlos no los cubren de la forma en la que ellos esperan. Eso no impide, que Murillo reconozca el esfuerzo que hacen los patrulleros vinculados a los cuadrantes de la ciudad, ya que, dice él, a menudo mezclan su labor de vigilancia con visitas a las casas de los líderes amenazados.
Gabriel Pinzón*, líder social de la localidad de Usme que se encuentra en proceso para obtener protección, asegura sentirse como una “pelota” que ya rebotó por toda la línea de atención a líderes y lideresas bajo amenaza. “He ido a la Policía, a la Fiscalía, a organizaciones defensoras de derechos humanos y a la Alcaldía, pero siempre me mandan de un lado a otro. Estoy a la espera de recibir una orden la Fiscalía para que la UNP me asigne un esquema de protección”.
Sin embargo, la petición de Pinzón puede ser una hoja más en el cúmulo de solicitudes, que al igual que los panfletos amenazantes que llegan a las casas de los líderes, se acumulan en la puerta de la UNP a la espera de ser resueltas. Mientras ocurre, el líder comunitario cambia constantemente sus horarios de desplazamiento y se mantiene informado con su celular sobre cualquier movimiento sospechoso en el barrio. Hace tres meses que se encuentra amenazado por individuos que, aseguran, pertenecer al Tren de Aragua. El motivo, como en la mayoría de los casos, dimanó de las denuncias e iniciativas que el líder adelantó en el territorio para alejar las extorsiones de las que son víctimas los establecimientos comerciales.
Ausencia de una política pública clara
La ruta de atención que debe cruzar un líder social amenazado varía del ente territorial en el que se encuentre. Los departamentos y ciudades capitales, como Bogotá, han tenido que elaborar sus propios protocolos de atención para atender a sus líderes, ante la ausencia de una política pública nacional destinada a la resolución de este problema. Si bien, el pasado Gobierno Nacional dejó un Compes para abordar este tema, listo para firmar y ejecutar, el nuevo gobierno tomó la decisión de revertirlo y elaborar otro que, hasta el momento, se encuentra en periodo de concertación. Sin embargo, dice Ricardo Arias, este “no es el común denominador, por el contrario, los entes territoriales que tienen sus rutas de atención a líderes sociales son minoría, en comparación con los que sí la tienen”.
Para el caso de Bogotá, el Distrito tiene implementada una ruta de atención encabezada por la Secretaría de Gobierno, en la cual se brinda un servicio de acompañamiento a lideresas y líderes sociales que puedan estar en situación de riesgo y de posible vulneración de sus derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad personal. Esta atención consta de orientación jurídica y psicosocial; remisión a entidades competentes y otorgamiento de medidas transitorias como apoyo económico para arrendamiento, transporte y alimentación.
De acuerdo con cifras de la cartera, en lo corrido de 2024, la ruta distrital ha efectuado 480 atenciones a líderes sociales que notificaron amenazas en su contra. De ese total, 275 son los seguimientos que la secretaría hace de los casos que ya se encuentran enrutados en la línea de atención; 87 orientaciones a personas que, más sin embargo, no completaron el ingreso a la ruta; 46 atenciones en las que, a pesar de no poder contactar a la víctima de amenazas, se le hizo una remisión a otra entidad competente; 40 nuevos hechos en los que personas que ya habían pasado por la ruta vuelven por nuevas amenazas; 32 nuevos ingreso de líderes amedrentados.
En paralelo al sector Gobierno, la Personería Distrital activó 8 rutas para la protección de defensores de Derechos Humanos y 35 rutas por convivencia (no forman parte de las 16 poblaciones objeto de protección —no líderes—, por lo que se activa la ruta únicamente oficiando a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana) para proteger su integridad. Adicionalmente, se efectuaron 6 rutas para colectivos (Fecode, Sintral, etc.) y 9 traslados por competencia.
Pese a estos esfuerzos de ciudades como Bogotá o el departamento de Antioquia, no existe un antídoto claro para resolver el desolador panorama de los líderes sociales, tanto en entornos urbanos, como rurales. “Desde la Personería hicimos un llamado al anterior Gobierno, y ahora a este, para que se tomen acciones de política púbica que estén dirigidas a este sector. Incluso la propia Corte Constitucional, en diciembre del año pasado, exhortó a la Nación a elaborar las políticas públicas necesarias para la protección de los derechos e integridad de los líderes sociales”, sentenció Arias.
Entornos seguros
En medio de las limitaciones de las iniciativas territoriales, y lo estrecho de los recursos para proteger a los líderes, la Defensoría del Pueblo propone la implementación de entornos seguros, con el fin de brindar una protección colectiva a los amenazados, en contra vía del típico enfoque de protección individual. “Existe una confusión sobre lo que realmente es la protección colectiva. Algunos piensan que son las guardias indígenas o cimarronas, pero no lo son, ya que estas no son más que iniciativas que las comunidades implementaron para protegerse de los grupos armados. Tampoco se trata de repartir lanchas, o recursos, aunque esto sea un acierto” y agrega que “los entornos seguros son acciones de seguridad humana que van más allá de los métodos secretarios convencionales”, concluye Arias.
Acciones como la de implementar centros de formación deportiva, mejorar escuelas, y propiciar actividades que distraigan e inhiban a los jóvenes de pertenecer a grupos armados, consolidan un entorno seguro en el que no necesariamente se respira seguridad por la presencia de fuerza pública. Para lograr esto, es imperativo que entidades distintas al Ministerio del Interior, o la propia UNP, se involucren en la situación.
Mientras esto no ocurra, y el abordaje de seguridad para los líderes solo consista en medidas aisladas, los índices de asesinatos, tanto en Bogotá como en el país, no harán más que variar y alcanzar picos históricos cada tanto. Por ahora, el primero paso es concentrar los recursos disponibles para atender a la población. El conflicto armado ya no es un compendio de relatos exclusivos de lo rural. Entre calles citadinas, y barrios periféricos de las grandes urbes, se tejen hilos de violencia que, pese a estar desapercibidos, continúan siendo una cruenta e innegable realidad.
*Gabriel Pinzón es un nombre ficticio que se le dio a la fuente para reservar su identidad.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Conoce más