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El gobierno de Donald Trump ha desarrollado una serie de opciones para una posible acción militar en Venezuela, que incluyen ataques directos a las unidades militares que protegen al presidente Nicolás Maduro y medidas para tomar el control de los campos petroleros del país, según varios funcionarios estadounidenses.
El presidente Trump aún no ha tomado una decisión sobre cómo proceder, o incluso si hacerlo. Los funcionarios dijeron que no quería aprobar operaciones que pudieran poner en peligro a los soldados estadounidenses o que pudieran desembocar en un fracaso embarazoso. Sin embargo, muchos de sus principales asesores están presionando a favor de una de las opciones más agresivas: expulsar a Maduro del poder.
Los asesores de Trump han pedido al Departamento de Justicia directrices adicionales que puedan proporcionar una base legal para cualquier acción militar más allá de la actual campaña de atacar barcos que el gobierno asegura, sin pruebas, que trafican con narcóticos. Dichas directrices podrían incluir un fundamento jurídico para atacar a Maduro sin necesidad de una autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar, y mucho menos una declaración de guerra.
Aunque las directrices aún están siendo redactadas, algunos funcionarios del gobierno esperan que estas argumenten que Maduro y sus altos cargos de seguridad son figuras centrales del Cartel de los Soles, que el gobierno de Estados Unidos ha designado como grupo narcoterrorista. Se espera que el Departamento de Justicia diga que esa designación convierte a Maduro en un objetivo legítimo, a pesar de las antiguas prohibiciones legales estadounidenses sobre el asesinato de líderes nacionales.
El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Pero el intento de justificar un ataque a Maduro constituiría otro esfuerzo del gobierno para ampliar sus facultades legales. Ya ha llevado a cabo asesinatos selectivos de presuntos narcotraficantes a quienes, hasta septiembre, se perseguía y detenía en el mar en lugar de matarlos mediante ataques con drones. Cualquier intento de destituir a Maduro sometería al gobierno a un mayor escrutinio sobre cualquier fundamento jurídico que ofrezca, dada la vaga mezcla de razones que ha ofrecido hasta ahora para enfrentar a Maduro. Entre ellas se encuentran el narcotráfico, la necesidad de acceso estadounidense al petróleo y las afirmaciones de Trump de que el gobierno venezolano liberó prisioneros en Estados Unidos.
Trump ha emitido una serie de mensajes públicos contradictorios sobre sus intenciones y los objetivos y la justificación de cualquier acción militar futura. En semanas recientes ha dicho que los ataques contra lanchas rápidas en el Caribe y el Pacífico oriental, que han causado la muerte de al menos 65 personas, se ampliarían para incluir ataques terrestres. Pero eso aún no ha ocurrido.
El domingo, cuando CBS News le preguntó si Estados Unidos se dirigía a una guerra con Venezuela, Trump dijo: “Lo dudo. No lo creo, pero nos han estado tratando muy mal, no solo en materia de drogas”. Repitió su acusación sin fundamento de que Maduro abrió sus prisiones e instituciones mentales y envió a miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos, una acusación que Trump ha estado haciendo desde su campaña por la presidencia el año pasado.
Cuando se le preguntó si los días de Maduro como presidente de Venezuela estaban contados, añadió: “Creo que sí”.
El apoyo a las opciones más agresivas proviene del secretario de Estado, Marco Rubio, quien también es asesor de seguridad nacional en funciones, y de Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete y asesor de seguridad nacional de Trump. Según varios funcionarios estadounidenses, ellos han dicho en privado que creen que hay que forzar la salida de Maduro.
Según sus ayudantes, Trump ha expresado repetidamente sus reservas, en parte por el temor a que la operación pueda fracasar. Él no tiene prisa por tomar una decisión, y ha preguntado repetidamente sobre lo que Estados Unidos podría obtener a cambio, enfocándose específicamente en extraer parte del valor del petróleo de Venezuela para Estados Unidos.
“El presidente Trump ha sido claro en su mensaje a Maduro: deja de enviar drogas y criminales a nuestro país”, dijo en un comunicado Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca. “El presidente ha dejado claro que seguirá golpeando a los narcoterroristas que trafican con narcóticos ilícitos; cualquier otra cosa es especulación, y debe tratarse como tal”.
Lo más probable es que Trump no se vea obligado a tomar una decisión al menos hasta que el Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y nuevo de Estados Unidos, llegue al Caribe en algún momento a mediados de este mes. El Ford transporta a alrededor de 5000 marineros y cuenta con más de 75 aviones de ataque, vigilancia y apoyo, incluidos cazas F/A-18.
Desde finales de agosto se ha producido un aumento constante del número de soldados estadounidenses en la región. Incluso antes de la llegada del portaaviones, ya hay unos 10.000 militares estadounidenses en el Caribe, aproximadamente la mitad en buques de guerra y la otra mitad en bases de Puerto Rico.
En semanas recientes, el Pentágono también ha enviado bombarderos B-52 y B-1 desde bases de Luisiana y Texas para realizar misiones frente a la costa de Venezuela, en lo que los oficiales militares denominan una demostración de fuerza. Los B-52 pueden transportar decenas de bombas guiadas de precisión, y los B-1 pueden llevar hasta 34.000 kilos de municiones guiadas y no guiadas, la mayor carga útil no nuclear de cualquier avión del arsenal de la Fuerza Aérea.
Y el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército, que ejecutó extensas operaciones antiterroristas con helicópteros en Afganistán, Irak y Siria, realizó recientemente lo que el Pentágono dijo que eran ejercicios de entrenamiento frente a la costa venezolana.
La concentración militar ha sido tan rápida, y tan pública, que parece formar parte de una campaña de presión psicológica a Maduro. De hecho, Trump ha hablado abiertamente sobre su decisión de emitir un finding, o hallazgo presidencial, que permita a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela; el tipo de operación que los presidentes casi nunca discuten por adelantado.
Si Trump decide ordenar la acción dentro de Venezuela, supondría un riesgo militar, legal y político considerable. A pesar de todos los riesgos que asumió Trump al autorizar el bombardeo estadounidense de tres instalaciones nucleares en Irán en junio, esto no tuvo que ver con algún esfuerzo para derrocar o sustituir al gobierno iraní.
Si Trump sigue ese camino, no hay ninguna certeza de que tendría éxito ni de que pudiera garantizar que surgiera un nuevo gobierno más afín a Estados Unidos. Sus ayudantes dicen que se ha planificado mucho más el golpe al gobierno de Maduro que lo que se necesitaría para gobernar Venezuela en caso de que la operación resultara exitosa.
Y algunos de los partidarios políticos más leales de Trump han advertido contra el ataque a Maduro, recordando al presidente que él fue elegido para poner fin a “guerras eternas”, no para comenzar otras nuevas.
Un plan militar en tres partes
La autorización de Trump para que la CIA opere dentro de las fronteras de Venezuela podría permitir a la agencia llevar a cabo una serie de actividades, desde operaciones de información hasta la creación de una oposición a Maduro o el sabotaje activo de su gobierno; incluso la captura del propio dirigente. Sin embargo, los funcionarios de seguridad nacional afirman que si ese tipo de operaciones realmente pudieran sacar a Maduro del poder, desde hace años ya no estaría ahí. Es por eso que la Casa Blanca está contemplando la posibilidad de hacer una acción militar, y las propuestas sobre la mesa son de tres tipos.
La primera opción implicaría hacer ataques aéreos contra instalaciones militares, algunas de las cuales podrían estar relacionadas con la facilitación del narcotráfico, con el objetivo de desmantelar el apoyo militar venezolano a Maduro. Si Maduro creyera que ya no está protegido, podría intentar huir o, al desplazarse por el país, hacerse más vulnerable a la captura, según dicen los funcionarios. Los críticos de este enfoque advierten que podría tener el efecto contrario: reunir apoyo en torno al líder asediado.
Un segundo enfoque concibe que Estados Unidos envíe fuerzas de Operaciones Especiales, como la Fuerza Delta del Ejército o el Equipo 6 SEAL de la Armada, para intentar capturar o matar a Maduro. Con esta opción, el gobierno de Trump trataría de eludir las prohibiciones de asesinar a dirigentes extranjeros argumentando que Maduro es, ante todo, el jefe de una banda narcoterrorista, una extensión de los argumentos utilizados para justificar los ataques aéreos estadounidenses contra barcos que, según el gobierno, trafican con drogas.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la detención o condena de Maduro, un incremento a los 25 millones ofrecidos en los últimos días del gobierno de Biden. El gobierno de Trump podría argumentar también que, dado que Maduro reprimió a la oposición y manipuló las elecciones, él no es el líder legítimo del país. El gobierno de Biden se negó a reconocerlo como presidente de Venezuela después de que declarara la victoria el año pasado.
Una tercera opción implica un plan mucho más complicado que consiste en enviar fuerzas antiterroristas estadounidenses para tomar el control de aeródromos y al menos algunos de los campos petroleros e infraestructuras de Venezuela.
Estas dos últimas opciones conllevan riesgos mucho mayores para los comandos estadounidenses sobre el terreno —por no hablar de los civiles—, especialmente si tuvieran como objetivo a Maduro en un entorno urbano como Caracas, la capital del país.
Trump se ha mostrado renuente a considerar ataques que puedan poner en riesgo a los soldados estadounidenses. Por ello, muchos de los planes en desarrollo emplean drones navales y armas de largo alcance, opciones que podrían resultar más viables una vez que el Ford y otros buques estén en posición.
Un dilema petrolero para Trump
Trump está profundamente concentrado en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo. Pero cómo manejarlas —si cortar las exportaciones a Estados Unidos o mantenerlas con la esperanza de conservar una posición en caso de que Maduro sea destituido— es un problema que ha molestado a los funcionarios del gobierno durante los últimos 10 meses.
Incluso cuando Trump duplicó la recompensa por Maduro y lo llamó narcoterrorista, canceló, y luego renovó, una licencia para que Chevron, una petrolera estadounidense que es un pilar de la economía de Venezuela, siguiera operando allí.
La licencia existente de Chevron fue anulada en marzo bajo la presión de Rubio, y durante el verano las exportaciones venezolanas a Estados Unidos se desplomaron. Pero una nueva licencia —cuyos detalles se han mantenido confidenciales— aparentemente impide que la empresa envíe divisas al sistema bancario de Venezuela. Aun así, las exportaciones de petróleo de Chevron están proporcionando un apoyo real a la economía de Maduro.
Chevron es un sobreviviente poco común; a la mayoría de las empresas petroleras estadounidenses que operan en el país se les confiscaron sus activos o se transfirieron a empresas estatales hace años. La empresa es una de las pocas que han sabido cómo lidiar tanto con Trump como con Maduro, quien declaró: “Chevron tiene 102 años en Venezuela, y yo quiero que tenga 100 años más”. La empresa contrató como cabildero en Washington a un importante recaudador de fondos para Trump.
En meses recientes, Maduro ha hecho un esfuerzo desesperado por ofrecer concesiones petroleras a Trump, incluida una participación dominante en el petróleo y otras riquezas minerales de Venezuela. Planteó la posibilidad de abrir los proyectos petroleros y de oro existentes y futuros a empresas estadounidenses, que recibirían contratos preferentes. Y dijo que reorientaría las exportaciones que ahora se dirigen a China y limitaría los contratos mineros con empresas chinas, iraníes y rusas.
Pero Trump rechazó la oferta a principios de octubre, y la escalada militar estadounidense se aceleró.
Si el gobierno de Maduro cayera y fuera sustituido por un liderazgo estable abierto a mejorar las relaciones con Estados Unidos, Chevron estaría mejor posicionada para lo que el gobierno de Trump cree que sería un boom de las inversiones en las enormes reservas de petróleo del país. Es un tema que fascina a Trump, como le fascinó cuando instó a la toma de los yacimientos petroleros de Siria, cuyas reservas son una fracción muy pequeña de las de Venezuela.
La empresa mantiene la calma.
“Creemos que nuestra presencia sigue siendo una fuerza estabilizadora para la economía local, la región y la seguridad energética de Estados Unidos”, dijo Bill Turenne, vocero de Chevron.
En busca de una justificación jurídica
Mientras los colaboradores de Trump presionan para que se adopte la opción militar más agresiva, los abogados del Departamento de Justicia están trabajando para elaborar un análisis jurídico que justifique toda la gama de opciones militares que se están desarrollando.
Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que quieren un análisis jurídico actualizado antes de tomar medidas adicionales, y los abogados del gobierno dijeron al Congreso la semana pasada que el presidente no necesitaba su aprobación para sus ataques militares letales contra barcos.
T. Elliot Gaiser, que dirige la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento, dijo al Congreso que el gobierno no creía que la operación de ataque a las embarcaciones llegara al tipo de “hostilidades” contempladas en una ley de 1973 denominada Resolución de Poderes de Guerra que no permite que el presidente lleve a cabo operaciones militares durante más de 60 días sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, legisladores de ambos partidos han expresado preocupación por los ataques y han exigido más información al gobierno.
Quizá el paralelismo reciente más cercano a una justificación legal para matar a un jefe de Estado sea un dictamen jurídico elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica durante el primer mandato de Trump. En él se concluía que el presidente tenía autoridad para llevar a cabo un ataque con misiles para matar al general de división Qasem Soleimani.
El general Soleimani era el principal comandante de inteligencia y seguridad de Irán cuando fue asesinado por un ataque estadounidense con drones en 2020, y Trump desde hace tiempo considera ese asesinato como uno de los éxitos más destacados de su primer mandato.
En aquel caso, la Oficina de Asesoría Jurídica llegó a la conclusión de que el ataque con drones podía llevarse a cabo porque el general Suleimani estaba “desarrollando activamente planes para nuevos ataques contra personal militar y diplomáticos estadounidenses”, según un memorando muy censurado que se hizo público tras el ataque.
“Los líderes militares que organizan y supervisan ataques contra personas e intereses estadounidenses pueden ser objetivos militares legítimos”, decía el memorando, que añadía que el ataque tenía por objeto “evitar bajas civiles o daños colaterales sustanciales” y no pretendía “imponer por medios militares un cambio en el carácter de un régimen político”.
El memorando concluía que “dado el alcance selectivo de la misión, la inteligencia disponible y los esfuerzos por evitar una escalada”, un ataque con drones contra él “no alcanzaría el nivel de una guerra a efectos constitucionales”.
Julian E. Barnes y Charlie Savage colaboraron con reportería.
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