Victoria del Estado… de derecho

Esa incapacidad permitió que el conflicto armado se degradara hasta niveles en que casi toda la sociedad quedó manchada de sangre, legitimando la violencia. El acuerdo con las Farc en materia de justicia permite que el Estado por fin someta a todos los actores de la violencia política, y con ello alcance, no el triunfo del aparato militar del Estado, que dejaría muchos delitos en la impunidad, sino la victoria del Estado en su conjunto, del Estado de derecho. Esto puede llegar a representar nada menos que la relegitimación del Estado colombiano. Adicionalmente, los acuerdos en materia política y de tierras le ofrecen la posibilidad al Estado de introducir reformas en otros dos aspectos que le restan legitimidad: el clientelismo del sistema político y el atraso del campo.

El de detención carcelaria o restricción efectiva de libertad es un falso dilema, porque lo que garantiza el imperio de la ley nacional e internacional es el juzgamiento de criminales. Otra cosa es que, tratándose de crímenes políticos, sea posible aplicar una justicia transicional para proteger el derecho a la paz de todos los ciudadanos. El mérito del modelo jurídico diseñado en La Habana es que permite el conocimiento de la verdad y, con ello, que el Estado de derecho retome el control por vía de incentivos poderosos para que quienes hayan cometido delitos en el marco del conflicto los confiesen. Esos incentivos son fundamentales porque durante 50 años el Estado no ha sido capaz de hacer justicia.

La sociedad colombiana tenía dos opciones para manejar el tema de la justicia en el proceso de paz de La Habana. El expresidente César Gaviria alertó a tiempo sobre la posibilidad de que no combatientes tuvieran que comparecer ante la justicia, incluyendo militares y empresarios. Pero quienes insistieron en la bandera política de “paz sin impunidad” para oponerse al proceso de paz, permitieron que la guerrilla repitiera lo mismo, e hicieron inevitable un esquema exigente para enjuiciar todos los delitos cometidos. Sin embargo, quien no haya cometido delitos no tiene por qué sentirse igualado con la guerrilla. Y si cometió delitos, se verá beneficiado por la paz.

La sociedad colombiana no ha dimensionado la debilidad del Estado para evitar la comisión de delitos desde o con participación de entidades o funcionarios estatales. El problema viene desde la época de la Violencia, que fue instigada desde el Gobierno, y que por no haberse juzgado avanzó hacia la infiltración del crimen organizado. Aun Pablo Escobar encontró más fácil cometer magnicidios como el de Luis Carlos Galán, haciendo uso de entes estatales como el DAS. Ni hablar del caso de las Auc.

Las consecuencias de conocer los horrores del conflicto interno en todas sus dimensiones será perturbador para la sociedad colombiana, pero puede ser la manera de generar una reflexión más objetiva y menos apasionada de la historia, que le permita enfrentar su miedo al populismo de izquierda por vías más efectivas que la guerra.