El Procurador en el caso Gómez

Sin embargo, en el episodio específico del caso Gómez Hurtado, el primer peldaño hacia la verdad requiere la despolitización del tema. Si bien el crimen ocurrió en el clímax del escándalo del proceso 8.000 y las versiones encontradas apuntan a que sus móviles estuvieron atados al río revuelto de intereses que se tejieron alrededor de la presencia o la renuncia del presidente Ernesto Samper, ese enconado entorno, que para bien o mal marcó la etapa investigativa del expediente, no puede dominar los escenarios del presente. Ya no se trata de dirimir entre samperistas y antisamperistas, se busca que la justicia llegue al fondo del caso.

Hasta hace pocos meses, el expediente Gómez Hurtado era un penoso capítulo cerrado, con absolución en dos instancias de un coronel de inteligencia militar y un grupo de civiles que trabajaba en tareas similares con el Ejército. Pero súbitamente, desde la Procuraduría General de la Nación surgió el interés de revivir esa y otras investigaciones de magnicidios no aclarados, sin apelar mucho a los avances y retrocesos de la justicia en otros momentos, y más bien reconfigurándolos a partir de nuevos testimonios, versiones y pesquisas. Entre ellas, la publicitada confesión del jefe paramilitar Carlos Castaño al periodista Mauricio Aranguren en 2001.

En la búsqueda de caminos nuevos, surgió la opción de escuchar el testimonio del narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien semanas antes de su extradición a Estados Unidos en 2007, sugirió conocer las verdades ocultas del caso Gómez Hurtado. Desde entonces, su versión, divulgada en los medios de comunicación a retazos, da de qué hablar porque su ventilador señala a personajes públicos a diestra y siniestra. Creíble o no, es apenas un abrebocas, pues ya se anuncia que el narcotraficante Víctor Patiño Fómeque también va a sumarse a la reconstrucción del expediente. La verdad en manos de dos extraditados.

Conociendo sus antecedentes como manipuladores de la justicia, El Espectador quiso escarbar en el expediente que a nada condujo para buscar explicaciones. Y fortuitamente se encontró al ex magistrado en Bucaramanga y hoy procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, como contertulio de más uno de los declarantes claves del caso Gómez Hurtado. Surgen así interrogantes: ¿Tiene Ordóñez suficiente independencia para impulsar la reapertura de un caso que conoció estrechamente en una de sus facetas? ¿No debería hacerse al margen y más bien explicar por qué en su momento estuvo tan interesado en el suceso?

Las verdades del asesinato de Gómez Hurtado, así como las de otros magnicidios políticos de los años 80 y 90, son esenciales para entender una época crucial de nuestra historia. Pero casi con el enfoque de la comisión de la verdad que ha reclamado con insistencia la Corte Suprema de Justicia, se requiere de una sociedad vigilante e incluso actuante frente a lo que determinen fiscales, procuradores y jueces en su tarea de esclarecer los nexos perdidos. De cierta manera eso fue lo que faltó hace 15 o más años y permitió la impunidad. Si ha de llegar la justicia, que regrese plena y desprovista de sesgos, protagonismos o tardíos intereses.