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Un nuevo hecho de violencia enlutó este martes al sistema judicial en el país. A las 8:10 de la mañana, en el municipio de Saravena (Arauca), un sicario asesinó a la jueza penal especializada Gloria Constanza Rangel Gaona. La funcionaria tenía entre sus casos el juicio contra el teniente del Ejército acusado de asesinar en octubre del año pasado a tres niños, en la vereda Caño Tembladores, de Tame (Arauca).
A la funcionaria, quien regresaba de pasar el puente festivo en Boyacá, la atacaron cuando descendía de un vehículo de la empresa de transporte Cootransaraucana. Ragel Gaona, quien alcanzó a denunciar el supuesto intento de dilatar el proceso por parte de la defensa del teniente Raúl Muñoz (involucrado en el triple crimen), también juzgaba a miembros de las Farc y del Eln por homicidio, rebelión, concierto para delinquir y terrorismo.
El crimen hizo que el presidente Juan Manuel Santos se comunicara con la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, y el director de la Policía, general Óscar Naranjo, quienes acordaron la conformación de una comisión investigadora de alto nivel integrada por el director de la Dijín, general Ramiro Mena, y la directora del CTI, Carmen González, quienes ayer mismo se trasladaron a Arauca para conocer las minucias del caso. Además, se anunció la entrega de $500 millones por información que lleve a la captura de los responsables.
Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón condenó la muerte de la jueza y manifestó: “Es un hecho que golpea a la justicia colombiana, a las instituciones del Estado y a la sociedad. Hoy tenemos la obligación de decirle a la sociedad quiénes fueron los criminales que cometieron este horrible asesinato”. Seguidamente, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, solicitó que el proceso de los menores asesinados fuera trasladado a otra región del país para que el juicio pudiera darse en condiciones seguras para los funcionarios judiciales.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo también ha recibido denuncias por parte de la Organización Humanidad Vigente sobre posibles interrogatorios ilegales que se están llevando a cabo a nombre de la institución por personas escoltadas por militares.
El defensor Vólmar Pérez envió a la defensora regional de Arauca para que estuviera al tanto de la situación e indicó que se busca establecer la supuesta presencia en la zona de los uniformados que controlaban el sector en el momento en que se dieron los interrogatorios.
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