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Además de solucionar los problemas del agua, las obras de movilidad y la inseguridad, la administración deberá ocuparse de reglamentar el marco normativo pendiente del POT. La anterior administración, casi que en el último suspiro de su gobierno, logró reglamentar 38 decretos de los 100 que necesita el POT 555 de 2021 para funcionar a plenitud. Esta tarea todavía sigue pendiente, y le corresponderá al gabinete de Galán finiquitarla durante los próximos tres años y medio de gobierno.
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Al comienzo de la alcaldía de Galán, había dudas sobre la actitud que tendría su gobierno respecto al POT de su predecesora. Aunque la vigencia de la norma se extiende hasta 2028, el nuevo inquilino del Liévano disponía de otros instrumentos para realizar intervenciones en la norma a través de revisiones al POT y posteriores modificaciones en las que, en todo caso, necesitaría del beneplácito del Concejo.
Aunque algunos concejales sugirieron que se activara el marco normativo para modificar la norma, en medio del álgido debate por ALO norte y la Ciudadela del Cuidado, el alcalde ha sido más bien mesurado a la hora de develar sus pretenciones. Poco antes de que la plenaria del cabildo aprobada la inclusión de la ALO en el Plan Distrital de Desarrollo, el alcalde apenas informó de posibles “correcciones” al 555, sobre todo en lo referente a cargas urbanísticas y áreas de suelo destinadas para la construcción de vivienda. Respecto a las normas comunes, el objetivo es el de actualizar el anexo 5 del POT. Aquí el alcalde enfatizó en que se hará un balance del impacto de las cargas urbanísticas para asegurar el cierre financiero de los proyectos de vivienda.
Bajo esta misma línea, la alcaldía anunció que, a través de la Secretaría de Hábitat, promoverá la implementación del ‘Ecourbanismo’ a través de incentivos para todas las escalas habitacionales. Aunque la habilitación de las 1.800 ha favorecerá a los planes parciales de desarrollo, la idea del alcalde es la de promover proyectos de renovación urbana.
Finalmente, está el tema más engorroso del POT, dada su trascendencia y magnitud en el modelo de ciudad que pretende materializar la norma 555. Las actuaciones estratégicas, como instrumento de reorganización y revitalización de la ciudad. En su momento, Galán dijo que estudiarían el alcance de las actuaciones estratégicas para ver cómo podían avanzar en su implementación y reglamentación. Sin embargo, con el Plan de Desarrollo que promovió su grupo político en el Concejo y él mismo, desde el gabinete, se tocó la AE de la Ciudadela del Cuidado y de la Educación. Si bien, para expertos jurídicos como Enrique Gómez Pinzón, el Plan no modifica el POT, sino que contempla una forma distinta de abordar la AE de la Ciudadela, por tanto, que el contenido de la norma urbana, de hecho, incluye la construcción de la ALO norte.
De manera similar, la administración de Galán ha caminado por el mismo sendero argumental, aclarando que, tanto la ciudadela, como la ALO, son compatibles. De ahí, que parte del equipamiento social y del cuidado que contempla la AE, se construya en otro tipo de terrenos que sobren o que no hayan estado destinados originalmente para la construcción del tramo norte de la avenida. Evidentemente, una interpretación tan fina de la norma, siempre estará sujeta de demandas e intentos legales para tumbarla. Durante el último debate de control político sobre la reglamentación del POT, que encabezó el concejal Juan Daniel Oviedo, se habló de un posible reparo que el Consejo de Estado tendría sobre el parágrafo del Plan Distrital de Desarrollo que revivió la ALO.
A la espera de la reglamentación
Mientras esto ocurre, durante el debate en el Recinto de los Comuneros, Oviedo resaltó que, ante la ausencia de la reglamentación de los componentes faltantes del POT, hay 7.505 hectáreas de suelo congeladas. Esta porción considerable de suelo, no puede ser urbanizada más allá del parámetro de construcción 1.1 mientras no exista la norma que lo regula.
Evidentemente, bajo este modesto índice de desarrollo, no resulta viable para ningún constructor el adelantar proyectos inmobiliarios en dichas hectáreas. Esto, en palabras del concejal Oviedo, impide la reactivación económica de la ciudad vía construcción, un motor económico que se encuentra funcionando a media marcha, y con amenaza de fundirse.
Pero regresando al tema de la reglamentación, no es la primera vez que el concejo advierte sobre las demoras y la finalización del marco normativo del POT. Sin la culminación de esta labor, la norma no obtiene todo el alcance necesario para planificar la ciudad y, por ende, se transforma en un POT de papel. La exconcejal y hoy directora del DADEP Lucía Bastidas, “fue de las primeras en referirse a la demora, cuando aún ocupaba su curul como cabildante de la Alianza Verde. De las actuaciones estratégicas deben sacar 25, pero solo hay directrices. La única clara es Lagos de Torca, porque ya venía desde el gobierno de Enrique Peñalosa”, dijo en su momento Bastidas.
Otros temas polémicos, según Bastidas, son: la calle 72, que está relacionado con la segunda línea del metro; Chapinero Verde Inteligente, relacionado con Transmilenio por la carrera séptima y la primera línea del metro, y ZIBO, que es del Distrito de Innovación de Corferias.
“Todos tienen problemas, porque la comunidad dice que los van a expropiar”, agrega. La concejal destaca que “si algo advertíamos del POT que dio Claudia, además de sacarlo de afán, es que iba a congelar suelo, porque no se puede hacer nada hasta tener las actuaciones estratégicas, y esas están crudas”. Hoy, la única actuación estratégica que ha logrado avanzar en su proceso ha sido la del Distrito Aeroportuario, la cual, sin embargo, se encuentra enfrascada entre los temores de los moradores de la zona a intervenir, y su potencial económico para apalancar financieramente la ciudad.
Después del debate de control político, surgió la duda sobre la forma en la que esta nueva administración completará la reglamentación del POT. ¿Lo harán a través de la Comisión Intersectorial del Suelo, que creó el nuevo Plan Distrital de Desarrollo?; ¿se efectuarán cambios visibles en la naturaleza de la norma mientras se reglamenta? ¿Hasta qué punto se revisarán las cargas urbanas y en donde estará el nuevo suelo urbanizable y para usos económicos?; ¿hasta qué punto los vacíos normativos afectarán las AE? De momento, la respuesta a estas preguntas, queda única y exclusivamente en manos de quienes dirigirán la ciudad los próximos tres años y medio.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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